El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a su Lista de Personas Bloqueadas a 21 personas físicas y 25 morales por presuntos vínculos con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, señalado de mantener bajo su control rutas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, redes de lavado de dinero y mecanismos de corrupción política y policial en Baja California.

La medida adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) alcanza a operadores de la organización criminal en Tijuana y Mexicali, empresarios, presuntos facilitadores financieros y exfuncionarios mexicanos, entre ellos, Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a quien se identifica como un operador político vinculado con Los Rusos, organización ligada a Los Mayos.

La autoridad estadunidense sostiene que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de acciones de las autoridades en Baja California.

El Tesoro también señala a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, como parte de la estructura que habría permitido al grupo criminal mantener capacidad de operación en la entidad.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, tras el anuncio de la OFAC, se analizó la información financiera disponible en México y como resultado “se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo”.

Tras ello, la UIF determinó la incorporación de los sujetos incluidos en la lista de sanciones de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas como una acción preventiva para proteger el sistema financiero, y aclaró que esta medida no implica la acreditación de responsabilidad alguna.

Golpe a la estructura liderada por el Mayito Flaco

El anuncio del gobierno estadunidense se centra en el Mayito Flaco, hijo de Ismael Zambada García, alias Mayo, detenido en Estados Unidos en julio de 2024 tras ser sustraído de manera ilegal de territorio mexicano, en una acción que continúa sin ser aclarada.

El propio Departamento del Tesoro reconoció que la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, generó una disputa interna por el poder dentro del cártel y sus dos principales facciones: Los Mayos y Los Chapitos.

“La violencia entre ambas facciones estalló en Sinaloa y otros estados mexicanos, mientras los grupos luchaban por el territorio y forjaban alianzas para ganar influencia. Actualmente, Los Mayos y Los Chapitos se encuentran en un punto muerto, inmersos en una costosa guerra civil que ha obligado a ambas facciones a reorganizarse y a buscar nuevos líderes para tomar el control”, indicó en su comunicado.

De acuerdo con la información del gobierno de los Estados Unidos Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, en 1982 y durante las últimas dos décadas habría desempeñado funciones dentro de la organización bajo la tutela de su padre. Además, un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó desde julio de 2014 por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero y desde entonces, permanece prófugo en México.

Estados Unidos lo identifica ahora como el jefe de Los Mayos y le atribuye el control de las actividades criminales de esa facción, entre ellas tráfico de drogas, homicidios, extorsiones, corrupción y secuestros. OFAC lo incluyó en sus listas de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con la proliferación internacional de drogas ilícitas, y bajo la Orden Ejecutiva 13224, modificada posteriormente, que permite sancionar a terroristas y a quienes les proporcionan apoyo.

En la lista de personas sancionadas también figuran personajes que forman parte de una de las estructuras más cercanas al líder de Los Mayos, entre estos se encuentran Hildegardo Gastélum García, alias Aldo; los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, Güero Chompas, y Francisco Javier Mendoza Uriarte; así como Lorenzo Castillo Maldonado.

Aldo es señalado como uno de los principales asesores de Zambada Sicairos, narcotraficante y dueño de un negocio hotelero con sede en Culiacán, a través del cual financia la guerra contra Los Chapitos.

Asimismo, los hermanos Mendoza Uriarte, son considerados personas cercanas al heredero del Cártel de Sinaloa, pues anteriormente habrían trabajado para el Mayo; por lo que posteriormente se alinearon con su hijo; por su parte, Güero Chompas es señalado como jefe de seguridad de Los Mayos y como responsable de una parte del territorio de Baja California.

En el caso de Lorenzo Castillo la autoridad estadunidense acusa un esquema de corrupción, pues este personaje “cumplía una condena de cadena perpetua en una prisión mexicana cuando individuos vinculados al Cártel de Sinaloa sobornaron a funcionarios mexicanos para obtener su liberación”.

Washington sostiene que, después de recuperar su libertad, Castillo utilizó redes de pandillas para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero para la organización. También afirma que, por órdenes de Mayito Flaco, contrató a personas para asesinar a integrantes de grupos rivales en el sur de California.

El Tesoro identifica a Tijuana y Mexicali como dos plazas fundamentales para la organización debido a su ubicación y a las rutas que conectan Baja California con Estados Unidos. En Tijuana, la estructura de Los Mayos estaría encabezada por los hermanos Alfonso Arzate García, Aquiles, y René Arzate García, Rana, quienes ya habían sido sancionados por OFAC en agosto de 2023.

De acuerdo con la información del Tesoro, ambos han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana durante aproximadamente 15 años mediante violencia, alianzas y una red de influencia local que incluye corrupción política y policial. También señala que un gran jurado federal los acusó en 2014 por tráfico de drogas y lavado de dinero.

En febrero de 2026, agrega el documento, los Departamentos de Justicia y Estado de Estados Unidos dieron a conocer una acusación modificada contra Rana por delitos relacionados con narcoterrorismo y ofrecieron recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno de los hermanos. Con la nueva acción, OFAC volvió a designarlos bajo la Orden Ejecutiva 13224.

