El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, junto con grupos de derecha y partidos de oposición –PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, y algunos liderazgos del Verde–, empresarios, asociaciones civiles, despachos de abogados, banqueros, dueños de medios de comunicación, analistas, opinadores, intelectuales y hasta “periodistas” conspiran para que el gobierno estadunidense y sus agencias DEA y CIA incrementen su ofensiva injerencista en México. Ello, a la par de que el presidente Trump amaga en sus discursos con intervenir militarmente en nuestro país. En reuniones, comidas y cenas, han acordado estrategias para mermar la autoridad de la presidenta Sheinbaum, capitalizar votos para las elecciones estadunidenses de noviembre próximo, e influir ilegalmente en el proceso electoral mexicano de 2027 y, en última instancia, apropiarse los recursos de la nación. Mientras usa el pretexto de “combatir al narcoterrorismo”, el gobierno de EU negocia con los “terroristas” de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, etcétera, para darles privilegios procesales y confiscarles los recursos. La operación de los agentes de la CIA que permitió la panista Maru Campos en Chihuahua –y que también ocurre en otros estados fronterizos gobernados por la oposición– es tan sólo un engrane en la maquinaria clandestina que han desplegado para desestabilizar política, económica y socialmente a México

Con los objetivos de capitalizar votos para las elecciones intermedias de noviembre próximo en Estados Unidos –pues, a 5 meses de que se celebren los comicios, los republicanos enfrentan un repudio popular generalizado–; influir ilegalmente en el proceso electoral mexicano de 2027, con el que se renovará la Cámara de Diputados, gobiernos estatales y municipales; y, en última instancia, apropiarse de los recursos de la nación –como las reservas de petróleo, de tierras raras, litio, agua transfronteriza y hasta las playas–, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, junto con empresarios y dueños de medios de comunicación mexicanos encabezan una especie de conspiración para mermar la autoridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y anular el respaldo popular del que goza ella, el proyecto político que representa –la llamada cuarta transformación– y, también, el partido Movimiento Regeneración Nacional.

Dicha ofensiva desplegada por la derecha nacional e internacional es una de las más graves en la historia contemporánea de nuestro país, e incluso superaría los niveles de presión que enfrentó, en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta conspiración incluye estrategias para desestabilizar a México en los ámbitos político, económico y social, y no sólo se basa en el uso de propaganda negra, diseminación de mentiras, desinformación y noticias falsas –tanto en las corporaciones mediáticas que participan, como en redes sociales–, sino que incluye fases del golpe de Estado blando y algunos ejes de la llamada “guerra de baja intensidad”.

La principal campaña mediática –aunque no la única– busca sembrar la idea de que el partido en el poder (Morena) y los gobernantes surgidos de esa fuerza política popular no tienen legitimidad, porque son aliados del “narcoterrorismo”. A pesar de que en muchas ocasiones se hace pasar como “revelación periodística”, esta grave acusación no se acompaña de pruebas, sino que se basa en la reiteración del mensaje en todos los espacios posibles, hasta que, de tan recurrente, se dé por válida en la memoria colectiva. Esta fase no inició en el actual sexenio, sino que comenzó con la campaña de #narcopresidente, #narcopartido, #narcocandidata, originada por una filtración de la DEA a medios internacionales con los que sostiene pactos de esta naturaleza. Cabe subrayar que no sólo se ha ensayado en México, sino también se hizo en Venezuela y en Colombia.

En lo doméstico, con esta propaganda se busca restar votos a Morena, la principal fuerza política del país, y también desmoralizar al pueblo y, sobre todo, arrebatarle la esperanza de una alternativa política que se confronte al modelo económico capitalista neoliberal. Por ello, los ataques orquestados no pueden centrarse en las políticas públicas de Bienestar –como las pensiones a adultos mayores, becas escolares y apoyos a las personas con discapacidad–, ni en el estado de los derechos sociales –salud, educación, vivienda, salario mínimo– o democráticos; aunque, en este último caso, sí se ensayó sin éxito con campañas que acusaban falsamente limitación de la libertad de expresión, dictadura, deriva autoritaria, etcétera.

