México carece de la capacidad institucional, financiera y normativa necesaria para regular, supervisar y contener una eventual expansión de la fracturación hidráulica –también conocida como fracking–, advierten especialistas, personas investigadoras y científicos, quienes alertan que el país no cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar los riesgos ambientales, geológicos y sociales asociados a esta industria.

La advertencia surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió el debate sobre la posibilidad de recurrir a esta técnica para la extracción de gas no convencional en territorio mexicano. Sin embargo, especialistas dicen que, más allá de la discusión sobre su viabilidad energética, el Estado mexicano enfrenta serias limitaciones estructurales para supervisar su implementación, debido a la falta de mecanismos regulatorios sólidos, infraestructura técnica especializada y la capacidad presupuestaria suficiente para vigilar y contener una industria de alta complejidad y elevado impacto socioambiental.

Entre los argumentos, el doctor en ciencias de la tierra por la Universidad de Milán e investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luca Ferrari, señaló que la explotación de hidrocarburos no convencionales supone un desafío técnico muy distinto al de la extracción convencional. Mientras un pozo tradicional puede mantener niveles relativamente estables de producción durante años, los pozos no convencionales presentan un rápido declive productivo, por lo que requieren una perforación intensiva y constante para sostener volúmenes relevantes de extracción.

“Se necesitan alrededor de 100 pozos para producir lo que genera un solo pozo convencional”, advirtió el especialista. A ello se suma que, tras apenas tres años de operación, estos pozos pueden alcanzar a producir una décima parte de su rendimiento inicial, lo que obliga a expandir continuamente la perforación y encarece exponencialmente los costos de operación. “La productividad de los campos también va cayendo en el tiempo: los sitios con mejor productividad (sweet spots) se perforan primero, por lo que la productividad por pozo baja en los años subsecuentes”.

Para el investigador, la lógica productiva exige mucho más que perforar pozos; requiere una red integral de infraestructura para abastecimiento de agua, así como para el tratamiento y disposición de fluidos residuales, almacenamiento, ductos, plantas de procesamiento, sistemas de monitoreo ambiental y personal altamente capacitado para operar y supervisar cada etapa del proceso.

Sin embargo, ante este escenario, académicos advirtieron que el país carece de buena parte de esa infraestructura, particularmente en regiones con potencial para el desarrollo de gas no convencional, ubicados al norte del país, como es la Cuenca de Chihuahua, la Cuenca de Sabinas y la Cuenca de Burgos. Por ello, construir una infraestructura para extraer gas no convencional implicaría una gran inversión millonaria adicional al costo de perforación.

Es así como la viabilidad del proyecto recae inevitablemente en la capacidad financiera y operativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que, según analistas, enfrenta limitaciones presupuestarias y un nivel de endeudamiento que dificultará encabezar, por sí sola, una expansión masiva del fracking. Y es que las estimaciones presentadas durante el análisis indican que un escenario inicial de desarrollo requeriría inversiones de entre 24 mil y 42 mil millones de dólares únicamente para perforación, monto que rebasa el presupuesto operativo anual destinado a hidrocarburos. A ello, habría que sumar costos asociados a plantas de tratamiento, redes de gasoductos, infraestructura de disposición de residuos y sistemas de control.

De acuerdo con el doctor en economía por la Universidad de Austin, Texas, José Antonio Romero Tellaeche, la actual situación financiera de Petróleos Mexicanos es “crítica”, pues en 2025 la empresa estatal cerró con una deuda de 84 mil 500 millones de dólares. Tanto esta situación como la presión con proveedores, vencimientos, necesidades de inversión y la dependencia de apoyos públicos difícilmente podrían contribuir a la ejecución de una expansión masiva del gas no convencional a cargo exclusivamente del Estado mexicano.

Ante este escenario, Romero señala que se vislumbra una gran participación del sector privado en la fracturación hidráulica, particularmente de las empresas ligadas al mercado estadunidense –como ExxonMobil, Chevron Corp y EQT Corporation–, quienes por décadas han impulsado este tipo de técnica, bajo una tecnología que aún contempla cantidades millonarias de recurso hídrico. Y es que, cálculos de los académicos indican que para un pozo fracturado se podría requerir entre 8 y 80 millones de litros de agua, esto según el número de fracturas realizadas por cada pozo.

