El proyecto Regrow, una iniciativa de 150 millones de dólares financiada por el Banco Mundial para ampliar el Parque Nacional de Ruaha, dejó a muchos agricultores y pastores sin sus tierras. A pesar de que fue cancelado, el daño a las comunidades originarias ya está hecho

Mbarali, Tanzania. El silencio se ha apoderado del distrito de Mbarali, en el este de Tanzania, pero no es el silencio de la paz, sino el silencio de la incertidumbre tras el fin de un proyecto que ya dañó sus vidas.

Hace apenas unos meses, las onduladas llanuras del distrito se vieron asoladas por el miedo cuando los guardabosques, respaldados por el gobierno y vestidos con uniformes verde oliva, deambulaban por las aldeas; confiscaban ganado; prendían fuego a las casas, y obligaban a comunidades enteras a vivir al borde de la supervivencia.

El proyecto Regrow, una iniciativa de 150 millones de dólares financiada por el Banco Mundial para ampliar el Parque Nacional de Ruaha (Runapa por sus siglas en inglés), había prometido el crecimiento del turismo y la conservación del medioambiente.

Lo que se consiguió en el camino fue una brutal campaña de apropiación de tierras autorizada por el Estado con el pretexto de proteger la naturaleza.

Entonces, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el Banco Mundial dio por terminado el proyecto en enero de 2025 tras un intenso escrutinio por parte de los organismos de vigilancia de los derechos humanos y las Naciones Unidas.

Sobre el papel, fue una victoria para los miles de agricultores y pastores, cuyas tierras estaban amenazadas. Sin embargo, para muchos, el daño ya estaba hecho.

Una victoria vacía de significado

“Lo perdimos todo”, dijo Daudi Mkwama, un cultivador de arroz que vio impotente cómo los guardabosques confiscaron su ganado y demolieron su almacén. “Nos dijeron que estábamos invadiendo tierras que nuestros antepasados habían cultivado durante generaciones”.

Mbarali es el distrito famoso por ser el mayor cultivador de arroz de este país de África oriental. El proyecto Regrow pretendía duplicar el tamaño del Parque Nacional de Ruaha, al reclamar astas extensiones de tierras de cultivo y pastoreo en el proceso.

Las aldeas y pueblos que habían convivido con la naturaleza durante siglos se vieron de repente etiquetadas como amenazas para la conservación. Para hacer cumplir las nuevas restricciones, el gobierno, respaldado por fondos internacionales, desplegó guardabosques armados de la Autoridad de Parques Nacionales de Tanzania (Tanapa por sus siglas en inglés).

Al menos 28 aldeas del distrito de Mbarali se vieron afectadas, donde en conjunto viven más de 84 mil personas. Se prohibió a los agricultores acceder a sus arrozales y otros campos de cultivo, y a los pastores llevar a pastar a su ganado.

Los que se resistieron a las actuaciones de Tanapa se enfrentaron a una represión brutal. Surgieron informes de palizas, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales, lo que provocó una investigación del Panel de Inspección del Banco Mundial.

“Un día vinieron y se llevaron mis vacas, dijeron que estaba pastando en una zona protegida”, indicó Juma Mseto, un pastor del pueblo masái. “Les rogamos que nos dejaran ir. Se limitaron a reírse y a mandarnos al infierno”.

La política de la tierra y el poder

El modelo de conservación de Tanzania lleva mucho tiempo empañado por la controversia. A pesar de su reputación como refugio de vida silvestre, las zonas protegidas del país han tenido históricamente un alto coste humano.

El desalojo de comunidades indígenas ha sido un patrón recurrente, desde Ngorongoro hasta Loliondo, y ahora Mbarali.

El proyecto Regrow fue promocionado como un paso necesario para proteger el patrimonio natural de Tanzania e impulsar su industria turística, un sector que contribuye con casi con 17 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, de aproximadamente 80 millones de dólares. Sin embargo, los críticos sostienen que fue otro caso en el que la conservación se utilizó como arma contra las comunidades marginadas.

“No se trataba de proteger la naturaleza”, señaló Onesmo Ole Ngurumwa, el coordinador nacional de la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Tanzania (THRDC por sus siglas en inglés).

Para el activista, “se trataba de ampliar el control estatal sobre la tierra, beneficiarse del turismo y marginar a las personas que han vivido en armonía con estos ecosistemas durante generaciones”.

La participación del Banco Mundial no hizo más que agravar la controversia. Cuando salieron a la luz pruebas de desalojos forzosos y abusos de los derechos humanos, la institución hizo la vista gorda en un principio.

Sin embargo, la creciente presión de grupos de defensa como el estadunidense Instituto Oakland, junto con la intervención de nueve relatores especiales de las Naciones Unidas, obligaron a la entidad multilateral a actuar.

En abril de 2024, se suspendió la financiación. Siete meses después, se desechó todo el proyecto.

La vida después de la cancelación

A pesar de la decisión, los aldeanos dicen que el sufrimiento está lejos de terminar. Muchos de los que perdieron sus hogares y sus medios de vida no han recibido ninguna compensación. Las escuelas siguen cerradas, el acceso al agua es escaso y las balizas del gobierno siguen marcando las tierras que, en su día, se les dijo que desalojaran.

“Seguimos viviendo con miedo”, comentó Halima Mtemba, madre de cuatro hijos. “Dicen que el proyecto ha terminado, pero ¿nos devolverán nuestro ganado? ¿Arreglarán nuestras escuelas? ¿Nos devolverán lo que nos robaron?”

Los líderes locales piden la retirada de los mojones que delimitan el parque y el reconocimiento oficial de los derechos sobre las tierras ancestrales. También, exigen la restitución del ganado, las cosechas y las viviendas perdidas.

Un patrón más amplio de desplazamiento

La batalla por Mbarali no es un incidente aislado. En Tanzania, los proyectos de conservación siguen desplazando a las comunidades con el pretexto de la protección del medioambiente.

En el norteño distrito de Ngorongoro, miles de masáis han sido expulsados para dar paso a una zona de conservación, donde se han instalado empresas turísticas de élite.

En Loliondo, en el oriental distrito de Arusha, los desalojos violentos han convertido vastas tierras de pastoreo masái en concesiones de caza privadas.

“El gobierno lo ha dejado claro: valora a los animales por encima de las personas”, puntualizó Maneno Kwayu, un líder pastoralista de Mbarali. “No estamos en contra de la conservación. Estamos en contra de que nos traten como intrusos en nuestra propia tierra ancestral”.

Las políticas de conservación de Tanzania tienen sus raíces en marcos de la época colonial que daban prioridad al turismo de vida silvestre sobre los derechos de los indígenas a la tierra. Décadas después, persisten los mismos patrones, a menudo con el respaldo de instituciones financieras mundiales.

¿Qué viene después?

Con el proyecto Regrow ya muerto, la atención se centra ahora en las reparaciones. Los grupos de derechos humanos están presionando para que una comisión independiente supervise la compensación y garantice que las comunidades afectadas reciban justicia. Sin embargo, hay poca confianza en el sistema.

“Puede que el Banco Mundial se haya retirado; pero el gobierno, no”, dijo Ole Ngurumwa, el defensor de derechos humanos. “Hasta que no haya verdaderas protecciones legales para estas comunidades, volverá a producirse otro proyecto como éste”.

Por ahora, la gente de Mbarali sigue viviendo en el limbo celebrando una victoria que llegó demasiado tarde, en una batalla que los campesinos y pastores creen que nunca deberían haber tenido que librar.

Kizito Makoye/Inter Press Service (IPS)*

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