La inversión destinada a los Programas para el Bienestar alcanzó 1 billón de pesos en los dos primeros años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con ello, 42 millones de mexicanas y mexicanos reciben algún apoyo de manera directa, de acuerdo con el Segundo informe de gobierno; “el dinero público es dinero del pueblo y no de los gobernantes, y lo hemos invertido en beneficio de la mayoría de los mexicanos”, aseguró la primera mandataria.
En el padrón de beneficiarios se encuentran 14.1 millones de personas adultas mayores, 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años y 1.8 millones de personas con discapacidad. También se reportan 500 mil jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro y 300 mil niñas y niños de familias vulnerables que reciben atención y cuidado.
Los apoyos también forman parte de la estrategia para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria, y alcanza a 423 mil personas que participan en Sembrando Vida, mientras que 1.9 millones de productoras y productores reciben apoyos de Producción para el Bienestar y 2.16 millones de trabajadores del campo son beneficiarios de Fertilizantes para el Bienestar.
A ello se suman 190 mil pescadores de Bienpesca, 55 mil productores de maíz y frijol apoyados mediante Acopio para el Bienestar y 51 mil agricultores con precios garantizados a través de Comercio Justo.
En el rubro económico y laboral, el informe resaltó un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.5 por ciento trimestral y 2.1 por ciento anual, lo que sitúa el tipo de cambio promedio en 17.46 pesos por dólar.
Además, destaca una Inversión Extranjera Directa récord de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, que de acuerdo con el gobierno federal se ha concentrado en los polos industriales de Nuevo León, Coahuila, Baja California, Querétaro y la Zona Metropolitana del Valle de México.
Por su parte, el desempleo se ubicó en un 2.9 por ciento, lo que posiciona a México entre los tres primeros países con menor desocupación a nivel mundial. En materia salarial, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló un incremento del 135 por ciento en 2025 y del 154 por ciento en 2026, y alcanzó los 315 pesos diarios (9 mil 582 pesos mensuales), al tiempo que se formalizó la seguridad social para trabajadores de plataformas digitales y se avanzó en la ruta legislativa hacia la reducción de la jornada laboral a 40 horas rumbo al 2030.
En materia de vivienda, el gobierno reportó la construcción de 1 millón 800 mil viviendas para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos; la colocación de 583 mil 715 créditos y 127 mil 507 apoyos para mejoramiento, como parte de una meta de 1 millón 500 mil créditos y 300 mil apoyos.
También informó que fueron reestructurados créditos considerados “impagables” para casi 5.2 millones de familias y que se prevé entregar 1 millón de títulos de propiedad, de los cuales 335 mil 220 ya se encuentran listos para entrega.
El documento también destaca una inversión de 162 mil millones de pesos para llevar agua a comunidades y sanear ríos, además de 17 proyectos estratégicos de agua potable y tecnificación agrícola encabezados por la Comisión Nacional del Agua. Entre ellos se incluyen el Plan Hidráulico del Valle de México, para abastecer a la Ciudad y el Estado de México y prevenir inundaciones; la presa El Zapotillo en Jalisco, Agua Saludable para La Laguna en Durango y Coahuila y los Distritos de Riego 025 y 026 en Tamaulipas.
Como parte de las acciones para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, también se incluyen los trabajos de saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, los cuales se prevé que beneficiarán a 25 millones de personas en 10 estados y 61 municipios.
En salud, el gobierno informó que durante los dos primeros años de la administración fueron inaugurados 38 hospitales, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios. Asimismo, mediante las Rutas de la Salud se han distribuido 205.4 millones de piezas de medicamentos a clínicas y hospitales.
Entre las obras entregadas destacan el Hospital General de Zona en San Alejandro (Puebla), los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón (Coahuila) y Pachuca (Hidalgo), así como centros de atención en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y la Mixteca Oaxaqueña.
La red se complementa con la fase operativa del programa Salud Casa por Casa, en la que participan 20 mil profesionales de la salud realizando recorridos en áreas urbanas y rurales para atención médica domiciliaria, articulados con las rutas de la Salud para la entrega directa de los 205.4 millones de medicamentos.
La educación representa otro de los principales destinos de la inversión social, el balance del Ejecutivo federal señala que 14.7 millones de estudiantes de primaria y secundaria reciben la Beca Universal Rita Cetina, mientras que 4.2 millones de jóvenes cuentan con la Beca Universal Benito Juárez y 414 mil estudiantes con Jóvenes Escribiendo el Futuro.
El gobierno prevé que para 2030 se abran 200 mil nuevos lugares para educación media superior y 13 nuevas unidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Además, 260 mil estudiantes de educación superior reciben la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.
En infraestructura, el informe destaca la conclusión de carreteras estratégicas como Bavispe-Nuevo Casas Grandes, entre Chihuahua y Sonora; el Circuito Tierra y Libertad, en Morelos, y la carretera Real del Monte-Huasca, en Hidalgo.
También se reconstruyeron 75 puentes en Guerrero afectados por los huracanes Otis y John, mientras que fueron concluidos ocho puentes y distribuidores viales, entre ellos el puente Nichupté, en Quintana Roo, y la Glorieta de las Mujeres Libres, en Baja California Sur. A ello se suma la repavimentación de más de 48 mil kilómetros de carreteras libres de peaje.
En materia ferroviaria, comenzó a operar el tramo Lechería-AIFA, con 23 kilómetros de nuevas vías, y fue inaugurado el tramo Observatorio-Santa Fe del tren México-Toluca, El Insurgente. En paralelo, continúan los trabajos de los trenes Ciudad de México-Querétaro, con 226 kilómetros y un avance reportado de 19 por ciento, y Ciudad de México-Pachuca, cuyo tramo AIFA-Pachuca tiene 57 kilómetros y un avance de 37 por ciento.