“Si México decidiera explotar gas no convencional con una empresa pública fortalecida, capacidades tecnológicas propias, transparencia ambiental y control territorial, financiamiento público suficiente y una estrategia clara de transición energética, el debate sería uno. Pero si lo hace con un Pemex debilitado, bajo presión financiera, dependiendo de socios privados, usando a la academia como un aval y en medio de una negociación comercial marcada por la seguridad económica norteamericana, entonces el debate es otro”, dijo el académico y también exdirector del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos, se prevé intensificar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en nuevas áreas, con el objetivo de incrementar las reservas y recursos durante esta década. En este sentido, el doctor Luca Ferrari explicó que la estrategia de exploración busca elevar la incorporación de reservas para mantener una relación reserva-producción de al menos 10 años.

Para ello, detalló, se continuará con la exploración en las asignaciones actuales para materializar el potencial remanente; se solicitarán nuevas áreas para acceder a recursos prospectivos y fortalecer la cartera; y se reactivará la evaluación de yacimientos de geología compleja y áreas frontera mediante esquemas contractuales que permitan la participación de inversión privada.

Este planteamiento coincide con lo expuesto por el economista José Romero Tellaeche: “Si México decidiera avanzar hacia una explotación intensiva de gas no convencional, tendría que recurrir a empresas extranjeras con experiencia, capital y tecnología ya desarrollada, principalmente a las firmas estadunidenses asentadas del otro lado de la frontera”.

Para los académicos, este tipo de política energética no favorece necesariamente a la soberanía nacional –tal como lo ha planteado Sheinbaum Pardo–, pues la arquitectura del proyecto descansaría en capital, tecnología y la capacidad operativa que el Estado mexicano no controla plenamente.

“La soberanía energética no consiste solo en que el recurso se encuentre bajo el subsuelo nacional, tampoco consiste en que México conserve formalmente un área contractual o aparezca como operador nominal. La soberanía consiste en capacidad material de decisión, capacidad de financiar, operar, regular, planear, sancionar, orientar y capturar los beneficios de un sector estratégico; aun cuando esa capacidad depende del capital externo, tecnología externa, equipos externos, financiamiento externo y criterios de rentabilidad definidos fuera del Estado mexicano”, sostuvo Tellaeche.

Marco regulatorio laxo en fracking

A las limitaciones técnicas y financieras se suma un rezago normativo que, para especialistas en gestión ambiental, vuelve inviable cualquier expansión de la fracturación hidráulica bajo las condiciones institucionales actuales del país. Con ello, advierten que una regulación laxa, tal como actualmente está concebida en el marco constitucional, podría traducirse en mayores riesgos de contaminación para los territorios donde se instale esta actividad, así como en afectaciones potenciales a la salud de las comunidades. Además, señalan que la falta de controles específicos coloca al país en una posición de vulnerabilidad, incluso desde la propia asignación de contratos. Ello, al no contar con criterios jurídicos suficientemente estrictos para garantizar obligaciones claras de prevención, monitoreo, reparación del daño y protección ambiental.

Un ejemplo del panorama actual es el que expone la maestra en ciencias e investigadora en toxicología, Yolanda Pica Granados: “No tenemos nada en relación a criterios técnicos de seguridad para la construcción del fracking, para restricciones de uso de los aditivos químicos, para el manejo del tratamiento y disposición y para la calidad de las aulas de retorno. No hay nada al respecto. Lo único que se está haciendo es adaptar las normas que hay para la producción convencional al fracking, pero sí hay cosas que deben ser particularizadas”.

Durante su participación, recordó que entre 2013 y 2015 un grupo de más de 30 especialistas de instituciones académicas y dependencias federales elaboraron documentos técnicos “orientados a sentar las bases de una regulación rigurosa para la extracción hidráulica”. Entre ellos destaca la Guía de criterios ambientales para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas, coordinada desde la entonces Subdirección de Energía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, estos esfuerzos, dijo, quedaron reducidos a instrumentos orientativos sin carácter vinculante, lo que revela la ausencia de voluntad política para construir un marco jurídico capaz de regular de manera estricta una actividad con elevados riesgos toxicológicos, laborales y ambientales.

“Lo que existe en México son lineamientos mínimos, no una regulación integral”.

Actualmente, el único instrumento específico vigente para la regulación del fracking son los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, emitidos por la Comisión Nacional del Agua, los cuales fueron reformados en 2017.

