Organizaciones civiles alertan que, en el marco de la revisión del T-MEC, las secretarías de Economía –encabezada por Marcelo Ebrard– y Agricultura –que dirige Julio Berdegué– presionan para evitar que el futuro Reglamento de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible incluya la obligatoriedad de que la industria agroalimentaria informe a los consumidores –mediante el uso de etiquetado frontal y claro– cuando sus productos incluyan organismos genéticamente modificados (OGM, conocidos popularmente como transgénicos), o si durante su producción se emplearon herbicidas altamente tóxicos, como el glifosato.

En la elaboración de dicho Reglamento también participan las secretarías de Salud –principal responsable–, Ciencia y Medio Ambiente, mismas que estarían cediendo a los intereses de las trasnacionales. Ello, a pesar de que en Estados Unidos esa industria sí es obligada a etiquetar los alimentos que contienen OGM, señalan las organizaciones. También recuerdan que el gobierno federal está en falta, pues el Reglamento debió publicarse desde octubre de 2024. Es decir, ha pasado más de año y medio sin que se cumpla ese mandato.

En entrevista con Contralínea, la bióloga e investigadora independiente Érica Hagman explica que la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible establece que, con base en el derecho que todos tenemos a elegir y a saber, los alimentos procesados y ultra procesados deben ser justamente etiquetados. “Aquí también vale la pena mencionar que en diferentes países ya son etiquetados los alimentos con organismos genéticamente modificados, incluido Estados Unidos. En Estados Unidos el etiquetado de alimentos con OGM es obligatorio desde 2022”.

Por su parte, Mercedes López –directora internacional de Vía Orgánica y representante común de la Demanda contra el Maíz Genéticamente Modificado– explica a este semanario que el Reglamento debió emitirse 180 días después de publicarse la Ley (lo que ocurrió el 17 de abril de 2024). “Esto venció ya desde el 15 de octubre de 2024, y pues corresponde la responsabilidad a la Secretaría de Salud”.

Mercedes López subraya la importancia de que este Reglamento se cristalice, porque hará efectiva la Ley y garantizará la soberanía alimentaria, “que implica seguir sembrando nuestros productos tradicionales que vienen de la milpa, y que eran base de una alimentación muy sana, y muy sostenible también a nivel de medio ambiente”.

Agrega que este retraso se puede atribuir a las presiones de las trasnacionales: “lo que hemos notado es que hay muchos intereses de personas de diversas secretarías, algún grupo también de la propia Secretaría de Salud, pues que viene con intereses corporativos muy cercanos; algunos vienen de Femsa, donde está Coca-Cola y otros grupos que venden estas bebidas y alimentos ultra procesados”. Y cita que esos mismos intereses se han identificado en las secretarías de Economía, Agricultura y Ciencia.

Por su parte, la maestra Hagman indica que este Reglamento debe establece un etiquetado similar al que se exige en Estados Unidos –donde incluso en 2025 se ganó un juicio para que los alimentos ultra procesados fueran etiquetados–: “no estamos hablando de una etiqueta que diga no contiene OGM, porque ese es un tipo de etiquetado que hay en Estados Unidos –un etiquetado voluntario desde hace como 15 años que se llama NGM Project, y es un proyecto además independiente–; ese no es el etiquetado, estoy hablando de etiquetado obligatorio en donde se informa que ese alimento contiene organismos genéticamente modificados”.

La investigadora independiente añade que, desde que se publicó la Ley General de Alimentación en 2024, ese etiquetado debió ser obligatorio. Acerca del contexto de la revisión del T-MEC, expone que no entra en contradicción con Estados Unidos. Y cuestiona: “¿o acaso las personas de estadunidenses tienen más derechos que nosotras y nosotros los mexicanos, a saber qué es lo que nos estamos comiendo? Pues yo creo que no. Entonces no hay pretexto, por ejemplo, para eliminarlo del Reglamento, pues este asunto del etiquetado ya viene en la Ley General de Alimentación”.

La maestra Hagman añade que la industria tampoco tiene argumentos sobre un costo adicional a sus procesos: “puede haber inquietud de que [los etiquetados] encarezcan los alimentos, porque la industria va a tener que hacer estudios para ver si el alimento que está vendiendo, que está procesando, tiene ingredientes de OGM. Eso es falso: eso se resuelve con la trazabilidad”.

Al respecto, detalla que en Estados Unidos y los países europeos donde el etiquetado ya es obligatorio hay trazabilidad: “básicamente es la transferencia de la información clara y transparente desde que se compra la semilla y se siembra”. Esto es que el lugar donde se siembran OGM debe informar “el evento transgénico” al comprador de las cosechas, que es el siguiente paso de la cadena. Debe informar a “quien vaya a juntar, digamos, esos granos, y que puede ser una empresa exportadora. Esa empresa exportadora a quien tiene que informar es a la empresa importadora. Y ahí, por ejemplo, puede haber un mecanismo de control que son las aduanas. Esa transferencia de información no tiene costo”.

