Ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 ciudadanos mexicanos, hecha por el gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró: “no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”. Sin embargo, advirtió que, de no existir pruebas claras y contundentes, las imputaciones realizadas podrían responder a motivaciones políticas.
El gobierno federal fijó su postura luego de que el Departamento de Justicia estadunidense hiciera pública la acusación ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios en activo y en retiro, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa –entre quienes se encuentran el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cazarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros exfuncionarios–.
Desde Palacio Nacional, la primera mandataria dio lectura a un comunicado en el que enfatizó que el gobierno mexicano no aceptará intervención externa en asuntos internos del país. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Subrayó que, conforme a la legislación mexicana, ninguna orden de aprehensión puede emitirse sin pruebas suficientes que permitan establecer la posible comisión de un delito.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal reafirmó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analiza la documentación “con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”.
Indicó que, de acuerdo con lo informado por la FGR, iniciará una investigación paralela “para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadunidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.
Sheinbaum Pardo subrayó que, si la FGR encuentra elementos de un delito, su gobierno procederá conforme a derecho; no obstante, si no es así, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, señaló.
Además, detalló que el gobierno mexicano tuvo conocimiento de las solicitudes desde la noche del pasado 28 de abril, fecha en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió los documentos de la autoridad estadunidense. Añadió que, al día siguiente, la dependencia remitió la documentación a la FGR para su evaluación conforme al marco jurídico nacional.
La presidenta de la República explicó que el mismo 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos y difundió un documento denominado Acusación de Reemplazo Bajo Reserva. Ello provocó un extrañamiento por parte de la SRE, al considerar que este tipo de procedimientos deben mantenerse bajo confidencialidad conforme a los tratados internacionales en la materia.
Finalmente, resumió la posición de su administración frente a este caso en tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional. Afirmó que se trata de algo insólito, pues “no había ocurrido nunca en la historia que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones, de un presidente municipal en funciones o de un senador”.
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