Despacho LBR –ligado al PAN– y GCAM impulsan injerencia de EU en México

Despacho LBR –ligado al PAN– y GCAM impulsan injerencia de EU en México

Los fundadores del despacho de abogados León Barrena Rodríguez & Partners –ligados al panista Santiago Creel Miranda y a una red empresarial asociada– y la firma estadunidense Grey Catalyst Asset Management (GCAM) están detrás de una de las más severas campañas de desinformación contra la presidenta Sheinbaum y los gobiernos que encabeza Morena, con el objetivo de alentar el injerencismo de Estados Unidos en nuestro país. Una investigación de los órganos de inteligencia mexicanos –abierta como parte de la atención a las amenazas a la seguridad nacional– revela que dichos fundadores tienen negocios empresariales en México, Estados Unidos y Argentina. Además, en el caso de GCAM, sus intereses alcanzarían al grupo Caliente: uno de los hijos del dueño y también político priísta Jorge Hank Rhon, identificado únicamente como J Hank Rhon III, es observador independiente de la firma basada en San Francisco, California, y en Zapopan, Jalisco. Entre las mentiras que han diseminado destaca la de una supuesta investigación del Departamento del Tesoro contra una institución financiera mexicana por lavado de dinero para el narcotráfico, misma que fue desmentida

Una investigación de los órganos de inteligencia mexicanos –abierta como parte de la atención a las amenazas a la seguridad nacional– revela que los fundadores del despacho de abogados León Barrena Rodríguez & Partners y la firma estadunidense Grey Catalyst Asset Management (GCAM) están detrás de una de las más severas campañas de desinformación y propaganda negra contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los gobiernos que encabeza el Partido Morena. Su objetivo: alentar el injerencismo de Estados Unidos en México.

Se trata de Mark Anthony Rodríguez, Mauricio Andrés Peña Barrena y Miguel Ángel León Urzúa, quienes operan desde San Francisco, California; Zapopan, Jalisco, y Ciudad de México; además, mantienen nexos empresariales y políticos con el panista Santiago Creel Miranda, e interese empresariales en Estados Unidos, México y Argentina. Los jóvenes –de ideología de derecha con corte fascista– abiertamente apoyan el intervencionismo del gobierno estadunidense, e incluso alientan un golpe de Estado, para lo cual forman parte de una red mediática de diseminación de mentiras.

La información de inteligencia revela que, a pesar de no rebasar los 30 años, mantienen vínculos empresariales que no serían acordes con su origen económico. Por ejemplo, Mark Anthony Rodríguez y Mauricio Andrés Peña Barrena están asociados en GCAM –propietaria a su vez de las firmas 9ED-GCAM y DEG + Partners, dedicadas al negocio inmobiliario–. En Grey Catalyst Asset Management tienen otros asociados: Ulises Acosta, Diana Samaniego –quien también opera la diseminación de mentiras sobre México–, Fernanda Orrantia, Jeremy Rodríguez, y uno de los hijos de Jorge Hank Rhon y heredero del negocio de apuestas Caliente –actualmente bajo investigación de la OFAC: J Hank Rhon III.

A su vez, Rodríguez y Peña Barrena son socios de Miguel Ángel León Urzúa en el despacho de abogados León Barrena Rodríguez & Partners, LLP (empresa con nombre de marca LBR). Mientras que Peña Barrena y León Urzúa se vinculan con los argentinos Maximiliano Adrian Wutzke y Mariana Paula Grigoni Iriart, en la empresa Maxi Fire.

Tanto GCAM como LBR patrocinan campañas de desinformación y propaganda negra contra México en redes sociales, y a través de un informe diario (newsletter) que elaboran supuestamente con acceso a fuentes gubernamentales estadunidenses de alto perfil, y que distribuyen a través de una cuenta en la plataforma Substack.

León Barrena Rodríguez & Partners, LLP, se fundó apenas a finales de 2025. Según los accionistas –únicos rostros visibles de la firma–, se trata de la evolución de un negocio previo denominado Oudbound México (dedicada a operaciones de inmigración), donde participaban Mauricio Andrés Peña Barrena y Miguel Ángel León Urzúa, junto a Begoña Legarrea Cervantes y Javier Acuña de la Torre, todos egresados del ITAM. León Urzúa, por ejemplo, se graduó apenas en 2024.