Dela misma propaganda basada en la idea del “narcogobierno” se desprenden otras narrativas: estigmatización generalizada a militantes y simpatizantes de Morena; exacerbación mediática de hechos violentos y delitos; apología de la violencia; campañas para contrarrestar resultados positivos en políticas públicas y de seguridad y paz, en particular sobre homicidios dolosos, desapariciones y feminicidios.

Esta ofensiva no sólo surge de las mentiras que dispersan medios, analistas, opinadores, intelectuales ligados a la derecha empresarial, “periodistas”, youtubers e influencers, sino también del propio gobierno de Estados Unidos. 

Más allá del trabajo clandestino de agencias como la DEA y la CIA, el propio presidente Donald Trump abona a ello, con declaraciones como la que dio el 6 de mayo pasado, acerca de que sus operaciones contra el tráfico de drogas por vía marítima han reducido este crimen en 97 por ciento, y que su gobierno ya había comenzado con la fase terrestre; por lo que amagó con hacer operativos militares en México, tras advertir que, si las autoridades “no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.

La campaña de Estados Unidos de designar a cárteles del narcotráfico como terroristas, sin embargo, no tiene por objetivo combatir ese delito, sino aplicar ilegalmente sus leyes extraterritoriales en todo el mundo, y con ello apropiarse de los recursos de los países. Ejemplo de lo anterior no sólo es lo ocurrido con Venezuela, sino también lo que hace el gobierno estadunidense en su propio territorio, donde pacta con el “narcoterrorismo”.

Y es que las autoridades de ese país llegan a acuerdos con líderes del narcotráfico y con políticos involucrados en el trasiego ilegal de drogas, como ocurrió con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, indultado directamente por Trump); y como sucede con Joaquín –el Chapo– Guzmán y la facción de Los Chapitos: casos de Ovidio y Joaquín Guzmán López. O antes con Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y quien cooperó con las autoridades estadunidenses y obtuvo privilegios especiales, e incluso redujo su condena. O con Reynaldo Zambada García, alias el Rey Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa y hermano del Mayo Zambada.

La propaganda, la desinformación y el miedo asociados a la campaña de narcogobierno y a la posibilidad de una intervención militar estadunidense no sólo busca desmoralizar al pueblo y la base social que apoya la 4T, sino también alentar la salida de capitales y la desconfianza de las inversiones internas y externas. Ello, para inducir artificialmente una crisis interna. A la par, se promueve que los grandes capitales que permanecen en el país se nieguen a pagar impuesto, y con ello estrangulen las finanzas públicas.

Otros actores

En esta conspiración para que el gobierno estadunidense y sus agencias DEA y CIA incrementen su ofensiva injerencista en México, además del embajador Ronald Johnson, empresarios y dueños de medios de comunicación mexicanos, participan activamente grupos de derecha nacionales e internacionales, partidos de oposición –PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, aunque también hay liderazgos del Partido Verde–, asociaciones civiles, despachos de abogados, banqueros, analistas, opinadores, intelectuales y hasta “periodistas”.

Para ello, los mexicanos y mexicanas involucradas en la operación –tanto del ámbito empresarial, como del mediático y del político– han participado en reuniones, comidas y cenas convocadas directamente por el embajador Ron Johnson y personal de la Embajada de Estados Unidos, así como por políticos y empresarios vinculados al presidente Trump. En esas pláticas han acordado estrategias para mermar la autoridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, capitalizar votos para las elecciones estadunidenses de noviembre próximo, e influir ilegalmente en el proceso electoral mexicano de 2027.

Como parte de esos acercamientos es que gobiernos de oposición, como el de la panista Maru Campos en Chihuahua, han abierto las puertas a la Agencia Central de Inteligencia –cuyos agentes estaban en operaciones en campo, lo que viola la soberanía nacional y la Constitución, así como implica traición a la patria–. El riesgo de ello es mayúsculo: la CIA ha estado implicada en golpes de Estado en América Latina y en operaciones como la de Irán Contras.

