El 0.1 por ciento de la población más rica del país, integrado por alrededor de 128 mil personas, genera más emisiones contaminantes que el 40 por ciento de la población más empobrecida, (unos 50 millones de habitantes). Ervin Félix López, coordinador de investigación de Oxfam México, advierte a Contralínea que los ultrarricos mexicanos contaminan incluso más que sus pares europeos y de países que integran la OCDE. Ello, por la ausencia de políticas para contener sus emisiones
La crisis climática no puede explicarse únicamente por los hábitos de consumo de la población ni por la cantidad de emisiones que produce cada persona. Detrás del deterioro ambiental existe un modelo económico que concentra la riqueza, multiplica las ganancias de las grandes fortunas y sostiene inversiones en actividades altamente contaminantes, que, por si fuera poco, profundizan las desigualdades sociales y ambientales.
Al respecto, Oxfam México advierte que los efectos de este modelo económico no se distribuyen de manera equitativa, pues la crisis climática es también una crisis de desigualdad. Y es que, mientras las personas más ricas en el mundo generan una proporción desmedida de emisiones de gases de efecto invernadero a través de patrones intensivos de inversión, consumo y movilidad, las poblaciones empobrecidas enfrentan con menos recursos las consecuencias del deterioro ambiental, como las olas de calor, las sequías, las inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos.
Por ello, la organización internacional señala que la concentración de la riqueza determina la distribución desigual de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como la capacidad de las personas para enfrentar sus consecuencias. “La contaminación generada por el 1 por ciento más rico del mundo está detrás de la intensificación de desastres climáticos como inundaciones, incendios, sequías y crisis alimentarias y se estima que sus emisiones anuales causarán 1.9 millones de muertes adicionales debido al calor”.
En todo el mundo, las personas más ricas concentran una proporción desmedida de las emisiones contaminantes; sin embargo, en el país esta desigualdad alcanza dimensiones aún más pronunciadas. El más reciente informe de Oxfam México señala que el 0.1 por ciento de la población más rica del país –alrededor de 128 mil personas– es responsable de un volumen de emisiones que equipara a la carga de contaminación de 40 por ciento de la población más empobrecida de México, es decir, cerca de 50 millones de habitantes.
De cara a la cumbre climática de la Organización de Naciones Unidas (COP 31) en Turquía, la organización revela que la desigualdad también se observa al comparar los niveles de contaminación de distintos sectores económicos. El 0.1 por ciento más rico de México genera, en promedio, 267.9 toneladas de CO2 por persona al año, una cifra superior a la registrada entre los ultrarricos europeos, con 236.6 toneladas, y los de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 256.05 toneladas anuales.
En el otro extremo, el 10 por ciento más empobrecido de México emite apenas 0.5 toneladas de CO2 por persona al año, incluso por debajo del 10 por ciento más pobre de Asia Occidental y el Norte de África, que registra 0.6 toneladas. Brecha que coloca a las grandes fortunas mexicanas entre los sectores de mayor responsabilidad en la generación de emisiones contaminantes.
Ervin Habid Félix López, coordinador de investigación para Oxfam México, explica a este semanario que los ultrarricos del país registran niveles de contaminación superiores a los de sus pares en otras regiones del mundo. “Los ultrarricos en México son quienes más contaminan. No hay ninguna forma de compararlo con el resto de la población de los ultrarricos en otras entidades, incluyendo con las entidades, por ejemplo, de quienes representan los europeos o de la OCDE. En México, los ultrarricos son los que terminan contaminando en mayor medida o mayor proporción”.
Esta concentración de emisiones no es reciente. Oxfam documenta que, entre 1990 y 2022, la mitad más empobrecida de la población mexicana nunca generó más del 10 por ciento del total de los gases y compuestos de efecto invernadero del país. Sin embargo, justo en ese mismo periodo, el 0.1 por ciento más rico cuadruplicó sus emisiones, lo que evidencia el agravamiento de la desigualdad en las responsabilidades frente a la crisis climática.
