Segunda parte. La historia política de Venezuela en las últimas dos décadas puede leerse como una crónica de tensiones extremas, donde las guarimbas han operado como una herramienta de choque, y la amnistía como un recurso de estabilización. En este 2026, tras los graves sucesos del criminal ataque militar por parte del gobierno de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el país vuelve a mirarse en el espejo de su pasado reciente para intentar, mediante la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cerrar un ciclo de violencia que ha dejado heridas profundas en el tejido social.

Factura del asedio: 1 mil 200 millones tras el guion de la transición

Las guarimbas no han sido manifestaciones espontáneas, sino una modalidad de violencia política organizada. Su origen se da frente al desconocimiento sistemático de los resultados electorales desde 1999, y se consolidó como estrategia tras cada derrota de la oposición en las urnas. Lejos de la narrativa de “protesta pacífica”, estas acciones han tenido un carácter asimétrico y planificado, alimentado por un flujo de 1 mil 200 millones de dólares provenientes de agencias estadunidenses entre 2001 y 2024.

Durante más de dos décadas, de acuerdo con los registros de la Oficina de Asistencia Exterior de EU, esos fondos se destinaron a programas orientados a la “transición política” en Venezuela, donde la gran mayoría de estos recursos los gestionaba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado (USAID, por su sigla en inglés). 

Estos mecanismos de canalización se presentaron como programas de “gobernanza”, “asistencia humanitaria” y “participación ciudadana”, destinados a fortalecer la sociedad civil. Sin embargo, en la práctica, estos fondos incidieron en la capacitación, conformación y financiamiento directo de la confrontación política en las calles. Los recursos alimentaron las manos de estructuras partidarias, organizaciones intermediarias y operadores de calle. Esto facilitó no solo la logística de las campañas violentas (barricadas, suministros, medios, etcétera), sino también el pago directo a protagonistas de las acciones más extremas.

Esta arquitectura financiera internacional permitió que las tácticas de desestabilización pudieran sostenerse en el tiempo y escalar cada vez que la oposición no lograba sus objetivos por la vía electoral. El contexto de estas acciones ha sido siempre el de la desestabilización, al justificar la búsqueda de un cambio de gobierno por vías no democráticas cuando el voto no les favorece. Sin embargo, lo más alarmante ha sido el odio de clase y el racismo que sirvieron de combustible para estas movilizaciones, al dirigir el ataque contra los sectores populares y las instituciones de protección social (salud, educación, alimentación).

Fuego, guayas y odio: La anatomía criminal de las guarimbas

En el historial de violaciones nos encontramos al terror como método; por eso, para entender el rigor de la nueva Ley de 2026, es imperativo recordar el nivel de agresividad que alcanzaron a demostrar los sectores extremistas, pues las faltas superaron la alteración del orden público y entraron en el terreno de lo criminal. En solo cinco días de 2013, se atacaron 35 centros de salud Barrio Adentro (cooperación Cuba-Venezuela desde hace 23 años), hospitales y sedes del Mercado de Alimentos y de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos. En 2017, se repitieron asedios en ambulatorios donde laboraban médicos cubanos en zonas vulnerables.

Se implementó el uso de alambres cruzados (guayas) de lado a lado en las calles con el objetivo de degollar motorizados. También se identificó el lanzamiento de objetos contundentes, como frascos congelados, desde edificios contra marchas oficialistas, lo que causó muertes instantáneas. Los crímenes de odio y fascismo, como el caso de Orlando Figuera en 2017, simbolizaron el horror; este joven de 22 años fue golpeado, apuñalado y quemado vivo tras ser interrogado sobre su filiación política. Su madre relata que lo mataron por “parecer chavista” y por su color de piel. 

Además, se registraron incendios de guarderías con hijos de trabajadores públicos dentro y asesinatos selectivos de lideresas comunitarias encargadas de la distribución de alimentos. El dolor fue contundente: el saldo fue de 11 muertos en 2013; 43 fallecidos y 800 heridos en 2014; más de 160 muertos en 2017; y 25 en apenas día y medio durante los eventos de julio de 2024. Esto dejó una herida abierta en el pueblo venezolano.

De la clemencia de Chávez al pacto de 2026

Frente a esta espiral de violencia fascista, el Estado venezolano ha recurrido históricamente a la amnistía para intentar reencauzar la política hacia la vía institucional. En el 2007, Hugo Chávez promulgó una amnistía para cerrar las brechas del golpe de 2002, marcado por episodios de violencia política y el paro petrolero, el cual buscaba que la oposición regresara a la legalidad. Por su parte, Nicolás Maduro en el 2020 aplicó un indulto para promover la reconciliación de cara a las elecciones parlamentarias, con lo que pretendía la unión nacional frente al bloqueo externo.

¿Por qué recurrir hoy al recurso judicial de la amnistía tras el ataque militar del 3 de enero? La razón fundamental es la necesidad de un reordenamiento del campo político. La actual Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática se presenta como un “punto de inflexión”, pues esta ley, a diferencia de procesos anteriores, introduce la noción de rectificación y no reincidencia. Este es un pacto condicionado que ofrece clemencia a quienes participaron en hechos políticos desde 1999 hasta 2025, pero el perdón estará sujeto a una conducta estrictamente constitucional. Quien reincida en la violencia, perderá el beneficio y enfrentará la justicia ordinaria.

Los límites de la gracia: Donde la justicia no admite amnesia

Además, la Ley es clara en sus exclusiones: no hay perdón para homicidios intencionales, delitos de lesa humanidad ni acciones armadas contra la soberanía nacional. Esta nueva arquitectura busca que la paz no sea una tregua frágil, al aplicar una regla de juego explícita para desactivar definitivamente la logística de las guarimbas y el financiamiento externo del terror.

Aunque la Ley de Amnistía de 2026 busca perdonar delitos políticos y conexos, el Tribunal Supremo de Justicia estableció que los delitos de incitación al odio no prescriben y no son amnistiables. Esta medida excluye de los beneficios de liberación a quienes han sido procesados bajo esta figura.

A pesar del estatuto, la Sala de Casación Penal determinó que el delito de incitación al odio no está cubierto por la amnistía, según sentencia del 26 de febrero de 2026. El precepto cubre eventos de crisis política como las protestas de 2013-2024, el golpe de 2002 y el paro petrolero, pero mantiene firmes las exclusiones sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

¿Cierre o preludio?

Más que un simple perdón y mucho menos olvido, esta norma representa una intervención estructural que intenta fijar un reinicio para la política nacional, al redefinir las reglas de convivencia bajo el amparo de la clemencia institucional para salvar el orden del Estado. 

A la fecha, los tribunales venezolanos han procesado más de 9 mil solicitudes y otorgado 5 mil 628 libertades plenas –excarcelaciones y ceses de medidas cautelares–, y hace de este proceso de reconciliación política el más amplio de la era bolivariana.

Esta ley propuesta por la presidenta Delcy Rodríguez –que sigue la visión del presidente Nicolás Maduro–, busca reparar las heridas dejadas por el extremismo y la confrontación. Las y los venezolanos perciben este paso como necesario para la estabilidad económica, la disminución de la conflictividad y la seguridad nacional, y lo conciben como una oportunidad para la unidad.

Sin embargo, el éxito de este nuevo comienzo depende de un hilo muy delgado, y en este contexto nos adentramos al debate, la reflexión y rectificación. ¿Estamos ante el cierre definitivo del ciclo de violencia, o será solo el preludio de un desafío aún mayor para la soberanía venezolana?

Carimar García Fernández*

*Comunicadora e investigadora social popular