El pasado 1 de julio venció el plazo para prorrogar por 16 años el T-MEC. Previo a ello, se hicieron revisiones por separado entre México y Estados Unidos, y Canadá y Estados Unidos, pero el gobierno de Donald Trump decidió que el acuerdo trilateral se extienda por una década, y cada año se someta a revisión en ciertos puntos que causen diferencias entre los países.
Esto es coherente con la estrategia del imperialismo estadunidense que, en el segundo gobierno de Donald Trump, ha jugado con la introducción de incertidumbre estratégica. Desde el “día de la liberación”, el 2 de abril de 2025, la administración trumpista impuso de forma unilateral aranceles a diversos países por supuesta “injusticia comercial”, que consiste básicamente en denunciar los déficits comerciales que Estados Unidos tiene con esos países.
Desde entonces, y con México en particular, se ha impulsado desde el régimen estadunidense una dinámica de anunciar aranceles, condicionar su aplicación a una agenda que no necesariamente es comercial, como es el caso de exigir reformas en seguridad o migración, y luego, en función de si el gobierno del país presionado satisface o no los requerimientos, dejar o no los aranceles previamente anunciados.
En 2025 –lo dijo el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard– ha habido cerca de 55 requerimientos previos a las rondas de negociación del T-MEC. Algunos se atendieron y otros no. Este año, dicha lista para “hacer feliz a Trump” subió 10 más. Esa es la dinámica del gobierno de Trump hacia México: entregar requerimientos, amenazar con aranceles, y en función de qué tanto se logran los objetivos, los dejan o los quitan. Pero lo que es un hecho es que los aranceles llegaron para quedarse, porque son una parte estructural del proyecto económico del dirigente estadunidense: el nacionalismo económico.
El nacionalismo económico no solo es un eslogan que se presentó en la campaña de 2024 de Trump, sino que ya es parte fundamental de la estrategia de seguridad nacional de su gobierno que se publicó en noviembre de 2025, en el cual se habla de la necesidad de reindustrializar a la nación. Esto es traer de vuelta el capital industrial transnacional que estaba situado en lo que se conoce como el “cinturón de óxido” (rust belt), que en la actualidad sufre de estancamiento económico, desempleo y decadencia moral. El régimen de Trump busca generar mayor incertidumbre a esas empresas industriales y mayores costos para desincentivar su permanencia en lugares como México. Trump quiere de vuelta, en su país, la totalidad de las cadenas de valor de las industrias automotrices, electrónicas, de acero, de aluminio y de electrodomésticos, para así fortalecer su sector manufacturero, dinamizar su economía nacional, disminuir los déficits comerciales que son provocados por el comercio intrafirma, y generar un mayor control estratégico de su gobierno sobre sectores industriales de tecnología de punta, como son la inteligencia artificial, los automóviles eléctricos, electromovilidad y biotecnología.
En todo ese proyecto de nacionalismo económico, donde además se cita a uno de los “padres fundadores” del país vecino del norte, Alexander Hamilton, se apela al uso estratégico de los aranceles, el desarrollo de la industria nacional propia en territorio estadunidense –lo que ellos llaman mainland–, así como el asegurar el acceso a cadenas de suministros de materias primas estratégicas, como tierras raras, minerales, petróleo, gas natural, entre otros. El punto es que la reindustrialización de Estados Unidos pasa por la desindustrialización del sector exportador de las manufacturas mexicanas, donde lo que hay, de fondo, no es tanto un conflicto contra la economía mexicana en sí misma, sino un intento por forzar la relocalización del propio capital industrial transnacional al interior de las fronteras estadunidenses.
En este contexto, el mensaje del gobierno de Trump tiene un elemento dirigido al capital industrial transnacional y es el siguiente: si quieren aprovechar el mercado estadunidense, deben producir sus mercancías en Estados Unidos. Y esto implica, evidentemente, la búsqueda de replantear la propia producción, distribución, intercambio y consumo dentro del propio capitalismo mundial: asumir que la producción capitalista de mercancías se hace dentro de una globalización posneoliberal. Una globalización que seguirá en tanto integración económica, pero regida no por las reglas del libre comercio, sino por el neoproteccionismo selectivo.
Así, en el proyecto económico del trumpismo no hay incentivo alguno para ratificar un acuerdo de libre comercio, como el T-MEC por otros 16 años, precisamente porque la incertidumbre estratégica y los costos adicionales introducidos por el gobierno de Trump son para domesticar al capital industrial transnacional. La administración estadunidense, como expresión de lo que Marx llamó “bonapartismo”, se presenta como un gobierno que está por encima de las clases sociales, incluido el capital, y que busca “compartir” los beneficios con la clase trabajadora. De ahí que le convenga mantener los aranceles como una herramienta política para presionar al capital industrial transnacional, a gobiernos de otros países para someterlos a la agenda política de Washington –los “requerimientos” que hacen feliz a Trump–, y negociar con cada país por separado para aprovechar todas las asimetrías de poder. Los aranceles, así, son también una herramienta de negociación funcional a una diplomacia no convencional.
En el fondo, la incertidumbre anual que se genera con el T-MEC le es funcional al imperialismo de Estados Unidos, en su etapa posneoliberal y posfascista, para mantener el control de sus “socios comerciales”, mantener la tensión para presionar al gobierno de México a cumplir una agenda. Y de forma electoral también tiene su funcionalidad, pues el trumpismo busca generar una apariencia en sus propias bases sociales, la clase trabajadora blanca y el capital alineado con el trumpismo, de que se sigue luchando en contra del “globalismo”. Es decir, el capital industrial transnacional que relocalizó parte de su producción industrial en México para formar maquiladoras.
El tejido industrial que se creó durante la etapa neoliberal en México fue parte de lo que sus promotores llamaron “industrialización orientada a las exportaciones”, la cual reemplazó al proceso por sustitución de importaciones que duró de 1929 a 1982. Sin embargo, con el trumpismo queda claro que esta industrialización neoliberal, en manos, sobre todo, de empresas multinacionales, está en crisis. Ya lo vemos con los anuncios recientes de Toyota sobre relocalizar parte de su producción que ahora está en la frontera norte de México, al interior de Estados Unidos en 2030.
Mientras tanto, la pregunta para México es qué hacer en este contexto. Y la respuesta es lo que ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho y hecho: construir más y más soberanía económica en nuestro país. Y, en un mundo multipolar, diversificar la economía. Por eso se vuelve fundamental que haya una industrialización en México, pero diferente a la neoliberal, donde el sector exportador de las manufacturas esté en manos nacionales. Esta nueva industrialización debe ser coherente con los principios del humanismo mexicano y la economía moral, donde los empresarios mexicanos inviertan en el país para fortalecer más la economía mexicana.
Josafat Hernández*
*Profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios en el Centro de Investigación y Docencia Económicas
