La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer) rechazó la instalación del complejo petroquímico proyectado en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, al advertir que representa un riesgo para la salud, el medio ambiente y la economía de miles de familias dedicadas a la pesca, por lo que exigió al gobierno federal cancelar de manera definitiva los proyectos industriales previstos para la zona.
A través de un pronunciamiento escrito, la organización detalló que la bahía constituye un humedal de importancia internacional protegido por la Convención Ramsar.
Alertó que el corredor petroquímico impulsado en la región incluye la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman; la planta de metanol de Mexinol, además de gasoductos e infraestructura para el transporte y manejo de combustibles fósiles y “sustancias químicas peligrosas para su uso en la agroindustria”.
Según Renacer, estos proyectos amenazan la biodiversidad de la Bahía de Ohuira, y afectarían directamente la actividad pesquera y la soberanía alimentaria de la región, al tiempo que favorecerían el crecimiento de la agroindustria de exportación en detrimento de las comunidades locales.
Por ello, la organización expresó su respaldo al movimiento que desde 2013 mantienen las comunidades de la Bahía de Ohuira y el colectivo ¡Aquí No!, quienes se oponen a la construcción de la planta de amoniaco y otros desarrollos industriales, por considerar que vulneran el derecho a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la vida.
En el documento, Renacer aseguró que los complejos petroquímicos utilizarán sustancias como amoniaco, gas natural y metanol, cuyo manejo implica riesgos de fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones, especialmente ante fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y sismos.
El colectivo citó la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por GPO, la cual reconoce que la producción de amoniaco conlleva riesgos ambientales y operativos, así como la posibilidad de liberación de una nube de vapor tóxico en caso de una fuga.
También mencionó el Estudio de Riesgo Ambiental de la empresa, que plantea escenarios en los que una ruptura del amonioducto podría convertir a toda la Bahía de Ohuira en una zona de alto riesgo.
Asimismo, retomó las declaraciones de la doctora Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional en Sinaloa, quien aseguró que las afectaciones a la zona podrían alcanzar por lo menos 14 kilómetros a la redonda, en el caso de que sucediera un accidente en la planta.
De acuerdo con la experta, los impactos serían irreparables tanto a personas como al ambiente en comunidades cercanas, e incluso hacia zonas urbanas como Los Mochis, según sean las condiciones del viento.
Además, como parte de sus argumentos, Renacer señaló que entre 2000 y 2019 se documentaron oficialmente 383 incidentes relacionados con amoniaco en México, y recordó el caso reciente ocurrido en el complejo petroquímico Cosoleacaque, en Veracruz, donde se registraron evacuaciones, incendios y personas intoxicadas durante 2021 y 2026.
También aseguró que la instalación de la planta de amoniaco agravaría los problemas ambientales existentes en el Valle de Ahome, donde diversos estudios han identificado altos niveles de contaminación asociados al uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos.
Sostuvo que la operación del complejo afectaría a más de 3 mil 500 familias que dependen de la pesca, debido a la succión y descarga de agua de la planta, así como al incremento de la temperatura del ecosistema, factores que podrían provocar la muerte de larvas de camarón, peces y otras especies marinas.
Ante tal escenario, Renacer demandó la cancelación definitiva de los proyectos petroquímicos de alto riesgo en la Bahía de Ohuira, el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano, el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en favor de los pueblos indígenas Mayo-Yoreme, la protección integral del sitio Ramsar, estudios independientes sobre los impactos acumulativos de los proyectos y la aplicación del principio precautorio cuando exista riesgo de daños graves o irreversibles, así como una legislación más estricta sobre el uso y producción de fertilizantes y agroquímicos en México.
La Red concluyó al reiterar su respaldo a las comunidades de Topolobampo y Ohuira, y reafirmó su oposición a la instalación del complejo petroquímico. “La Bahía de Ohuira es un territorio vivo, productivo y de enorme importancia ecológica, cultural y social. La postura sigue siendo la misma: ¡Aquí no! a la petroquímica. No al ecocidio. No al etnocidio. Sí a la vida, a la salud, a la pesca, a los manglares y a los derechos humanos”.



















