La investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continuará abierta hasta esclarecer lo ocurrido y conocer el paradero de los estudiantes, afirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia, Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal mantiene el compromiso de encontrar la verdad y hacer justicia. Señaló que las indagatorias incorporan nuevos elementos técnicos y científicos y que algunas líneas de investigación han permitido identificar a personas y posibles vínculos que no habían sido profundizados anteriormente.

Hizo referencia al informe presentado ayer, 28 de septiembre, por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez. En esa presentación se informó que un nuevo análisis de registros telefónicos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 permitió identificar a 17 personas que no habían sido consideradas previamente en la investigación.

La primera mandataria destacó que, a partir de las nuevas indagatorias, también se han realizado detenciones relacionadas con posibles irregularidades en la investigación y en el proceso de procuración de justicia.

Entre los casos mencionó al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, cuya detención está relacionada con el presunto ocultamiento de evidencia, particularmente por la destrucción de videograbaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Guerrero.

También recordó el caso de Lambertina Galeana Marín, quien era presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero cuando ocurrieron los hechos. En este sentido, la presidenta señaló que Galeana habría ordenado la desaparición de videos de las cámaras de seguridad que registraron el paso de los normalistas por las inmediaciones del Palacio de Justicia.

Sobre el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la presidenta sostuvo que su detención estuvo relacionada con la construcción de la llamada “verdad histórica”, versión oficial presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre lo ocurrido con los estudiantes.

Uno de los puntos que destacó fue el reanálisis de las comunicaciones telefónicas correspondientes a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La primera mandataria explicó que, con la llegada de Mauricio Pazarán a la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, se profundizó en el estudio de esas comunicaciones. Según lo presentado ayer por las autoridades, ese trabajo permitió reconstruir vínculos entre personas relacionadas con la investigación y detectar comunicaciones con integrantes de grupos delictivos, policías y personas vinculadas con establecimientos y servicios de Iguala.

De igual manera, señaló que entre las comunicaciones analizadas existen llamadas entre personas actualmente detenidas por su presunta participación en los hechos y una funeraria y un médico.

En el informe presentado el 28 de septiembre el fiscal Pazarán habría explicado que el análisis de los registros telefónicos permitió identificar conexiones con la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. Ambas instalaciones forman parte de una línea de investigación que se sigue por posibles vínculos con integrantes de Guerreros Unidos.

Otra línea que calificó como relevante corresponde a un teléfono localizado en la barandilla del Palacio de Justicia. En este sentido, afirmó que el dispositivo aporta elementos para investigar la presencia de los estudiantes en ese lugar, una cuestión que anteriormente había sido negada. Por ello, señaló que se aceleró la solicitud de extradición de José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como oficial de barandilla en Iguala la noche de los hechos y actualmente se encuentra en Estados Unidos.

La presidenta también habló de las gestiones para conseguir la extradición de Tomás Zerón, exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a quien el gobierno mexicano atribuye irregularidades en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Recordó que envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para solicitar su colaboración en este proceso y señaló que México ha entregado documentación para sustentar las acusaciones contra el exfuncionario.

Explicó que la dificultad radica en que México e Israel no cuentan con un tratado de extradición, por lo que el gobierno busca otros mecanismos para conseguir que Zerón enfrente las investigaciones en México.

Sheinbaum Pardo reiteró que la presentación del nuevo informe no representa el cierre del caso. La investigación, sostuvo, continuará hasta esclarecer lo ocurrido con los 43 estudiantes y conocer su paradero.