La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum reavivó el debate académico sobre el modelo institucional mexicano. Durante un seminario en la UNAM, especialistas –ligados a la derecha política– cuestionaron la propuesta de recortar el presupuesto al INE y los cambios en el sistema de representación proporcional, iniciativa que también fue rechazada en la Cámara de Diputados por el PRI, PAN, MC, PT y Verde. Varios profesores universitarios defendieron el diseño electoral vigente, sin cuestionar experiencias como los fraudes de 2006 y 2012
La reforma electoral presentada por la Presidencia de la República no surgió de una demanda ciudadana ni respondió a necesidades planteadas por la población, sino a las del propio gobierno, afirmó el politólogo José Woldenberg durante el seminario “La reforma político-electoral que México requiere”, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ello, a pesar de que las mediciones de las empresas Enkoll y De las Heras Demotecnia señalan que entre el 75 y 85 por ciento de los encuestados apoyaban la iniciativa.
El también exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral y miembro de la llamada “marea rosa” –frente ligado a la derecha política y al empresario Claudio X González Guajardo– consideró que las reformas electorales en México han estado históricamente vinculadas a procesos de negociación entre fuerzas políticas y a momentos de tensión institucional que obligaron a modificar las reglas del juego democrático.
En ese sentido, Woldenberg señaló que el debate actual se desarrolla en un contexto distinto en el que –a su juicio– no existe una crisis electoral que justifique una transformación profunda del sistema. Ello, a pesar de que el modelo vigente permitió los fraudes electorales de 2006 y 2012, así como la falta de fiscalización a esquemas corruptos, como los casos de los Amigos de Fox, el Pemexgate, Odebrecht, tarjetas Monex y Soriana.
La iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteaba reducir en 25 por ciento el costo total de las elecciones mediante recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos, los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales electorales; no obstante, el 11 de marzo fue rechazada en la Cámara de Diputados por las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y las mayorías del PT y el Verde.
Entre los cambios centrales se encontraba la modificación del sistema de representación proporcional en el Congreso. La propuesta planteaba eliminar las listas plurinominales definidas por las dirigencias partidistas, bajo el argumento de que los cargos legislativos deben estar vinculados directamente al voto ciudadano. En el caso del Senado, la iniciativa proponía reducir el número de legisladores de 128 a 96, mientras que para la Cámara de Diputados se mantendrían las 500 curules actuales, aunque con cambios en el método de asignación de las diputaciones de representación proporcional.
La propuesta también contemplaba reducir el financiamiento público de los partidos, disminuir los tiempos de propaganda electoral en radio y televisión y establecer reglas para identificar contenidos generados con inteligencia artificial durante las campañas.
Ante la negativa de los partidos aliados y opositores a acompañar esta reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en su conferencia matutina del 12 de marzo su llamado “Plan B”, que consiste –dijo– en disminuir los privilegios en Congresos locales y en municipios, al destinar un tope máximo de los recursos que se les destinan, así como fortalecer la consulta popular.
“Esencialmente, ‘Plan B’ [es]: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular. Nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio: a nosotros no se nos olvida de dónde vinimos. Pero, además, si algo ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados, que la austeridad republicana da resultados, que acabar con los privilegios da resultados. Entonces, vamos a avanzar, vamos a avanzar todos los partidos […]. Entonces, no se nos olvide cuál es el objetivo de la Transformación: erradicar el régimen de corrupción y privilegios. Y vamos avanzando. Hemos avanzado mucho y todavía nos falta”.
La jefa del Ejecutivo federal detalló que la iniciativa la enviará el 16 de marzo, y de aprobarse generará un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos. Este monto, agregó, se destinará directamente a los estados y municipios.
Falta de consenso político
En el seminario “La reforma político-electoral que México requiere” –realizado el 11 de marzo, día en que el dictamen fue desechado por la Cámara de Diputados–, los académicos reiteraron la falta de consenso político en torno a la reforma constitucional de la presidenta. José Woldenberg –también profesor de la FCPyS-UNAM– sostuvo que históricamente las reformas electorales mexicanas surgieron de procesos de negociación entre mayorías y minorías, lo que permitió construir gradualmente el modelo institucional vigente.
El jurista Rubén Lara Patrón señaló que la iniciativa difirió de los procesos de reforma anteriores. “Lo ordinario es que las reformas surjan de las minorías que se plantan frente a las mayorías y arrancan espacios para incidir en la vida política”.
En la misma línea, la académica Margarita Velázquez Rodríguez consideró que una reforma electoral de esta magnitud requeriría previamente un pacto político amplio entre las distintas fuerzas políticas del país. “La representación política debe reformarse a partir de un pacto político con todos los factores reales del poder”.
Recorte presupuestal y costo de la democracia
La propuesta de reducir en 25 por ciento el presupuesto del sistema electoral fue uno de los cuestionamientos más recurrentes durante el seminario. El especialista en temas electorales David Morales advirtió que una disminución de esa magnitud podría afectar el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar las elecciones. “La reducción del 25 por ciento a los organismos electorales no parte de la lógica de que están aumentando los procesos electorales y los mecanismos de democracia participativa”.
Morales sostuvo que el diseño institucional actual responde a un contexto histórico marcado por la desconfianza en los procesos electorales. “Lo que está saliendo caro no es la democracia, sino la desconfianza con la que se construyó el modelo electoral”.
Por su parte, la exconsejera electoral Margarita Elizondo Gasperín coincidió en que el financiamiento de las autoridades electorales ha sido un elemento central para garantizar su autonomía técnica. Según ella, “hubo la necesidad de garantizar mínimamente ese presupuesto en nuestras autoridades electorales para que pudieran ejercer sus funciones con amplitud técnica”.
