México –al igual que América Latina en su conjunto– enfrenta hoy una ofensiva injerencista que pretende normalizar lo inaceptable: que las élites económicas amparadas por el gobierno estadunidense sean las que tracen los rumbos que debemos seguir.

Ante ello no cabe la ambigüedad. No hay espacio para la complacencia. Y menos aún para las y los economistas que, por omisión o conveniencia, renuncian a su función social, la cual está plasmada en los escritos del maestro Jesús Silva Herzog (el abuelo, por supuesto), fundador de la licenciatura de economía en nuestro país, quien fue muy claro al afirmar que los economistas tenemos, además de las obligaciones comunes de todo mexicano, deberes de mayor exigencia con nuestro país y con la humanidad.

No somos simples contadores de cifras, ni técnicos al servicio del mercado; nuestra función social es ser guía y arquitectos de pueblos. Guía porque sin rumbo claro no hay desarrollo posible; arquitectos porque la economía no es una ciencia abstracta, es la estructura material sobre la que se edifica o se destruye la dignidad de una nación.

Recordar el sentido de nuestra disciplina siempre es oportuno, y más cuando desde Contralínea se ha documentado la intención por parte de las élites económicas mexicanas de normalizar la idea de que otro país pueda intervenir en asuntos nacionales –como dictar quién es culpable y quién no– al margen de las leyes que hemos construido desde nuestra independencia política. Por eso debemos ser muy claros: la injerencia, por más que la envuelvan en discursos de buena vecindad, es incompatible con la soberanía; es incompatible con la independencia; es incompatible, en última instancia, con la democracia.

México es un país libre, independiente y soberano. Esta condición la logramos hace más de dos siglos, la pagamos con sangre, y la reafirmamos posteriormente con la expulsión de imperios que se creían invencibles. Nuestra historia no es un adorno romántico, es la memoria que nos obliga a mantener la cabeza en alto, porque la geopolítica no es un destino ineludible.

Ser vecinos de Estados Unidos es un hecho geográfico; subordinarnos a sus designios imperialistas es una opción política que debemos rechazar con la misma energía con la que nuestros antepasados rechazaron el señoreaje y el vasallaje; con la que hace 8 años emprendimos un proceso de transformación que busca precisamente romper con la lógica de una economía periférica. También, a través de la recuperación del control estratégico de nuestros recursos productivos (naturales y humanos) en aras de construir un Estado que trabaje en favor del interés público. Esto es la base de nuestra apuesta por la independencia económica, sin la cual la independencia política es letra muerta.

Es comprensible que a los representantes de la clase capitalista transnacional –esa que no muestra simpatía por nuestros logros históricos– les cueste reconocer que nuestro país ya no acepta ser proveedor de fuerza de trabajo barata y de materias primas. Lo que aún falta por analizar es la complicidad interna que tienen estos intereses, pero estoy convencida de que los historiadores del porvenir no serán indulgentes con quienes –desde los medios, desde las aulas o desde las oficinas del Estado– están justificando la demora de la caída del imperio estadunidense.

Máxime si hoy tenemos más claro que nunca que el gobierno de Estados Unidos amplía su maquinaria de guerra con recursos que provienen de bancos a los que no se les cuestiona ni la más elemental aplicación de principios democráticos. Financian portaviones, armamentos, ocupaciones, y lo hacen mientras hablan de democracia. Esa contradicción no es un error retórico, es síntoma de una corrupción moral profunda, una corrupción que solo podrá superarse con el rebase de la moral neoliberal capitalista y con una nueva organización social mundial, fundada en la auténtica democracia económica y en la justa distribución de la riqueza en favor de las naciones soberanas.

Ante este escenario, las y los economistas mexicanos tenemos una responsabilidad ineludible. No podemos quedarnos en el análisis académico descomprometido ni en la consultoría que ignora las consecuencias sociales de sus recomendaciones. Debemos organizarnos, fortalecer los principios de solidaridad a partir de la comunidad de intereses nacionales, y dirigir con inteligencia la política industrial. Debemos formar un solo frente de defensa de nuestra indiscutible legitimidad, porque la defensa de la soberanía no es solo un acto de fuerza moral, sino que está respaldada en nuestra riqueza natural, en nuestro pueblo trabajador y en la certeza de que ya vencimos a imperios antes.

Motivante fue leer la semana pasada el recordatorio que Andrés Manuel López Obrador le hizo a Donald Trump respecto a que hay una grandeza superior a las ventajas económicas: la de luchar por los ideales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sabido representar muy bien la dignidad del pueblo mexicano, un pueblo que aprendió a tener la cabeza en alto para descubrir nuevas constelaciones.

Ahora nos toca a los economistas cumplir con nuestro deber. No hay espacio para la pasividad, no hay espacio para la renuncia. Solo hay dos caminos: la resignación o la organización. Y entre ambos, la elección debe ser clara.

Carolina Hernández Calvario*

*Académica de la UAM Iztapalapa. Licenciada y doctora en economía (Facultad de Economía, UNAM). Maestra en estudios latinoamericanos (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). Su campo de especialización es en economía política.

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