La nueva reforma electoral y de financiación de partidos –impulsada por el Poder Ejecutivo–, requiere de mucho diálogo; sin embargo también demanda la unidad y consenso legislativo de los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), indicó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Luego de que la semana pasada la primera mandataria Claudia Sheinbaum Prado decretó la conformación de una comisión presidencial enfocada en la creación del proyecto de decreto de la reforma electoral, que será presidida por Pablo Gómez –extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)–, Noroña aseguró que la iniciativa requerirá de “mucho diálogo”, acercamiento, unidad y consenso de la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión para aprobar que sea aprobada, “porque hay temas de fuerte debate en torno a esta reforma”.
“Ya nos tocará al Poder Legislativo recibir la iniciativa y discutirla. Haremos nuestros propios foros, haremos nuestras propias valoraciones. Veamos qué propone el Ejecutivo y, con base en ello, se discutirá. Pero es evidente que sin unidad no hay reforma constitucional. Y lo que no habrá, aunque a muchos les gustaría, es una escisión”, señaló.
Al ser consultado sobre una futura confrontación política contra la jefa del Ejecutivo federal, debido a la controversia de la reforma electoral, que elimina la figura de legisladores plurinominales, Noroña descartó que pudiera presentarse. Sin embargo, reconoció que la discusión será rica e importante entre actores políticos y sociales. “Nunca ha habido [un choque], pero apoyamos a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.
En este sentido, pidió no adelantar vísperas, porque se trata temas de “gran calado”. Y es que con el decreto del Ejecutivo Federal se creó la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tiene por objetivos convocar al pueblo mexicano a expresarse sobre la iniciativa, además de realizar estudios, llevar a cabo análisis y constituir grupos de trabajo. Ello, con el fin de llevar a cabo la modificación de cómo está constituida la representación popular, ya que aún existe opacidad en la designación de puestos plurinominales por parte de los grupos parlamentarios.
De acuerdo con la Presidencia, la reforma electoral propone reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos, y eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo que podría generar ahorros superiores a los 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030.
De igual manera, propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), en sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 organismos públicos autónomos (OPLE). Además de que se plantea reducir el número de consejeros electorales, de 11 a nueve integrantes, y el periodo de su encargo que pasaría de nueve a seis años sin posibilidad de reelección.
Igualmente, propone eliminar 200 diputados y 64 senadores plurinominales, por lo que el Congreso de la Unión tendría 300 diputados y 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que representen, lo que garantiza arraigo territorial, legitimidad y rendición de cuentas. También, se eliminarían 459 diputados locales plurinominales, pues los congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales.
Mientras que, los estados con menos de 1 millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán incrementarse uno por cada 500 mil habitantes, hasta tener un máximo de 45 representantes legislativos. Además se propone reducir el número de regidores y concejales, ya que sólo habrá una sindicatura por cada ayuntamiento, y hasta nueve regidores y concejales, en función al número de habitantes del municipio o la alcaldía.
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