México se encuentra en una encrucijada energética: los recursos de hidrocarburos están en una fase de meseta y con su próxima declinación. Frente a ello, es pertinente construir soberanía y seguridad en el área; sin embargo, con la recuperación del sector energético en la administración de Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la renegociación del T-MEC, Estados Unidos ve las modificaciones del gobierno de Sheinbaum como “barreras a la inversión”

Cuarta parte. Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Poder Ejecutivo, la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, así como de los congresos locales, permitieron que se hicieran reformas a los Artículos 25, 27 y 28 constitucionales para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, con ello, cambiar leyes y reglamentos de la industria.

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México.

Dichos cambios han sido identificados como “barreras a la inversión” por parte de Estados Unidos, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC), explicó a la contraparte estadunidense que no se restringió la inversión, sino que se les permite a los privados, nacionales y extranjeros tener presencia en el mercado eléctrico hasta en un 46 por ciento, mencionó la primera mandataria en su conferencia de prensa. A ello, que podrán destinar recursos en el sector energético con la nueva ley de fomento a inversiones en infraestructura, en donde se incorporan las inversiones mixtas –diferente a las asociaciones público-privadas del neoliberalismo–.

Las principales quejas del gobierno de Trump se centran en retrasos y rechazos a permisos, varios de ellos para operar instalaciones energéticas, importar o exportar electricidad o combustibles, y almacenar o trasladar combustibles. El gobierno estadunidense también se queja por la falta de autorización para construir u operar estaciones de gasolina.

Con la modificación a la Ley de Hidrocarburos, se cambiaron disposiciones y quedó prohibido el transbordo de combustible y aumentó con ello el costo del importado desde EU. En la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos hay quejas por la reducción del plazo de nuevos permisos de importación que se redujeron de 20 años a cinco, y la disminución de los plazos de permisos de comercialización de 30 años a dos.

En el caso particular de la CFE, las quejas se centran en restricciones a la capacidad de los productores independientes de energía para vender su producción y la opción de adquirir los activos sin costo alguno a la ahora empresa pública del Estado. Ese elemento fue constitutivo de la contrarreforma energética de Peña Nieto, misma que gradualmente debilitó a Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, es pertinente recordar que el esquema de productores independientes de energía fue creación de Carlos Salinas y que era inconstitucional.

En 2022, se llevó a cabo el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados en torno a la propuesta de reforma energética del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Los participantes de CFE presentaron datos contundentes de la pérdida de mercado de esta empresa; y es que, como se muestra en la siguiente imagen, la dependencia produjo en ese año 39.5 por ciento de la electricidad. El dato alarmante era que 10 corporativos privados concentraron el 41 por ciento de la generación de electricidad. Entre ellos estaban, desde luego, Iberdrola con 21 centrales en aquél entonces, Naturgy (ocho centrales), Mitsui (seis centrales), SAAVI (cuatro centrales), ENEL (nueve centrales) y Blackstone Energy (dos centrales).

Cuando el gobierno de Estados Unidos menciona que “las partes interesadas estadunidenses” en el sector se quejan de las modificaciones a la Constitución, leyes secundarias y reglamentos en materia energética, es fundamental entender de quiénes hablamos.

No solo es el capital fósil, es especialmente el capital financiero el que domina. Esa es una de las principales características del capitalismo desde 1970. La batuta de la acumulación de capital la tiene precisamente el capital financiero, que es el mismo que controla al fósil, farmacéutico, de energía eléctrica, tecnológico y hasta militar.

Como se muestra en las imágenes siguientes, fue en el Foro del parlamento abierto de 2022 donde quedó exhibido el poder real y concreto de los principales fondos de inversión internacionales, particularmente BlackRock, Capital Group, Vanguard Group y Global Infraestructure Partners, que desde 2024, fue adquirido por 3 mil millones de dólares por BlackRock.

Fuente: Daños a la hacienda pública por reformas eléctricas neoliberales, CFE.

En la última actualización del Informe sobre Barreras Arancelarias de 2026 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, ya no aparecen las quejas por el fracking, algo que estaba presente en el informe del año 2025.

El documento lo señaló así en 2025: “la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de México aprobó una propuesta de reforma constitucional que prohibiría la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos mediante fracturación hidráulica (fracking), salvo en los casos que determine el gobierno de México por razones estratégicas de desarrollo nacional”.

