La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, ante los riesgos que representa para la privacidad, la autonomía, el empleo, la democracia y el acceso equitativo al conocimiento.
En su pronunciamiento DGDDH 018/2026, fechado el 8 de septiembre, el organismo señaló que la IA constituye una de las transformaciones tecnológicas más profundas de la época, debido a su capacidad para procesar grandes volúmenes de información, generar contenidos, automatizar tareas e influir en la toma de decisiones.
La CNDH sostuvo que toda transformación tecnológica también implica una transformación social, pues estas herramientas modifican la manera en que las personas trabajan, aprenden, se informan, se relacionan y ejercen sus derechos.
Enfatizó que la tecnología no es neutral, debido a que es diseñada por personas, instituciones y empresas con determinados intereses. Por ello, consideró necesario cuestionar quién desarrolla estas herramientas, con qué objetivos, quién obtiene sus beneficios y quién asume sus costos.
La Comisión reconoció los beneficios de la IA, los cuales entran en ámbitos como salud, educación e investigación científica, además de facilitar el análisis de información, entre otros. Sin embargo, advirtió que cuando las personas quedan subordinadas a estas tecnologías, sus beneficios pueden convertirse en nuevas formas de dependencia.
Alertó que la transformación tecnológica puede incrementar la productividad y generar nuevas ocupaciones, pero también eliminar actividades, desplazar empleos, acelerar la precarización y ampliar las diferencias entre quienes poseen capital, tecnología y conocimientos y aquellos que dependen de su trabajo para sostenerse.
El organismo resaltó sobre la capacidad de la IA para generar textos, fotografías y voces con apariencia verdadera, pero que pueden ser falsos, y advirtió que estas herramientas pueden emplearse para fabricar identidades o acontecimientos irreales, que resultan en desinformación.
Para la CNDH, el problema no se limita entre información verdadera y falsa, también está en el efecto que tendría sobre la sociedad una pérdida de confianza respecto de aquello que se observa, escucha o recibe como información. Manifestó especial atención a los efectos de la IA en niñas, niños y adolescentes.
Ante estos riesgos, la CNDH consideró indispensable que cualquier desarrollo, utilización o regulación de la inteligencia artificial atienda al menos 10 parámetros:
- Derechos humanos, derechos a la verdad y dignidad como límites y finalidad de la innovación tecnológica.
- Responsabilidad humana identificable, nunca delegada en un algoritmo.
- Prevención antes que reparación de daños económicos, sociales, culturales y ambientales.
- Transparencia y derecho a comprender, cuestionar y corregir.
- Tecnología para reducir desigualdades, nunca para automatizar segregación o discriminación.
- Privacidad y protección de datos desde el diseño y durante su utilización.
- Participación democrática y gobernanza, evitando la concentración de decisiones.
- Justicia ambiental y territorial, sin innovación a costa de comunidades y territorios.
- Regulación proporcional, clara y adaptable, particularmente para proteger la libre expresión y la elección de gobernantes.
- Tecnología para ampliar derechos y capacidades humanas, no para restringirlos.
El organismo sostuvo que la IA representa algo más que una nueva herramienta: puede transformar la distribución del poder, democratizar el conocimiento y ampliar derechos. Planteó que México debe innovar sin permitir que los avances tecnológicos generen nuevas desigualdades o ventajas para unos cuantos.
“El progreso tecnológico solo puede considerarse progreso cuando se traduce en progreso humano”, afirmó la CNDH.
