Antes de que finalice abril, Grupo México pagará los 1 mil millones de pesos que faltan para remediar el Río Sonora y atender la salud de los habitantes afectados por el derrame tóxico de 2014. De acuerdo con el convenio firmado por los secretarios de Hacienda –Édgar Amador– y Gobernación –Rosa Icela Rodríguez– con los representantes legales de la minera –documento al que Contralínea tuvo acceso–, la trasnacional se comprometió a hacer tres ministraciones (de 500 millones de pesos cada una) al gobierno federal, de forma “voluntaria y solidaria” a favor de la salud, el medioambiente y el agua, en los términos que establezca la SHCP. Los primeros 500 millones de pesos que aportó en diciembre pasado ya fueron canalizados al IMSS Bienestar para habilitar el hospital de Ures, que también donó la compañía del magnate Germán Larrea, al igual que un terreno de varias hectáreas 

En los próximos días, el Grupo México pagará los 1 mil millones de pesos que faltan para la remediación del Río Sonora –que presenta grandes concentraciones de cinco metales pesados causantes de cáncer– y atender la salud de más de 22 mil habitantes de ocho municipios ubicados en la cuenca (Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la parte rural de Hermosillo), afectados por ingesta o contacto con el agua contaminada por el derrame tóxico de 2014.

En diciembre de 2025, la trasnacional se comprometió con el gobierno federal a pagar 1 mil 500 millones de pesos como una acción “voluntaria y solidaria” para atender el medioambiente, la salud y el agua de Sonora. El acuerdo se dio como parte del diálogo al más alto nivel con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que estuvo presente de forma directa el magnate Germán Larrea.

Dicho acuerdo incluyó la donación de un hospital comunitario ubicado en Ures, y de un terreno de varias hectáreas donde se instalarán plantas de tratamiento de agua. Esto ya fue entregado al gobierno federal.

Fuentes consultadas por Contralínea revelan que será en los próximos días cuando Grupo México concluya el pago. Como se sabe, en diciembre aportó los primeros 500 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, y estos fueron destinados al IMSS Bienestar para que habilite el hospital de Ures, el cual deberá quedar operando al ciento por ciento antes de que concluya el actual sexenio.

Al respecto, Contralínea tuvo acceso al convenio firmado por los secretarios de Hacienda –Édgar Amador Zamora– y de Gobernación –Rosa Icela Rodríguez– con los representantes legales de Grupo México: Julián Jorge Lazalde Psihas, secretario de Southern Copper Corporation; y 

Leonardo Contreras Lerdo de Tejada, director de Administración y Finanzas de Americas Mining Corporation, en el que se establece que el pago de los 1 mil 500 millones de pesos se haría en tres ministraciones, conforme a los lineamientos que estableciera la SHCP. Por eso mismo, no establece una fecha fatal o plazos específicos para los pagos.

El documento –que en su parte superior exhibe los logotipos de las dos secretarías de Estado y de la empresa– refiere en su cláusula primera que el objetivo del convenio es implementar proyectos en materia de salud, agua y remediación de suelo.

En cuanto al recurso económico, en esa misma cláusula Grupo México manifiesta “su voluntad” de realizar una aportación “voluntaria y solidaria” de “hasta 1 mil 500 millones de pesos a favor del gobierno federal”. 

Además, incluye una cláusula de confidencialidad que establece no hacer público dicho documento, en tanto no se concluyan las acciones establecidas en el mismo. En otro apartado del convenio se refiere a mecanismos anticorrupción, para evitar que alguna de las partes incurra en delitos de esa naturaleza.

Otro aspecto relevante es que el gobierno federal manifiesta que quienes ejercerán los recursos aportados por la trasnacional serán: IMSS Bienestar, Conagua y Semarnat. Además, cada una de las partes incluye una descripción de sus labores y las leyes que los regulan.

En el documento se indica, además, que la Secretaría de Gobernación se compromete a coadyuvar con la empresa en procesos administrativos que se encuentran en curso o pendientes de resolver. No obstante, en ninguna de las cláusulas se advierte que el gobierno federal se haya comprometido a otorgar permisos o autorizaciones ambientales para explotación de cobre con minería a tajo abierto, en Sonora y Baja California.

El pasado 11 de abril, Contralínea reveló que la empresa estaba buscando sacar ventaja de este convenio, y obtener dichos permisos para sus proyectos de inversión El Arco, en Baja California, y El Pilar, en Sonora (https://contralinea.com.mx/interno/semana/grupo-mexico-pide-permisos-mineros-a-cambio-de-remediar-el-rio-sonora/ ). Consultada al respecto por este semanario el pasado 20 de abril, en su conferencia matutina, la presidenta Sheionbaum Pardo aclaró que eran procesos distintos, y que las autorizaciones que la empresa está gestionando eran para presas de jales, y no para nuevos proyectos de minería a tajo abierto.

“Son dos cosas distintas: ellos han pedido permisos para… más que para nuevas minas, para la ubicación de lo que se llaman ‘los jales’ de las minas. O sea, son minas que están en operación actualmente y que ya se saturaron los jales o la ubicación de lo que sacan de la mina, y que están pidiendo permiso para que puedan ubicarlo en otro lado con toda la seguridad y todos los impactos ambientales bien elaborados. Entonces, ellos tienen permisos en este sentido. Y eso va por un camino, eso no tiene nada que ver con el acuerdo que se tomó para el saneamiento del Río Sonora. Y ellos están ya por depositar los mil millones de pesos que les falta”, explicó la primera mandataria.