Al respecto, el especialista identifica la falta de políticas públicas para contener las emisiones de los sectores de mayores ingresos como uno de los factores que ha permitido profundizar esta desigualdad. En este sentido, sostiene que el problema no radica sólo en la acumulación de riqueza y poder económico de las grandes fortunas, sino también en las condiciones que les permiten mantener estilos de vida y actividades altamente contaminantes sin medidas suficientes para reducir su impacto ambiental.
“Creo que un problema que sí se debe tener en perspectiva siempre es que se les ha permitido poder generar estas formas de emisiones. No hay políticas ahorita como para poder diezmar esas emisiones que están generando por las formas de vivir que tienen. El problema radica no solamente en la acumulación de poder y de riqueza que han logrado conseguir en los últimos tiempos, sino en la posibilidad de generar esas emisiones a raíz de generar esas acumulaciones”, señala.
El informe Desastre ¿para quién? Cómo la crisis climática profundiza la desigualdad y enriquece a una minoría de Oxfam México advierte que estas emisiones están vinculadas tanto con los patrones de consumo de las grandes fortunas como con sus inversiones en actividades que deterioran el medio ambiente. Entre ellas se encuentran sectores extractivos, como la minería y la cadena de combustibles fósiles, además del uso de aviones privados, uno de los medios de transporte con mayor impacto ambiental.
“Durante 2025 se registraron casi 40 mil vuelos privados en territorio mexicano. En conjunto, estos emitieron más CO2 en 13 minutos de vuelo que lo que una persona mexicana promedio emite durante todo un año. Los aviones privados definitivamente no son los medios de transporte de la clase trabajadora: un avión privado promedio tiene un costo de 35 millones de pesos –además del costo de la tripulación, el mantenimiento, los hangares, entre otros–, por lo cual una persona trabajadora con el ingreso medio en México tendría que trabajar 133 años ininterrumpidos y no gastar en ninguna otra cosa para poder siquiera adquirirlo”, se lee en el documento.
A esta desigualdad se suma el uso de infraestructura pública para una actividad altamente contaminante. El coordinador de investigación de Oxfam México advierte a Contralínea que los ultrarricos que utilizan aeronaves privadas se benefician de instalaciones aeroportuarias financiadas con recursos públicos, debido a que no necesariamente contribuyen en proporción a su capacidad económica ni al uso que hacen de ellas. Esto significa que, mientras la población en general sostiene, mediante sus impuestos buena parte de esa infraestructura, quienes concentran mayores recursos acceden a ella bajo condiciones de contribución similares a las del resto de los usuarios.
“Se les debería estar cobrando de forma diferenciada entre vuelos comerciales y vuelos privados. Se les debería de estar asignando los cobros de esos vuelos, en cuestión de impuestos. Y todo esto no es solamente el hecho de cobrarles dinero por el hecho de cobrarles dinero. Al final de cuentas, es por el hecho de que se genera una mayor cantidad de emisiones a partir del uso de un vuelo privado. Se genera mayor contaminación”, señala.
Sin embargo, las consecuencias de esta desigualdad en las emisiones van más allá del deterioro ambiental o del uso de infraestructura pública. El impacto climático de las actividades de los sectores más ricos también se traduce en pérdidas humanas, cuyos costos recaen sobre el resto de la población. De acuerdo con el informe de Oxfam, las emisiones generadas por el 1 por ciento más rico de la población mundial, en 2019, podrían provocar 1.3 millones de muertes adicionales por calor entre 2020 y 2100, si es que se mantiene la tendencia actual. En el caso de México, la estimación asciende a 27 mil 148 fallecimientos.
“Y esto está directamente vinculado al número de emisiones que van a empezar a provocar y que han estado provocando el 1 por ciento de la población más rica en México. Eso es un problema, no solamente en cuestión de seguridad, sino de cuestiones públicas de salud”, sostiene Ervin Habid Félix López.