No obstante, para Pica Granados, ese marco resulta claramente insuficiente, pues no establece controles robustos sobre aspectos críticos como la integridad estructural de los pozos, la trazabilidad de los compuestos químicos utilizados, el monitoreo permanente de acuíferos, el tratamiento y disposición final de aguas de retorno, ni mecanismos eficaces de inspección, sanción y reparación del daño.

El problema es de fondo. Para la investigadora, la complejidad técnica de la fracturación hidráulica exige forzosamente capacidades institucionales que el país aún no ha desarrollado. Pues cada pozo, señaló, puede requerir volúmenes de agua equivalentes a entre 30 y 60 albercas olímpicas; y una parte importante de ese líquido retorna mezclado con sales, hidrocarburos, metales pesados, aditivos químicos e incluso materiales radiactivos presentes en las formaciones geológicas profundas.

“El no tener regulación nos pone en un riesgo incluso para la asignación de contratos adecuados donde se prevea la conservación del ambiente y de la salud. Entonces sí, es importantísimo avanzar en la construcción de un marco regulatorio. Construir ese marco nos va a permitir dimensionar la pertinencia en realidad de hacer o no el fracking, porque ahí veremos los detalles, dónde hay que gastar y qué gastar, y cómo el país se tiene que organizar”.

De acuerdo con la investigadora, los principales riesgos de contaminación se concentran en la posible fractura o deterioro de los recubrimientos del pozo, las fugas durante el almacenamiento y transporte de aguas residuales, las deficiencias en su tratamiento y la eventual infiltración de contaminantes hacia acuíferos. En ese sentido, señala la urgencia de fortalecer progresivamente la supervisión ambiental para corregir fallas operativas y vacíos regulatorios detectados durante los primeros años de expansión.

En ese sentido, Pica Granados recordó que incluso en Estados Unidos fue necesario un proceso gradual de fortalecimiento regulatorio para corregir fallas operativas y vacíos normativos detectados durante los primeros años de expansión del fracking. Y es que recordó que, hasta antes de 2012, la capacidad de intervención de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) era limitada; fue solo tras múltiples incidentes ambientales que se consolidó una estructura de supervisión, monitoreo, verificación y sanción más estricta.

“En México estamos en pañales. Y en Estados Unidos hasta el 2012 o 2013, la EPA tenía las manos atadas para intervenir en los controles ambientales. […] Y hoy en día cada operador tiene la obligación de reportar al gobierno qué usó, qué sustancias usó, cuánta agua usó para que entonces se puedan definir si los tratamientos o estrategias de atención son pertinentes”.

Ante este contexto, el economista José Romero Tellaeche advirtió que el debate sobre el fracking no puede reducirse a una discusión técnica sobre reservas disponibles o capacidad extractiva. La pregunta de fondo, sostiene, es quién controlará efectivamente el desarrollo de esa eventual expansión; quién pondrá el capital, quién operará la tecnología, quién absorberá los costos ambientales y quién tomará las decisiones estratégicas sobre el sector.

“México puede producir más gas y, aun así, terminar decidiendo menos. Esa es la paradoja del debate”, resume el economista. A su juicio, el verdadero dilema no está entre seguir importando hidrocarburos o extraerlos en territorio nacional, sino entre construir capacidades públicas propias o sustituir una dependencia externa por otra de carácter tecnológico, financiero y operativo.

“¿Quién pondrá el dinero? ¿Quién controlará la tecnología? ¿Quién operará los proyectos? ¿Quién asumirá los costos ambientales? ¿Y quién tendrá la capacidad efectiva de decidir sobre los recursos estratégicos? El debate se presenta como si México tuviera que escoger entre seguir importando gas natural de Estados Unidos o producirlo en territorio nacional mediante fractura hidráulica. Esa es una falsa alternativa. El dilema real no está entre importar o producir, está entre construir capacidades nacionales o sustituir una dependencia por otra”.

Así, mientras especialistas advierten vacíos regulatorios, rezagos institucionales y limitaciones presupuestales de Petróleos Mexicanos, el eventual giro hacia la fracturación hidráulica reabre el debate, si es que se tratará de una ruta hacia la soberanía energética o a una nueva forma de integración “subordinada al reordenamiento energético” de América del Norte, esto en el marco del Tratado del Libre Comercio (T-MEC).

“El debate sobre el fracking no puede separarse del T-MEC, no porque exista necesariamente una instrucción escrita para que México fracture su subsuelo, sino porque la reconfiguración industrial de Norteamérica genera presiones para garantizar energía, ordenar cadenas y asegurar suministros”, cuestiona Romero Tellaeche.

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