Agregó que pronto hará una visita a Sonora, quizá en mayo, “para poder informar a la gente cuáles fueron los acuerdos; ya lo informó el gobernador y el equipo, pero para poder informar cuáles fueron los acuerdos; poner la primera piedra del Hospital de Ures, que ya se licitó; y poderles informar cuándo inician las construcciones de las plantas de potabilización y todo lo que se acordó para el saneamiento del río Sonora”.

El derrame tóxico

Como se sabe, habrían sido actos negligentes de las filiales de Grupo México las que habrían causado el derrame tóxico de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014. Al respecto, las autoridades federales calcularon en 2023 que más de 22 mil habitantes de ocho municipios (Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la parte rural de Hermosillo) ubicados en la cuenca del Río Sonora fueron afectados por ingesta o contacto con el agua contaminada con metales pesados.

Además, establecieron que el derrame tóxico se debió a un mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1. Por lo que no se puede clasificar como accidente, sino como negligencia de construcción. “A lo largo del río hay concentraciones de metales pesados asociados a jales que comprueban la contaminación del agua. A lo largo del río se encontró mercurio, geológicamente inexistente en agua y en sedimentos”, advirtió la Semarnat en sus argumentos de la denuncia penal.

La lista de metales pesados aún presentes en sedimentos del afluente incluye: arsénico, hierro y fluoruros, asociados a efectos negativos en la salud no sólo de las personas, sino del ambiente (suelo, agua, flora, fauna y aire).

Acuerdo con Grupo México

En la conferencia presidencial del 29 de diciembre de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que los dos acuerdos más relevantes con Grupo México fueron: las acciones en favor del medio ambiente, la salud y el agua de los habitantes de la región afectada por el derrame tóxico; y el fin de la huelga de más de 18 años de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana de la mina de Cananea, Sonora.

Agregó que, para cumplir ambos objetivos se pactó crear un fondo por 2 mil 222.6 millones de pesos. Ello, dijo Rodríguez, como parte de una inversión conjunta entre Grupo México, el gobierno federal, el gobierno de Sonora y el depósito de la empresa minera ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –de 2018 y 2019– para la instrumentación del Plan Integral de Justicia.

La secretaria de Gobernación detalló que, en materia de justicia ambiental. Grupo México aceptó que se establezcan mecanismos de restauración en el Río Sonora, con estudios técnicos y científicos que determinen la extensión de los daños en suelos y sedimentos, así como el tipo de acciones que se requieren para el saneamiento del suelo contaminado.

En materia de agua, afirmó que el acuerdo es fortalecer el monitoreo de la calidad del agua del Río Sonora con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real, nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste. Además, se pactó la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro potabilizadoras que ya están en operación.

En materia de salud, detalló que el IMSS Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento del actual Hospital Comunitario en Ures. Por ello, éste “será transformado en Hospital Regional, con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados, un centro para la salud renal con servicios de nefrología, seis sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados”.

Las fuentes consultadas por Contralínea refieren que este punto de la atención a la salud de la población afectada también fue muy álgido en las negociaciones, pues una de las exigencias de la compañía de Germán Larrea fue que se le cambie el nombre a la Unidad Toxicológica. Ello, con el objetivo de “cuidar su imagen” de “empresa socialmente responsable” y “amiga del planeta”. Dicha Unidad médica será clave en la detección temprana de metales pesados en sangre, para atender posibles cuadros clínicos de enfermedades terminales, como cánceres y enfermedades crónico renales.

El 29 de diciembre, Rosa Icela Rodríguez afirmó que “el gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo, y ya estamos viendo que esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico, como gobierno de la transformación escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de las que se tenga registro en la historia de México”.

También indicó que “no fue sencillo” llegar a un acuerdo con Grupo México. “Ha sido un gran esfuerzo de muchas partes, claro que hubo resistencias, pero, al mismo tiempo, se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo”. Estos acuerdos fueron alcanzados directamente por los secretarios Rosa Icela Rodríguez y Édgar Amador, y comunicados posteriormente a las autoridades ambientales.

La denuncia del gobierno de AMLO

Interpuesta en 2023, la denuncia penal contra Grupo México se enfocó en la presunta negligencia que habrían cometido las personas morales Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV, así como personas físicas que resulten responsables por los mismos hechos relacionados con el derrame tóxico.

Sobre las personas físicas, la denuncia no sólo se refería a ejecutivos y encargados de las filiales mineras, sino también a exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Semarnat, que estaban en funciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los delitos que se denunciaron fueron contra el ambiente y la gestión ambiental, así como hechos de corrupción al omitir atender medidas técnicas, correctivas y de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental.

Específicamente a las empresas del Grupo México se les acusó de autoría intelectual y material de conductas activas y omisas que derivaron en la extinción del fideicomiso para atender los daños ambientales y de salud derivados del derrame tóxico. Es decir, para cubrir la mitigación del desastre ambiental, así como indemnizar en materia social, sanitaria y económica a las personas afectadas.

A los exservidores públicos del gobierno de Peña Nieto se les acusó de incumplimiento de funciones, pues no verificaron de forma directa el cumplimiento de los términos de la concesión minera. Así, retirar la denuncia penal contra todos ellos implica desistirse de acciones que podrían incluir penas de cárcel.