En este escenario, se observa cómo la crisis climática pone en evidencia las contradicciones de un modelo económico que permite concentrar riqueza mientras distribuye los costos ambientales entre la población. En su libro Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, la periodista Naomi Klein cuestiona precisamente la lógica de acumulación que sostiene este sistema. “La culpa no la tiene el dióxido de carbono; la culpa es del capitalismo”.
Esa concentración de riqueza y responsabilidad ambiental puede nombrarse en el país. Se trata de Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos del país, cuyas fortunas están vinculadas con inversiones y actividades de alto impacto ambiental, concentran también casi la mitad de emisiones de gases, con un 43.7 por ciento del total que se emite en el país.
Carlos Slim y Germán Larrea, entre los milmillonarios más contaminantes
De acuerdo con el análisis de datos de Oxfam México, Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos de México, figuran entre los milmillonarios cuyas fortunas están vinculadas con actividades e inversiones de alto impacto ambiental.
En 2025, Carlos Slim ocupó el lugar 11 entre los milmillonarios con mayores emisiones contaminantes a escala mundial, según el informe. Sus actividades fueron asociadas con 11 mil 318 megatoneladas de CO2 equivalente, una cifra que lo colocó justo por debajo del único trillonario del mundo, Elon Musk. Además, se estima que sus inversiones en industrias contaminantes ocasionaron alrededor de 3 mil 700 millones de dólares en daños ambientales durante 2024.
En el caso de Germán Larrea, su fortuna está estrechamente vinculada con la minería, un sector cuyas actividades enfrentan importantes dificultades para reducir sus emisiones y descarbonizar sus procesos. En este sentido, más del 90 por ciento de su riqueza proviene de esta industria, por lo que en 2025 ocupó el sexto lugar entre los milmillonarios más ricos del mundo cuyas fortunas dependen de sectores de difícil descarbonización.
“Esto significa que solo dos personas son responsables de casi la misma cantidad de emisiones que las otras 128 mil personas ultrarricas de este país: incluso entre las personas más acaudaladas hay brechas gigantescas”, explica el informe.
Esta concentración de emisiones evidencia otra de las contradicciones de la crisis climática, es decir mientras un reducido grupo acumula riqueza mediante actividades que contribuyen al deterioro ambiental, las mayorías enfrentan los efectos de un fenómeno que no provocaron en la misma proporción.
En México, 49% de la población es vulnerable a fenómenos climáticos
En México, esta desigualdad de emisiones adquiere mayor relevancia debido a las condiciones geográficas e hidrometeorológicas del territorio, que exponen a millones de personas a fenómenos climáticos extremos. De acuerdo con Oxfam México, el 6 por ciento de la población está expuesta a inundaciones; el 13 por ciento, a sequías que afectan la agricultura; el 17 por ciento, a olas de calor, y otro 6 por ciento, a ciclones. En conjunto, el 34 por ciento de la población mexicana –es decir, 45.2 millones de personas– está expuesta al menos a uno de estos cuatro fenómenos.
La exposición a estos riesgos ya tiene consecuencias en el país. Entre 2018 y 2025, el 90 por ciento de las declaratorias de desastre estuvo relacionado con fenómenos hidrometeorológicos. Asimismo, la exposición de la población mexicana a olas de calor es mayor que en los países de ingresos altos, señala el informe.
Sin embargo, estar expuesto a un fenómeno climático extremo no determina por sí solo la magnitud de sus consecuencias. La capacidad para enfrentar un desastre y recuperarse también depende de las condiciones económicas y sociales de cada persona. Para medir esta vulnerabilidad, Oxfam considera siete dimensiones: ingreso, educación, acceso a servicios financieros, protección social, agua potable, electricidad y acceso a servicios y mercados de bienes. Por eso, cuando alguna de estas condiciones no se satisface, aumenta la dificultad para enfrentar los efectos de un desastre y recuperarse de ellos.
