La Unidad de Inteligencia Financiera incorporará a 32 personas a la Lista de Personas Bloqueadas como parte de las investigaciones contra una red de corrupción y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en Morelos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De acuerdo con el funcionario federal, la medida contempla a 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con estructuras de protección institucional, que habrían trabajado en favor de Júpiter Araujo Benard, alias Barbas, operador regional del Cártel de Sinaloa al oriente de la entidad.
García Harfuch explicó que entre los señalados se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente relacionados con actividades ilícitas y con el otorgamiento de facilidades de operación al grupo criminal.
Reveló que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas también alcanza a 10 objetivos prioritarios, integrantes de su círculo familiar, así como empresas que presentan indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo investigado por las autoridades federales.
El secretario de Estado señaló que estas acciones forman parte de la estrategia federal de combate a la corrupción, impunidad y redes de protección institucional vinculadas con organizaciones criminales.
Indicó que el objetivo es desarticular no solo a los grupos delictivos, sino también sus estructuras financieras y de apoyo político. Asimismo, reconoció la colaboración de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, perteneciente a la Fiscalía General de la República, cuya participación fue fundamental para el desarrollo de los operativos y la integración de las carpetas de investigación.
“El trabajo ministerial, técnico y jurídico permitió fortalecer las investigaciones, integrar los elementos necesarios y obtener los mandamientos judiciales que hoy hacen posible avanzar contra estructuras delictivas y redes de protección institucional”.
Finalmente, García Harfuch aseguró que todas las acciones se realizan con apego a la ley y bajo el objetivo de evitar la impunidad en casos relacionados con delincuencia organizada y corrupción de servidores públicos.