La red de los hermanos Arzate también incluye a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, Gordo Flubber; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, Cabezón; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, Ranchero. El Tesoro los identifica como lugartenientes responsables de violencia y de administrar la producción y transporte de drogas sintéticas, incluido fentanilo, desde Tijuana hacia Estados Unidos.

Uno de los mecanismos financieros señalados por el gobierno estadunidense es una casa de cambio ubicada en Tijuana. Se trata de Galerías Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio, vinculada por OFAC con Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja de Gordo Flubber.

Según el Tesoro, esa empresa habría sido utilizada para recibir grandes cantidades de efectivo procedente de operaciones de narcotráfico en Estados Unidos, realizar transacciones espejo con casas de cambio de California y transferir posteriormente los recursos a México. El objetivo, de acuerdo con la acusación estadunidense, era ocultar y lavar los ingresos obtenidos por el tráfico de drogas.

El documento establece además que Omar Guadalupe Ayón Díaz, anterior propietario de la casa de cambio y exesposo de Félix Rivera, fue detenido por el lavado de más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para el Cártel de Sinaloa. El Tesoro sostiene que Ayón fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por órdenes de Gordo Flubber.

A la estructura criminal se suma una red empresarial que, según OFAC, habría servido para mover recursos y proporcionar cobertura a actividades ilícitas. Entre las compañías sancionadas aparecen Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colabirativa.

También fueron designadas Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme, compañías que el Tesoro relaciona con Jerónimo Javier Vera Ayala, a quien identifica como socio de Jesús González Lomelí y como participante en actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Red de operaciones en Mexicali

El Tesoro señala que esta plaza se encuentra bajo la influencia de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos encabezada por Juan José Ponce Félix, mejor conocido como Ruso. Washington afirma que el grupo mantiene el control de Mexicali y zonas aledañas mediante violencia y corrupción de funcionarios estatales, a quienes atribuye la función de impedir que las autoridades interfieran con sus operaciones.

En el comunicado estadunidense se asegura que la corrupción relacionada con Los Rusos habría alcanzado los niveles más altos del gobierno de Baja California, a través de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El Tesoro lo identifica como un operador político vinculado con el Cártel de Sinaloa y sostiene que mantenía una alianza con Ruso.

De acuerdo con la versión estadunidense, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del grupo criminal y protegerlo de intervenciones de autoridades estatales y federales.

El Departamento del Tesoro añadió que el Departamento de Estado le revocó la visa estadunidense en mayo de 2025 debido, según su comunicado, a su supuesta afiliación con el Cártel de Sinaloa y a su trabajo en favor de la organización.

La acusación se extiende a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y a Pedro Ariel Mendivil García, quien fue director de Seguridad Pública de Mexicali. Según el documento, Mendivil habría recibido sobornos de Ruso a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa ejerciera control sobre la policía municipal de Mexicali y utilizara esa estructura para facilitar el tráfico de drogas y realizar operaciones contra grupos rivales.

Además, Carlos Torres habría recibido pagos mensuales provenientes de Mendivil a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en Baja California, mientras que Luis Torres habría participado en la recepción de esos recursos y en su lavado mediante empresas y campañas políticas.

Otro nombre incorporado en la red es el de Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario mexicano que se desempeñó como agente aduanal en Chihuahua y como asesor legislativo del gobierno de Baja California. El Tesoro lo describe como conocido de Carlos Torres y cercano a José Ángel Rivera Zazueta, otro integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

Buenrostro habría utilizado relaciones e influencia política para favorecer las actividades criminales de Rivera Zazueta a cambio de sobornos. Este último ya había sido sancionado por OFAC en enero de 2023 y ahora vuelve a ser designado bajo la Orden Ejecutiva 13224.

Rivera Zazueta, según el Tesoro, es propietario de Mia Centro Cambiario, en Mexicali, y de la empresa de transporte Rivos Servicios. Ambas compañías fueron incluidas en las sanciones debido a la acusación de que habrían sido utilizadas para lavar recursos del Cártel de Sinaloa.

A esa red financiera se suma Diosvany Samuel Chapotin Villalba, señalado como traficante de cocaína, metanfetamina y otras drogas, además de un importante operador de lavado de dinero. Según Washington, Chapotin habría utilizado cuentas bancarias empresariales en Estados Unidos para depositar grandes cantidades de efectivo provenientes del narcotráfico y posteriormente habría recurrido a operaciones con criptomonedas para transferir los recursos de regreso a México.

La combinación de casas de cambio, empresas de transporte, negocios inmobiliarios, establecimientos comerciales y cuentas bancarias forma parte de lo que el gobierno estadunidense presenta como una infraestructura financiera que permite a Los Mayos mantener sus operaciones más allá del tráfico directo de drogas.

En total, la acción de OFAC comprende 21 individuos y 25 entidades, es decir, 46 objetivos específicos. La medida fue una operación interinstitucional que involucró a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y otras dependencias estadunidenses.