La primera comunicación oficial de LBR en la red social X –donde la mayoría de sus mensajes está redactado en inglés– deja al descubierto de manera franca su objetivo de promover el intervencionismo en México: escrita el 3 de enero de 2026, horas después del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a manos de agencias estadunidenses: “A medida que amanece 2026 con la dramática remoción y captura de Nicolás Maduro, liderada por Estados Unidos en una operación militar de precisión el 3 de enero, América Latina ingresa en una era transformadora definida por la proyección decisiva de poder y la restauración de mandatos democráticos [sic]. El régimen chavista, arraigado durante mucho tiempo, ha colapsado bajo ataques dirigidos, allanando el camino para que los líderes de la oposición reclamen el futuro de Venezuela y desbloqueen sus vastas reservas de petróleo para la dominación norteamericana. Esta es la nueva realidad del hemisferio, una en la que la historia, el realismo y un poder inquebrantable se han reafirmado, poniendo fin a décadas de declive socialista y autoritarismo habilitado por el narcotráfico. En LBR estaremos a la vanguardia de esta renovación, guiando a las partes interesadas a través del complejo panorama legal, de políticas y estratégico, mientras defendemos los mercados libres, la seguridad y la alineación con una fuerza decisiva y un cambio contra la corrupción y el estancamiento persistentes. Este es un mundo que México, bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, se niega obstinadamente a reconocer, aferrándose a principios obsoletos de no intervención mientras condena precisamente las acciones que liberaron a millones de la tiranía. Nada permanece igual: La debilidad invita al caos, y la fuerza entrega el cambio. Ninguna nación, desde Caracas hasta Ciudad de México, se librará de las consecuencias de este rugiente regreso a la realpolitik. Presten atención. La marea ha cambiado, y la historia no esperará a quienes vacilan”.

Redes empresariales y ligas con Creel

La investigación de los órganos de inteligencia revela que dos de los socios de LBR y GCAM –Peña Barrena y León Urzúa– están conectados con intereses empresariales y políticos del panista Santiago Creel Miranda. La información apunta que el nexo de Peña Barrena es a través de su sociedad en una empresa denominada Iurexa, SA de CV, que mantiene junto con David Reséndiz Contreras, Arturo Téllez Bautista y Luis Ramiro Ortiz Miranda –quien figura como apoderado legal–.

El entramado con el que se conecta Iurexa es a través de Ortiz Miranda, y de quien las autoridades de inteligencia apunta un posible parentesco con Creel Miranda: éste es socio en otras 22 compañías: Moderna MD, SA de CV; Alloxentric de México, SA de CV; Kinesis Tech Mx, SRL de CV; Plateau MX, SA de CV; Propeople Car México, SA de CV; Veto Global Sourcing México, SA de CV; y la Sofom Veto Global Sourcing México, SA de CV SOFOM ENR; Getjusto México Team, SA de CV; Oyster Mexico Team, SA de CV; Molkem Mexico, SA de CV; MGM Tecno, SA de CV; Aparicio Schlesinger Ventures, SA de CV; Expansión Civil MX, SA de CV; Sempiternus Tech, SAPI de CV; Luupa Technologies México, SA de CV; JPSH Equity, SA de CV; Clearview Diagnostica AI, SRL de CV; Ktapult México, SA de CV; Saludconecta Technologies, SAPI de CV; Poder Justo, SAPI de CV; Oyster Escrow, SA de CV; y Paypaga México, SA de CV.

Y en el caso de León Urzúa, la investigación arroja que su liga se dio a través del despacho Gastélum Abogados, SC, presidido por Bruno Gastélum Glender, hijo del ya fallecido Jorge Isaac Gastélum Miranda, quien era primo de Santiago Creel Miranda. En ese bufete, el socio de LBR fue consultor entre 2021 y 2022.

Tomada de Facebook

Las campañas de guerra sucia

Entre enero y mayo de 2026, las firmas León Barrena Rodríguez & Partners y Grey Catalyst Asset Management han participado en varias campañas de desinformación y propaganda negra. Entre las mentiras que han diseminado destaca la de una supuesta investigación del Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, contra una institución financiera mexicana por lavado de dinero para el narcotráfico. Esta fue desmentida.

Pero no sólo se trata de indicar falsamente que existía una investigación contra un banco relevante de México, sino agregar que esto generaría inestabilidad económica, por lo que también se alienta a las inversiones extranjeras a retirarse del país o a no llegar.

Además, han tratado de golpear la red consular mexicana en Estados Unidos, al advertir –sin pruebas– supuestos hechos de corrupción. Su narrativa incluye apuntes sobre falta de gobernanza y una supuesta debilidad de la presidenta Sheinbaum.

Asimismo, se centra en campañas que apuntalan la narrativa de los narcogobiernos, alentada desde agencias estadunidenses como la DEA y la CIA. Ello, no sólo en el contexto de las acusaciones del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, sino también contra la propia presidenta Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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