La iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio fue enviada este miércoles al Congreso de la Unión con el propósito de homologar en las 32 entidades del país la definición de este delito, los protocolos de investigación, las sanciones y las medidas de atención y reparación para las víctimas.

La propuesta fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia presidencial y busca fortalecer el combate a la impunidad y evitar que los feminicidios sean investigados bajo criterios distintos según la entidad federativa.

Entre los principales cambios, la iniciativa establece una definición única de feminicidio al señalar que incurre en este delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Asimismo, incorpora diez circunstancias que permitirán acreditar esas razones, entre ellas la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delitos motivados por prejuicios o estereotipos de género y contextos de asimetría de poder.

La presidenta explicó que la propuesta busca garantizar que todas las fiscalías del país investiguen estos casos bajo los mismos criterios y reducir al máximo que sean clasificados como suicidios u otros delitos. “Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio […] y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que la iniciativa contempla penas de 50 a 70 años de prisión, además de 19 agravantes que incrementarían la condena hasta en una mitad, cuando la víctima estuviera embarazada, viviera con discapacidad, fuera periodista, defensora de derechos humanos o persona migrante; cuando el responsable sea una persona servidora pública o cuando existan actos de violencia extrema, como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Además de la pena de prisión, quienes sean sentenciados perderían derechos sucesorios, la tutela, la curatela, la guarda y custodia, así como la patria potestad. En caso de desempeñar un cargo público, también serían destituidos e inhabilitados para ejercer funciones en el servicio público.

La propuesta también establece que el delito de feminicidio, las sanciones y la reparación del daño sean imprescriptibles, por lo que no procederán amnistías, criterios de oportunidad, libertad condicionada ni conmutación de penas.

En materia de investigación, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la iniciativa obliga a que todos los casos sean investigados con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto, preservación adecuada de indicios y coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Asimismo, dispone que la Fiscalía Especializada y el Ministerio Público que inicien una investigación deberán intervenir de manera continua durante todas las etapas del procedimiento penal, desde la apertura de la carpeta hasta la ejecución de la sentencia, para garantizar la continuidad procesal y la protección integral de los derechos de las víctimas.

La iniciativa fortalece también los derechos de las víctimas directas e indirectas al reconocer el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica especializada y gratuita, así como atención integral para niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad por feminicidio.

Como parte de las medidas de prevención, propone la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, la actualización de los registros nacionales sobre este delito, campañas permanentes de concientización y la implementación de planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes.

A su vez, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, añadió que la iniciativa también obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a coordinar acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia feminicida, además de garantizar el derecho a la verdad y una reparación integral del daño para las víctimas y sus familias.