A pesar de que siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezados por Norma Piña intentaron instaurarse como un suprapoder, el “plan D” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo –que sería llevado a cabo por el gobierno federal en caso de que se hubieran invalidado los cambios a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación– no incluía la posibilidad de llevar a juicio político a los ministros.

Durante su conferencia matutina, la representante del Ejecutivo federal explicó que tanto los ministros de la SCJN como sus adversarios querían poner a la presidenta en una situación de desacato frente a una resolución de la Corte, por ello pensó en un “plan D” que incluía reponer todo el proceso de la reforma judicial.

Y es que el plan consistía en “volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales: la primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro [Luis María] Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre”. Agregó que la segunda modificación hubiera sido quitarles los haberes de retiro.

Para la primera mandataria, de este modo también se habría evitado “caer en una confrontación porque eso es lo que ellos querían”. Añadió que “por fortuna no fue necesario, porque también era un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer, como ellos querían, mantenernos seis años en el supuesto desacato”.