En cuanto a la inspección de la autoridad, recuerda que todas las importaciones agroalimentarias ya están reguladas por la Ley de Bioseguridad; “por tanto, no es una nueva atribución. No es una nueva competencia, y tampoco genera un nuevo costo; es algo que deberían estar sucediendo”. En la cadena de la trazabilidad, agrega que el importador, a su vez, debe notificar que el producto que ha ingresado contiene OGM “a quien está concentrando la semilla. Luego, a la empresa que va a procesar esos granos, que los va a transformar en ingredientes. Y de esa manera no tiene costo”.

Hagman reitera que las autoridades de bioseguridad ya están obligadas a establecer puntos de inspección y vigilancia, por lo que esa tampoco es una nueva competencia ni implica una erogación mayor de recursos públicos. Agrega que tampoco es un impedimento, porque no se va a encarecer.

Entrevistadas por separado, Hagman y López coinciden en que hay cuatro puntos irreductibles en el futuro Reglamento: respetar el principio precautorio y la soberanía alimentaria; contener la obligatoriedad del etiquetado de OGM y herbicidas tóxicos; establecer el grupo intersectorial gubernamental para hacer efectiva la Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable y sus obligaciones constitucionales, con mecanismos de participación ciudadana y con un comité de prevención del conflicto de interés; y la promoción de la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida de preferencia casi exclusiva, y hasta por dos años complementado con otros alimentos, y que las madres y sus hijos tengan espacios adecuados para amamantar.

Hagman detalla que el etiquetado de alimentos y los otros tres irreductibles tienen que ver con derechos humanos: “tenemos derecho a elegir qué es lo que queremos comer y que también nos den información sobre los daños y riesgos asociados a los alimentos procesados, los OGM y los herbicidas altamente peligrosos”.

Por su parte, Mercedes López reitera que el Reglamento debe responder al “derecho básico fundamental a la alimentación, a la salud, al cuidado de la biodiversidad, a la información y al poder de decisión que tiene la gente. Estamos priorizando estos principios de interés público y prevención de conflictos de interés, en el interés superior de la niñez; también, al fortalecimiento de la producción local”.

Por ello, llamó “al gobierno federal, a las servidoras y servidores públicos a que cumplan su función: que defiendan a la sociedad mexicana, la soberanía alimentaria y a que salga el Reglamento lo más firme y lo más fuerte posible”.

Ley de avanzada y soberanía alimentaria

Para explicar la relevancia del Reglamento, la maestra Hagman expone que la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible es una ley de avanzada, vinculada estrechamente a la soberanía alimentaria de México.

Dicha ley, indica, “está acorde con los estándares más altos, más actuales, los más recientes en materia de derechos humanos, tanto en el ámbito llamado universal como en el ámbito regional o interamericano; pero además incorpora otros elementos que están justamente en las discusiones de estos espacios de los derechos humanos, como lo es la soberanía alimentaria”.

Sobre el concepto de soberanía alimentaria, indica que viene discutiéndose al calor de los movimientos campesinos del siglo pasado. Agrega que ya en 2018, fue enunciado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zona rurales; “y en México por primera vez como soberanía alimentaria se reconoce o se enuncia en 2023, con la publicación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Y un año después, además se añade como concepto en esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable, y más recientemente en 2025, en la reforma al artículo cuarto constitucional, en el párrafo que se refiere justamente al derecho humano alimentación”.

Acerca de la soberanía alimentaria, la maestra Hagman expone que esta se refiere a que “podamos elegir, que estemos informadas e informados y que de manera colectiva los pueblos, en el ejercicio de nuestra libre determinación, podamos manifestar qué es lo que queremos justamente para nuestros sistemas agroalimentarios. Es algo parecido a la soberanía nacional, o sea, la soberanía alimentaria no es seguridad alimentaria, no es autosuficiencia alimentaria, es más parecido al concepto constitucional del artículo 39 de la soberanía nacional, que reside y emana esencialmente del pueblo e instituye un beneficio de éste”.

Añade que la soberanía alimentaria tiene que ver con el pueblo, “que en su autodeterminación elige de manera colectiva qué es lo que quiere para los sistemas agroalimentarios. Y qué queremos, pues eso no es un misterio: queremos alimentos sanos, suficientes, de calidad, a precios justos. No queremos alimentos orgánicos gourmet que solamente los ricos puedan pagar. Queremos condiciones justas para las y los campesinos, que puedan hacer la vida en el campo, las economías campesinas dignas y queremos justamente que haya tecnologías que a veces se les llama alternativas, pero es la propia agricultura, que sean verdaderamente sostenibles. Desde el lado de los consumidores, consumidoras, queremos estar informadas, queremos saber qué es lo que nos están vendiendo, si lo que nos están vendiendo tiene residuos, si tiene o está hecho a base de organismos genéticamente modificados y que además podamos tener información sobre conflicto de interés, sobre cuáles son los daños que causan –potenciales o comprobados– los residuos de plaguicidas, los organismos genéticamente modificados o los alimentos ultra procesados. Necesitamos esa información clara para que podamos elegir qué es lo que queremos comer y cómo queremos que se produzcan, procesen o se transformen”.