En el oficio de 2026, en su sección de barreras a la inversión en energía, ya no se considera al fracking como tal. Había 54 barreras arancelarias, y el fondo de la discusión era que estaban vinculadas a leyes, reglamentos y, en última instancia, a la Constitución. Pero, hasta abril de 2026, se desconocen cuáles fueron esas 54 barreras y cuántas quedan aún.

El 8 de abril de 2026 la presidenta Sheinbaum se reunió con los gerentes de BlackRock y Global Infrastructure Partners para dialogar sobre el T-MEC, nearshoring y sectores clave como infraestructura, energía y cadenas de suministro.

El 9 de abril, la titular del Ejecutivo mencionó en su conferencia de prensa, con respecto al fracking, la reunión con BlackRock y la Ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura: “ayer leí: ‘ay, es que se reunió con BlackRock y al otro día anunció el fracking’ […], como si me hubiera puesto de acuerdo con BlackRock el día anterior para anunciar al otro día […]. Es un fondo muy importante de inversión. El presidente López Obrador se reunió con él muchas veces, nosotros nos reunimos con él, como con otros fondos de inversión, para conocer lo que está pasando en el mundo, su visión sobre México y que conozcan lo que hemos planteado para el desarrollo del país”.

Es la tercera vez que se reúne con la inversora que, entre otras cosas, tiene activos en México, además del puerto de Manzanillo y financiar a Grupo México.

EU y el seguimiento a cambios institucionales en México

Desde 2019, la Oficina del Representante del Comercio de Estados Unidos en su documento “Clima de Inversiones 2019” para el caso de México delineaba lo que ya preocupaba a Estados Unidos: cambios en las instituciones autónomas del gobierno de México. En aquél entonces, la administración Trump declaró que “Los inversores están cada vez más preocupados de que la administración esté socavando la confianza en las ‘reglas del juego’, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de Cofece, CNH y CRE”.

En el sexenio de López Obrador, se recuperaron a las dos empresas estatales insignia del país, las que sobrevivieron al enorme paquete de privatizaciones del neoliberalismo: Pemex y CFE.

La recuperación implicó, para el caso de Pemex, la cancelación de las rondas de licitación privatizadoras inauguradas con la contrarreforma de 2013-2014; la construcción de una nueva refinería en Tabasco que daría mayor capacidad de refinación al país, así como la recuperación del sistema nacional de refinación que fue “chatarrizado” por los gobiernos neoliberales.

Otras políticas fueron ayudar financieramente a la dependencia con su deuda, herencia de los gobiernos prianistas que se dedicaron a endeudar a la paraestatal, además de que provocaron que dejara de explorar, producir y transformar con petroquímica, tres actividades imprescindibles en cualquier empresa petrolera. Otro elemento clave fue el combate al robo de hidrocarburos, algo que laceró profundamente a Pemex con pérdidas millonarias.

En el caso de CFE, parte de las acciones que se destacan son el fortalecimiento en inversiones, recuperación de su presencia en el mercado eléctrico y, sobre todo, renegociación de los contratos de gas suscritos con privados; algunos de ellos, leoninos por sus cláusulas, en las cuales la Comisión pagaba incluso por gas que no recibía.

Frente al conjunto de problemáticas, López Obrador propuso modificar la Ley de Hidrocarburos y de Industria Eléctrica para fortalecer ambas empresas. Las fuerzas sociales y económicas en contra, que van desde el gobierno de Estados Unidos, empresas privadas, sectores políticos –como el PRI y PAN–, hasta extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro con pensión millonaria ­–como el caso de Kenneth Dydney Smith Jacobo–, hicieron que la reforma fracasara.

El Poder Judicial, en particular el exjuez Juan Pablo Gómez Fierro, y la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación enterraron la posibilidad de fortalecerlas en 2022. Ahora, la soberanía se enfrenta, como en otras ocasiones, a poderes económicos internacionales que dominan los sectores estratégicos como el militar, farmacéutico, alimentario, financiero y energético.

Documento: barreras comerciales 2026

Aníbal García Fernández*

*Doctor, magister y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro de los grupos de trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina.