Una de las más importantes redes de contrabando de combustible en el país, liderada por Mauricio Gamboa Reyes, alias el Burras, fue desmantelada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, Gamboa Reyes coordinaba las operaciones logísticas de sustracción, venta y distribución de hidrocarburo, principalmente Gas LP en el centro del país. Y a él se le ubica como nexo con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además se identificó un entramado criminal que operaba mediante la simulación de operaciones comerciales, el uso de documentación falsa y la constitución de empresas fachada para introducir, trasladar, almacenar y comercializar hidrocarburos de manera ilegal, evadiendo controles fiscales, aduaneros y regulatorios. Este esquema utilizaba un modelo logístico multimodal —marítimo, ferroviario y terrestre— que fragmentaba la trazabilidad del combustible desde su ingreso al país hasta su distribución final, apoyado en triangulaciones financieras y facturación apócrifa para dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita.

Al respecto, la FGR identificó la operación de la red denominada “Los Petrofactureros”, integrada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real. De acuerdo con los datos, estas empresas eran empleadas para diluir responsabilidades, facilitar el contrabando de hidrocarburos y sostener el flujo financiero ilícito. Como resultado de las acciones judiciales, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra seis personas, se aseguraron cinco inmuebles, 47 vehículos de alta gama, joyería y dinero en efectivo, con lo que se estima una afectación económica de más de 126 millones de pesos.

Asimismo, se obtuvieron sentencias condenatorias relevantes por delitos en materia de hidrocarburos. En un caso, tres personas fueron sentenciadas a ocho años de prisión por posesión ilícita de hidrocarburo, con el aseguramiento de más de 100 mil litros y el decomiso de equipo con valor de 18 millones de pesos. En otro, seis personas recibieron la misma pena tras el aseguramiento de combustóleo, petrolíferos y equipo adaptado para la extracción ilegal.

Por otra parte, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, la SSPC, en coordinación con la FGR, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, ejecutó acciones operativas simultáneas que permitieron desarticular una célula delictiva dedicada al robo de Gas LP en el centro del país.

En estas acciones se cumplimentaron órdenes de cateo en 20 inmuebles ubicados en el Estado de México e Hidalgo, donde fueron detenidas siete personas: Mauricio Gamboa Reyes, alias el Burras y quién es el líder de la organización y responsable de coordinar las operaciones logísticas, así mantener vínculos con mandos regionales relacionados con un grupo delincuencial con operación en Jalisco; Mauricio Gamboa Malpica, alias Pepón, operador logístico y financiero encargado del envío de hidrocarburos robados; Jorge Barrera Montiel, propietario de Gas Franco, Gasera Buenavista y Sugas, empresas gaseras utilizadas para el lavado de dinero y la comercialización ilícita; Joaquín Arturo Gutiérrez Hernández, alias Coquis, operador logístico y financiero, además de enlace estratégico; Julio César Maya Merino, responsable de enviar pipas a los puntos de sustracción; Julio César Laguna Gamboa, alias Pingüino, encargado de organizar y ejecutar la extracción de hidrocarburo; y Lorenzo Javier Mejía Leyva, propietario de empresa gasera Gas Franco y responsable de la facturación del combustible ilícito.

Durante estos cateos se aseguraron más de 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico, además de la clausura de una toma clandestina vinculada a la operación.

Los datos apuntan a que el modo de operar de esta estructura consistía en la extracción ilegal de hidrocarburos a través de tomas clandestinas en ductos de Pemex, su traslado mediante pipas y tractocamiones hacia centros de acopio, donde era almacenado en autotanques y contenedores para su posterior distribución. Posteriormente, el combustible era comercializado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, mientras operadores financieros realizaban triangulación de recursos y simulación de facturación para ocultar su origen ilícito.

Las investigaciones también apuntan a que “esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región, lo que evidencia la dimensión económica y operativa de la organización criminal. Además, es la primera vez que se detiene a dos empresarios del ramo, 12 gaseras y bodegas, todas relacionadas con este grupo criminal”.

Adicionalmente, las autoridades federales realizaron 11 operaciones en Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, que derivaron en la detención de Héctor Iván Pineda Torres, de 44 años, identificado como encargado de la logística y coordinación para la obtención, trasvase, distribución y comercialización ilegal de gasolina y diésel; así como de Nizarindani Hernández Araguz, Gualberto Morales Ramos, Perla Oralia Vega Rodríguez, Karen Araceli Torres Juárez, Lizitza Anaid Pineda Torres y Oscar García Pérez, vinculados a actividades de lavado de dinero y dispersión de recursos provenientes de la comercialización ilícita de hidrocarburos.

Las redes delictivas dedicadas al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos en México operaban mediante un entramado de empresas fachada, simulación de operaciones y uso de documentación falsa.

En conferencia de prensa, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, explicó que estas organizaciones “han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales” mediante facturas apócrifas, declaraciones falsas y el uso de empresas fachada para ocultar actividades ilícitas, que alcanzó montos por más de 23 mil millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, el esquema incluía la introducción ilegal de hidrocarburos al país a través del uso coordinado de transporte marítimo, ferroviario y terrestre, con operaciones detectadas en estados como Querétaro, Tamaulipas y Jalisco. “Etiquetaban los cargamentos como aditivos, lubricantes o aceites” para evadir el control aduanal, detalló.

Lara añadió que se identificó una red de “petrofactureros”, integrada por personas físicasque fungían como socios, representantes o firmantes de múltiples empresas ante autoridades hacendarias y financieras, lo que permitía dar apariencia de legalidad a las transacciones.

Derivado de las investigaciones, el caso fue judicializado y se obtuvieron diversas órdenes de aprehensión, de las cuales seis ya han sido cumplimentadas contra personas vinculadas con al menos ocho de las más de 40 empresas que integran esta red, con giros que van desde logística y transporte hasta construcción y energéticos.

Las autoridades también aseguraron bienes por más de 126 millones de pesos, entre ellos cinco inmuebles valuados en 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama por 66.6 millones, joyería y dinero en efectivo.

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la política de cerotolerancia a la corrupción, impulsada por el gobierno de México.

El funcionario detalló que, tras siete meses de trabajos de inteligencia e investigación y tras varias acciones se logró la detención de 14 personas vinculadas con estructuras delictivas dedicadas al robo, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como al lavado de dinero.

“Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización”, explicó, al señalar que utilizaban pipas, tractocamiones e incluso buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.

Respecto de los detenidos, se informó que el Pepón sería responsable de coordinar las operaciones logísticas y financieras. También fueron capturados operadores clave encargados del transporte, la facturación y la administración de las empresas fachada.

Durante los operativos, realizados en coordinación con la SSPC, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, se ejecutaron cateos en 20 inmuebles ubicados en el Estado de México e Hidalgo. Como resultado, se aseguraron más de 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, tractocamiones, armamento, droga, dinero en efectivo y equipos tecnológicos utilizados para las operaciones ilícitas.

García Harfuch destacó que esta célula criminal tenía una capacidad de extracción de hasta 1 millón 500 mil litros de hidrocarburo por semana, principalmente en municipios del centro del país.

El secretario subrayó que estas acciones permitieron debilitar de manera significativa las capacidades operativas y financieras de la organización, además de frenar el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones.

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