Elizondo afirmó que el financiamiento del INE representa menos de medio punto porcentual del gasto federal. “El financiamiento anual del INE no llega al 0.5 por ciento del presupuesto de egresos de la Federación, y aun así ha construido la base biométrica más grande y confiable del país”. Nada dijo de los excesos y abusos del presupuesto en ese organismo autónomo, como el hecho de que la mayoría de los consejeros gana más que la presidenta Sheinbaum.
Representación política y sobrerrepresentación
Los cambios planteados al sistema de representación proporcional también generaron debate entre los académicos de la UNAM. La politóloga Irma Méndez de Hoyos advirtió que las reformas electorales siempre producen ganadores y perdedores dentro del sistema de partidos. “Las reformas electorales nunca son neutrales: siempre hay ganadores y perdedores”. Desde su perspectiva, el modelo de asignación de escaños que proponía la presidenta podría modificar el equilibrio entre partidos mayoritarios y minoritarios.
El jurista Diego Valadés, investigador en el IIJ-UNAM –y exministro de la Corte, pensionado de por vida a pesar de que sólo estuvo seis meses en el cargo–, afirmó que el problema es la sobrerrepresentación y subrepresentación legislativa. Según él, el valor del voto no siempre tiene el mismo peso en la traducción de votos a escaños. “No es un voto efectivo aquel en el que unos ciudadanos tienen un efecto de 1.3 y otros de 0.56”.
Valadés cuestionó el funcionamiento del sistema representativo mexicano. Como ejemplo, preguntó a los estudiantes presentes si conocían el nombre de sus diputados federales o locales; sólo unas cuantas personas levantaron la mano. “Esa es una crisis nacional del sistema representativo”.
Financiamiento de los partidos
El financiamiento político fue otro de los temas centrales del debate. David Morales propuso explorar un modelo distinto de financiamiento público basado en el reembolso de gastos de campaña comprobados: “El Estado podría reembolsar los gastos una vez comprobados”.
Por su parte, el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia planteó que el sistema actual debe revisarse para reducir la influencia del dinero privado en las campañas y fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de recursos. En contraste, José Woldenberg recordó que el financiamiento público fue introducido precisamente para limitar el peso del dinero privado en la política.
Independencia de las autoridades electorales
Otro de los puntos de preocupación fue la independencia institucional de las autoridades encargadas de resolver disputas electorales. El jurista José de Jesús Orozco Henríquez advirtió que la autonomía del Tribunal Electoral es fundamental para garantizar los derechos políticos.
“Sin independencia judicial no hay garantía jurisdiccional de los derechos humanos”. Desde su perspectiva, el debilitamiento de estas garantías institucionales podría afectar la protección efectiva de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Además de las discusiones generales, durante el seminario surgieron cuestionamientos específicos a algunos componentes de la reforma. La politóloga Jacqueline Peschard expresó reservas sobre la reducción de tiempos de propaganda electoral en radio y televisión, al considerar que estos espacios han permitido equilibrar la competencia entre partidos.
También cuestionó la eliminación de las listas plurinominales, mecanismo que, dijo, ha contribuido a garantizar la presencia de fuerzas políticas minoritarias en el Congreso.
Por su parte, la jurista María Guadalupe Ríos Ortega expresó dudas sobre la viabilidad técnica de varios componentes de la iniciativa. “No estamos preparados para que esta iniciativa se realice”, afirmó.
Ríos Ortega también cuestionó el alto costo del voto en el extranjero, al señalar que su impacto electoral ha sido limitado. “Cada voto en el extranjero está costando alrededor de 2 mil pesos, y al final no incide mucho en el resultado”.
Asimismo, advirtió que la implementación de mecanismos de fiscalización financiera en tiempo real podría enfrentar dificultades operativas por el acceso limitado a información bancaria de partidos y candidatos.
Reforma estructural del sistema político
Una de las intervenciones que introdujo una perspectiva distinta fue la del politólogo John M. Ackerman, quien sostuvo que el debate no debería limitarse al diseño técnico del sistema electoral.
El académico planteó que las democracias enfrentan nuevas presiones derivadas del poder creciente de las plataformas digitales y de las grandes corporaciones tecnológicas. “Estamos viviendo un colapso del Estado de derecho internacional y un poder cada vez más fuerte de las redes socio-digitales, y de una nueva oligarquía financiera digital”, afirmó.
Ackerman también se pronunció a favor de prohibir el financiamiento privado de los partidos políticos. “Yo pienso que deberíamos ir más allá y prohibir totalmente cualquier financiamiento privado”.
Además, cuestionó la propuesta de reducir los tiempos de propaganda electoral, al considerar que esos espacios podrían utilizarse para fomentar debates públicos y contenidos informativos dirigidos a la ciudadanía.
Aunque varias de las intervenciones coincidieron en señalar riesgos en la iniciativa presentada por el gobierno federal, el seminario también evidenció las tensiones internas dentro del propio debate académico sobre el sistema electoral mexicano.
Por un lado, distintos especialistas cuestionaron el recorte presupuestal, la modificación del sistema de representación proporcional y posibles impactos en la autonomía de las autoridades electorales. Al mismo tiempo, varios de ellos afirmaron que el modelo institucional vigente fue construido en un contexto histórico marcado por la desconfianza en las elecciones, así como por la necesidad de establecer múltiples mecanismos de control y vigilancia. Incluso, aseguraron que este permitió consolidar autoridades electorales [supuestamente] autónomas y procedimientos de alta complejidad técnica.
