Mañana 24 de marzo, la Suprema Corte analizará la vigencia de la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que promovió el gobierno de AMLO. Esta normativa busca evitar que la ciencia quede subordinada a intereses privados y la reorienta hacia el beneficio social. El especialista Pedro Hipólito Rodríguez sostiene que el marco legal garantiza el acceso al conocimiento como un derecho humano, promueve una distribución más equitativa del presupuesto, fortalece la transparencia y reconoce los saberes tradicionales, por lo que insta al máximo tribunal a fallar a favor de ella y del pueblo

La ciencia está en peligro cuando el conocimiento se subordina al capital, advierte el doctor en ciencias sociales y especialista en antropología social, Pedro Hipólito Rodríguez. Al citar al sociólogo Pierre Bourdieu, el académico señala que, bajo el control de los grandes monopolios, los hallazgos científicos dejan de servir a la sociedad para convertirse en herramientas de lucro empresarial. En este escenario, sostiene que la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) surge como un blindaje indispensable.

Para el investigador del CIESAS –campus Golfo–, la norma no sólo busca regular el poder de los corporativos tecnológicos para evitar que sus intereses pongan en riesgo la salud, el medio ambiente y la cohesión social, sino que permite que la ciencia contribuya realmente a construir un país más equitativo y protector de su patrimonio biocultural. Según el académico, la Ley garantiza la ciencia como un derecho humano para todas y todos, incluyendo a las regiones históricamente marginadas.

“Las comunidades que no han podido disfrutar de este derecho ahora podrán acceder al conocimiento científico y apropiarse de las innovaciones técnicas y humanísticas”, detalló.

La Ley contribuye a que las nuevas generaciones en zonas discriminadas puedan integrarse a centros de investigación y universidades donde se formen, al atender las necesidades de su región. Esto es vital, pues, en palabras de Rodríguez: “no van a investigar en abstracto, van a investigar para contribuir al desarrollo de sus comunidades”. Afirma que el espíritu del nuevo marco normativo es garantizar el acceso a la ciencia para grupos sociales que habían sido excluidos.

Diálogo de saberes: más allá del modelo europeo

Un pilar fundamental de la Ley es el reconocimiento de la interculturalidad, la pluralidad y el diálogo de saberes. El doctor Rodríguez enfatiza que el reconocimiento de los conocimientos de las sociedades tradicionales amplía el horizonte científico de México.

“No podemos seguir con la idea de que solo la ciencia hecha por el hombre blanco europeo es la que vale. En nuestro país hay un vasto conocimiento acumulado por las comunidades indígenas que se tiene que reconocer, valorar y rescatar”, afirmó.

El especialista calificó como un “grave error” de la modernidad el considerar la tradición como algo desdeñable, cuando hoy en día el saber ancestral ayuda a resolver crisis actuales. Un ejemplo claro es la agroecología, que hoy valora profundamente el saber técnico y agronómico de los pueblos originarios.

Destacó que la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación debe continuar fortaleciendo el patrimonio biocultural. Este concepto no se limita a lo natural, sino que es una síntesis de saberes: el patrimonio biológico construido en estrecha relación con lo social. “Las sociedades indígenas nos dan lecciones al campo científico moderno porque nunca perdieron de vista la integración entre sociedad y naturaleza”.

El debate por el presupuesto

Para el investigador, quien también es especialista en economía, el fondo de la controversia que llega este 24 de marzo a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) es la asignación de recursos públicos. Según su análisis, la actual ley representa un avance al establecer criterios de equidad diseñados para neutralizar la desigualdad que impera en el país.

“La ley está contribuyendo a que haya un piso más parejo en la asignación de fondos, permitiendo que las instituciones que atienden necesidades sociales accedan de forma adecuada al presupuesto”, explica el investigador. Bajo esta lógica, el ordenamiento prioriza el impacto social sobre el beneficio particular.

El doctor Rodríguez es tajante al diferenciar la naturaleza de las instituciones. Sostiene que muchas universidades privadas funcionan bajo una lógica de lucro, operando como empresas con altas colegiaturas y robustas infraestructuras. Por ello, califica como “irrazonable” que estas entidades busquen estímulos o apoyos del sector público.

“Una empresa que cobra altas colegiaturas tendría suficientes recursos para otorgar los estímulos que ameriten sus integrantes. No me parece razonable que ahora se esté impugnando este criterio”, sentenció.