En la capital del país también se reportan el Trolebús Chalco-Santa Martha, la Línea 4 del Cablebús y la modernización de la Línea 2 del Metro en el marco de la Copa Mundial de la que México fue sede este 2026.
La infraestructura social también se refleja en proyectos específicos para la Ciudad de México con la ampliación de cuatro planteles de educación media superior en Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Tláhuac, con 1.1 mil nuevos lugares, además de un Bachillerato General en Tlalpan con 1.2 mil espacios, una unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos con 400 lugares y 47 Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS.
En salud, se sustituyó el Hospital General Regional número 25 Zaragoza, del IMSS, con 278 camas; comenzó operaciones el Hospital General Dr Gonzalo Castañeda, del ISSSTE, y concluyó la remodelación del Hospital de Alta Especialidad Ignacio Zaragoza.
También avanza la fase de construcción un Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad en Tlalpan, con capacidad estimada de 6 mil a 7 mil estudios anuales, mientras que la ampliación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre contempla 444 camas.
Para los pueblos indígenas y afromexicanos, el informe destaca 22 Planes de Justicia y Desarrollo Regional, mediante los cuales la administración federal afirma apoyar a 35 pueblos indígenas y afromexicanos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estos instrumentos se construyen mediante diálogo entre autoridades comunitarias y los gobiernos federal, estatal y municipal para definir prioridades, obras y acciones destinadas a reparar agravios históricos y generar condiciones de bienestar.
El INPI señala que estos planes abarcan distintos rubros como territorio, agua, servicios básicos, educación intercultural, infraestructura, patrimonio cultural y desarrollo económico.
Entre los territorios contemplados se encuentran pueblos Yaqui, Seri-Comca’ac, Guarijío-Makurawe y Yoreme-Mayo en Sonora; Wixárika, Náayeri, O’dam/Au’dam y Mexikan en Jalisco, Durango y Nayarit; Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó en Chihuahua; Chinanteco y Mazateco en Uxpanapa, Veracruz; Ch’ol, Tzeltal y Lacandón en la Zona Lacandona de Chiapas; Chichimeca y Otomí en el noreste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro; Amuzgo en Guerrero-Oaxaca; pueblos zapotecos, chinantecos y chocholtecos en Oaxaca; Yumanos en Baja California, y P’urhépecha, Mazahua-Otomí-Pirinda y Nahua en Michoacán.
Como parte de este mismo esquema, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) permite que las comunidades administren directamente recursos para obras prioritarias. El informe señala que casi 20 mil comunidades reciben y administran su propio presupuesto.
En 2026, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) cuenta con una asignación oficial de 13 mil 506.1 millones de pesos, equivalente al 10 por ciento del FAIS establecido para ese ejercicio fiscal. Los recursos pueden utilizarse en infraestructura como agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, salud y educación.
El modelo busca que las propias comunidades determinen el destino del dinero mediante asambleas; en mayo de 2026, la Secretaría de Bienestar informó que ya se habían realizado 13 mil asambleas comunitarias de un total de aproximadamente 19 mil previstas para elegir los comités responsables de administrar y vigilar las obras.
A esta estrategia se suman 376 caminos artesanales, equivalentes a 823 kilómetros, con una inversión de 5.5 mil millones de pesos. El objetivo es mejorar la conectividad de comunidades indígenas y rurales mediante obras ejecutadas bajo esquemas de participación comunitaria.
Para garantizar la protección efectiva de las mujeres, el informe reporta la construcción de 1 mil 1 Centros LIBRE distribuidos en los 32 estados, destinados a brindar atención integral, prevenir la violencia de género y fomentar la autonomía económica y social.
Asimismo, el documento contabiliza 468.6 mil millones de pesos destinados a la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, una política que de acuerdo con la administración actual busca ampliar la infraestructura y los servicios para las personas que requieren atención y para quienes realizan labores de cuidado.
En seguridad, el gobierno reportó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio de 91.7 homicidios diarios en 2024 a 49.7 en 2026.
Bajo la Estrategia Nacional de Seguridad se contabilizan 59 mil 582 personas detenidas por delitos de alto impacto, 31 mil 366 armas de fuego aseguradas y 498.98 toneladas de droga decomisadas, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil pastillas de fentanilo.
La estrategia se sustenta en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.
En el ámbito energético, el gobierno plantea alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles de petróleo diarios y una cobertura de electrificación de 99.99 por ciento del país.
El reporte señala que actualmente se producen 1.77 millones de barriles diarios y casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural. También avanzan dos plantas coquizadoras, en Tula y Salina Cruz, destinadas a transformar residuos pesados del petróleo en gasolina y diésel.
En el sector eléctrico se reportan seis centrales de ciclo combinado, la rehabilitación de 11 hidroeléctricas, 41 proyectos de transmisión y 27 mil 195 obras de electrificación, que benefician a 16 mil localidades.
El balance también establece una meta de 3.04 millones de beneficiarios de programas sociales en la Ciudad de México durante 2026, con un presupuesto de 70.4 mil millones de pesos, además de 13.4 mil viviendas de Conavi, Infonavit y Fovissste en proceso, con un avance de 23 por ciento; la reestructura de 97.4 mil créditos considerados impagables y la regularización de 3 mil 300 escrituras.
De acuerdo con el Ejecutivo federal, durante el segundo año de administración el gasto público se concentró en ampliar transferencias directas, servicios sociales, infraestructura y proyectos regionales.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resumió el balance bajo el principio de que el dinero público debe beneficiar a la población y afirmó que la administración ha reducido la pobreza y la desigualdad a niveles históricos: “Ya no regresará nunca más el sistema de corrupción y privilegios, ahora vivimos en una democracia con justicia social”, señaló en el documento.
