Comunidades mayas, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos exhortaron a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a votar a favor del proyecto de resolución del amparo en revisión 451/2025, al considerar que su aprobación representaría un paso fundamental para proteger los derechos indígenas y al medio ambiente frente a la expansión de la industria porcícola en Yucatán.

El asunto fue enlistado con el número 30 para su discusión el día de hoy; sin embargo, al inicio de la sesión del alto tribunal se anunció que quedaría en lista, lo cual significa que se discutirá en otra sesión sin fecha definida.

Durante una conferencia de prensa, las organizaciones advirtieron que el proyecto podría sentar un precedente clave en materia de consulta previa, libre e informada para pueblos originarios.

El caso revisa la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22 emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán para regular la operación de granjas porcícolas en la entidad, y la cual fue aprobada sin consulta a las comunidades mayas.

Al respecto, Roberto Sánchez, cofundador de Kanan Derechos Humanos, explicó que el proyecto, a cargo de la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías, resulta particularmente relevante porque permitirá definir si el gobierno estatal vulneró derechos colectivos del pueblo maya al emitir dicha regulación sin consultar a las comunidades afectadas.

Narró que, de acuerdo con un análisis de las propias autoridades, más de 500 megagranjas porcícolas operan a lo largo de la península de Yucatán, de las cuales menos del 20 por ciento tenían los permisos para operar.

Las organizaciones señalaron que la propia norma reconoce la presencia de granjas porcícolas en 50 de los 100 municipios de Yucatán, lo que evidencia una contradicción al no haberse realizado un proceso de consulta directa con las poblaciones impactadas.

Asimismo, recordaron que la disposición fue publicada en diciembre de 2022 por el entonces gobierno encabezado por Mauricio Vila Dosal, sin garantizar mecanismos adecuados de participación indígena pese a los impactos ambientales, sociales y culturales asociados con la expansión de las megagranjas en la península de Yucatán.

Entre las principales afectaciones denunciadas se encuentran la contaminación del agua, daños al territorio, riesgos a la salud y afectaciones a la vida comunitaria.

Matilde Dzib, habitante de la comunidad de Kinchil, expuso que la presencia de estas empresas ha deteriorado significativamente la calidad de vida de las comunidades. Relató que las familias conviven diariamente con plagas de moscas, malos olores y afectaciones directas a sus cultivos y a la producción de miel, una de las actividades económicas tradicionales de la región.

Ante la publicación de la norma, representantes del Consejo Maya del Poniente Chikin Ja y Kanan Lu’um Mo’, con el acompañamiento de Kanan Derechos Humanos, promovieron un juicio de amparo para impugnar su validez.

Sin embargo, denunciaron que el Poder Judicial federal en Yucatán desechó inicialmente la demanda con argumentos que calificaron como “inconstitucionales y arbitrarios”, por lo que interpusieron un recurso de revisión que posteriormente fue atraído por la Suprema Corte.

Las comunidades señalaron además que, pese a la existencia del litigio, el actual gobierno estatal encabezado por Joaquín Díaz Mena continúa aplicando la norma cuestionada. Frente a este escenario, las organizaciones emitieron un pronunciamiento con un firme llamado a la SCJN, para emitir una resolución que garantice los derechos colectivos del pueblo maya y fortalezca los estándares de protección ambiental y consulta indígena.

Entre sus principales demandas se encuentran: ordenar al Gobierno de Yucatán realizar un proceso de consulta indígena respecto de la Norma Técnica Ambiental; establecer la consulta previa como requisito indispensable para la apertura, regularización y abandono de megagranjas porcícolas; y reconocer la legitimidad de los representantes comunitarios para promover acciones legales en defensa de los derechos colectivos.

“Ministros y ministras, este amparo en revisión es una oportunidad para hacer algo frente al desastre socioambiental de la península. Les exigimos que con su decisión garanticen los derechos del pueblo maya peninsular. No sean cómplices de la impunidad ambiental generada por los jueces y magistrados del Poder Judicial federal en Yucatán, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del Gobierno del Estado y del empresariado porcícola”, expresaron las organizaciones firmantes.