El académico señala que existe una distorsión en las demandas de quienes laboran en instituciones privadas. Desde su perspectiva, los investigadores y docentes de estos centros no deberían dirigir sus exigencias al Estado, sino a sus propios patrones o empleadores.

“No hay un piso parejo en ese sentido”, resalta Rodríguez, al subrayar que quienes impugnan la ley omiten el hecho de que las instituciones privadas cuentan con una capacidad de autofinanciamiento derivada de su modelo de negocio, a diferencia de los centros públicos que dependen enteramente del compromiso del Estado con la soberanía científica.

Sin cabida para la opacidad

Uno de los pilares más controvertidos de la transición hacia el nuevo modelo científico es la eliminación de los fideicomisos. Para el investigador, este paso es fundamental para alcanzar una verdadera transparencia. Aunque reconoce que estos instrumentos permitieron a los centros de investigación sortear crisis financieras entre años fiscales, también denuncia que se convirtieron en espacios de opacidad y abuso.

“Hubo cierta oscuridad en la manera en que se manejaban. Se entregaban recursos de los cuales no se rendía cuenta”, explica. El investigador relata que estas bolsas de dinero solían derivar en gastos excesivos que resultan injustificables ante las carencias sociales del país.

“De pronto se daban banquetes para que 20 investigadores beban vino a placer; eso no se justifica. Esos son algunos de los ‘pecados’ a los que dio origen esa forma de manejar los recursos”, sentenció.

Bajo el nuevo marco normativo, la rendición de cuentas se vuelve una exigencia en todos los niveles del gobierno. El académico insiste en que el dinero destinado a la ciencia pertenece a la sociedad y, por lo tanto, se debe explicar con claridad en qué se gasta.

Además, resalta que toda la comunidad académica, así como trabajadores administrativos tienen que poder conocer el ejercicio del presupuesto. “Hay tantas necesidades que no es justo que el recurso se maneje como un patrimonio del directivo. El dinero no es propiedad de quienes encabezan las instituciones; el dinero es público”, enfatizó.

Este cambio de paradigma, aseguró, es uno de los mayores avances de la LGMHCTI y un derecho ciudadano que la sociedad mexicana debe exigir y proteger frente a las inercias del pasado.

Ante la cercana resolución de la SCJN, el doctor Rodríguez identifica dos frentes en las acciones de inconstitucionalidad presentadas. El primero cuestiona la forma: presuntos errores de trámite y una supuesta falta de espacios participativos durante su creación. El segundo ataca el fondo: los contenidos que redefinen la relación entre el Estado y el sector privado.

Respecto a las objeciones sobre el procedimiento, el investigador califica el proceso como ejemplar. Asegura que, bajo la dirección de la doctora Elena Álvarez Buylla en el entonces Conacyt, se procuró un espacio deliberativo, amplio e incluyente.

“Son pocos los casos en que una ley recibe tanta participación; el tema lo ameritaba porque hablamos de un marco jurídico que garantice el pleno acceso de la sociedad al campo científico”, sostiene Rodríguez, al descartar que existan razones reales para invalidar la ley por su origen.

Respecto a las quejas de las instituciones privadas que señalan una supuesta exclusión, el académico planteó un cuestionamiento basado en el interés público. Si bien, reconoció el derecho de sus colegas del sector privado a disentir, puso en duda la validez de sus argumentos de discriminación presupuestal.

“Quisiera escuchar sus argumentos: ¿en qué sentido se sienten discriminados? Yo diría más bien que es la sociedad la que se siente discriminada respecto de ellos”, sostuvo el especialista.

Bajo esta lógica, el investigador argumenta que el nuevo marco normativo no busca la exclusión, sino que prioriza un esquema de asignación de recursos orientado al beneficio social, con lo que desplaza al modelo anterior que, desde su perspectiva, concentraba los apoyos en el sector privado.

Garantizar la libertad científica

Más allá de la distribución de recursos, el doctor Rodríguez señala que la resolución de la SCJN tiene el potencial de fortalecer garantías fundamentales para el desarrollo del conocimiento. Entre ellas, destaca la libertad de cátedra como un pilar indispensable para el progreso del saber en las instituciones del país.

Para el especialista, es imprescindible que las y los científicos cuenten con condiciones laborales que permitan una discusión libre y crítica. “Eso es lo que hace posible el progreso del saber: una deliberación sin cortapisas que permita mejorar planes de estudio y redefinir las prioridades de investigación”, explicó. En este sentido, planteó que los académicos pueden ver en el máximo tribunal un aliado para asegurar que el trabajo científico no se vea limitado por presiones externas.