Incluso algunos de los políticos y políticas de oposición que han viajado a Washington y a otros estados del vecino país del norte, más que ir a denunciar a Morena y al gobierno, en realidad van a recibir “asesorías” para este objetivo.

Más aún, opinadores, intelectuales, analistas e integrantes de asociaciones civiles reciben financiamiento de agencias estadunidenses para aumentar el alcance de las campañas de propaganda negra y guerra sucia mediática, como ocurrió el sexenio pasado con las organizaciones de Claudio X González –como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico–. Algunos más son capitalizados por la ultraderechista Atlas Network, como ha ocurrido en el pasado con el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa. 

En su conferencia del pasado 26 de mayo –consultada por Contralínea acerca de esta ofensiva–, la presidenta Sheinbaum explicó que, “en efecto, hay un vínculo entre organizaciones internacionales u organizaciones de otros países y la derecha mexicana”. Reveló que se trata de instancias de la ultraderecha en Argentina, España y Estados Unidos, entre otros países, que operan de esta forma para afectar a los gobiernos progresistas.

La derecha mexicana, agregó la primera mandataria, se vincula sobre todo con organizaciones de derecha en Estados Unidos “para atacar desde allá al gobierno de México y al pueblo de México. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso esta ofensiva en las redes sociales, esta ofensiva en los medios de comunicación, pues porque está articulada”.

Sheinbaum Pardo dijo que, ante ello, lo que hace su gobierno es “seguir defendiendo lo nuestro: nuestra historia, nuestro orgullo, y un gobierno que defiende a su pueblo. Eso es lo que está en disputa hoy. Y por eso la movilización del domingo [31 de mayo] no sólo es una celebración; no sólo es decir: ‘llegamos [a la Presidencia]… 2 años de resultados o año y medio de resultados, además de los 6 años previos. No sólo es eso. Es decir: hoy, que los gobiernos de la Transformación están siendo atacados, tenemos que estar cerca del pueblo, movilizados, defendiendo la soberanía, la independencia, la libertad, la democracia, pero la democracia entendida como la representación del pueblo, no la democracia de las élites”.

Al pueblo le mandó un mensaje muy claro, al advertir que la derecha busca arrebatar lo logrado con los gobiernos de la Transformación, “porque quieren de nuevo –en algunos sectores de Estados Unidos– un gobierno a modo, un Porfirio Díaz, un gobierno que entregue los recursos naturales; un gobierno al que le digan: ‘haz esto’, y hace eso, bajando la cabeza. No. ¿Nosotros qué decimos? Colaboramos, trabajamos en muchas cosas, somos socios comerciales, pero en México decide el pueblo, nadie más decide más que el pueblo, no hay electores externos”.

Por ello, la presidenta de la República subrayó: “lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre. Y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México. Que gane lo que el pueblo decida”. Y reiteró que ante la ofensiva, siempre se estará cerca de la gente.

Acerca de la propaganda negra, puso como ejemplo las desinformaciones de que en México no hay certidumbre. Y cuestionó: “¿qué problema de incertidumbre hay en México? Ninguno. La Corte ha resuelto libremente, muchas veces a favor de empresas. No es cierto que ‘la Corte ahora esté contra las empresas’. No es cierto, es falso. Están para hacer justicia, en el marco de la Constitución y las leyes, se llama ‘Estado de derecho’; pero no se va a regresar al ‘Estado de chueco’ –como decía el presidente López Obrador– de antes, que es lo que eso quieren: que regrese. ¡Pues no!”

La titular del Ejecutivo federal también aprovechó para mandar un claro mensaje: “tenemos que defender las conquistas del pueblo. Y por eso hay que hablar de esto, porque si no hablamos de esto, pues nos vamos con la finta de las mentiras que se dicen todos los días. Entonces, el llamado a la movilización sí es para celebrar 2 años del triunfo, pero también es para decir: tenemos que estar cerca y activos, informando de esta ofensiva que está contra nosotros. Y en la medida que estemos así: cerca, abajo y dando resultados, no hay poder que nos… Cuando un pueblo se empodera, no hay manera de ganarle al pueblo, no hay manera. El pueblo resiste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar cerca del pueblo”.