En México, casi la mitad de la población, un 49 por ciento, es vulnerable a fenómenos climáticos, una proporción 12 veces mayor que la registrada en países de ingresos altos. Al respecto, Félix López advierte que el país enfrenta niveles de vulnerabilidad particularmente preocupantes en comparación con otros de América Latina y el Caribe.
“Esto significa que, en caso de que existiera un desastre, las personas que carecen de seguridad social, ingresos estables, acceso a educación y otros servicios básicos tienen mayores dificultades para enfrentar sus consecuencias y recuperarse. La vulnerabilidad climática no depende únicamente de estar expuesto a un fenómeno extremo, sino también de las condiciones sociales y económicas que determinan la capacidad de respuesta de la población”, explica.
Una muestra de estas desigualdades es la proporción del ingreso que los hogares destinan a la alimentación. En promedio, las personas en el país utilizan más de una cuarta parte de sus gastos totales para adquirir alimentos, el doble que el promedio de los países de ingresos altos. Esta dependencia refleja que el acceso a la alimentación está condicionado por las desigualdades económicas y las fluctuaciones de los precios.
La situación es todavía más crítica para los sectores empobrecidos. En 2024, el 10 por ciento de la población con menores ingresos destinó el 50.8 por ciento de todos sus gastos a comprar alimentos. Esto significa que cualquier alteración en los precios o en la disponibilidad de productos agrícolas puede comprometer una parte sustancial de los recursos de estos hogares.
Por ello, al analizar la crisis climática desde una perspectiva de desigualdad, resulta fundamental considerar la relación entre la exposición a los fenómenos extremos y las condiciones de vulnerabilidad de la población. No todas las personas enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con los mismos recursos para protegerse y recuperarse de sus consecuencias.
La situación también se refleja en las declaratorias de desastre. “De hecho, la exposición a olas de calor en México es más alta que en países de ingresos altos”. Esto, porque entre 2018 y 2025, el 90 por ciento estuvo relacionado con fenómenos hidrometeorológicos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de adaptación y prevención. Sin embargo, la exposición a estos fenómenos no es el único factor que determina el impacto de la crisis climática. Las condiciones económicas y sociales también establecen qué tan preparada está una persona para enfrentar un desastre y recuperarse de sus consecuencias.
Al respecto, Félix López advierte que México enfrenta niveles de vulnerabilidad climática particularmente preocupantes en comparación con otros países de América Latina y el Caribe. Al citar el informe, señala que el 49 por ciento de la población mexicana –casi una de cada dos personas– se encuentra en esta condición, una proporción 12 veces mayor que la registrada en países de ingresos altos.
“Esto significa que, en caso de que existiera un desastre, las personas que carecen de seguridad social, ingresos estables, acceso a educación y otros servicios básicos tienen mayores dificultades para enfrentar sus consecuencias y recuperarse. La vulnerabilidad climática no depende únicamente de estar expuesto a un fenómeno extremo, sino también de las condiciones sociales y económicas que determinan la capacidad de respuesta de la población”, explica.
Esta relación entre exposición y vulnerabilidad determina el riesgo climático. Como ejemplifica Oxfam, no enfrenta las mismas condiciones una persona que vive en una ciudad costera expuesta a huracanes, pero cuenta con recursos para evacuar y reconstruir su vivienda, que un pescador informal sin acceso a servicios básicos que habita en esa misma localidad.
Por eso, cuando una persona o comunidad está expuesta a fenómenos climáticos extremos y, al mismo tiempo, carece de condiciones para enfrentarlos, se encuentra en situación de riesgo climático. En México, casi una de cada cinco personas está en esta condición, la del riesgo climático, lo que se traduce en que más de 22 millones de habitantes están expuestos a fenómenos climáticos y son vulnerables a sus consecuencias. Esta proporción es 14 veces mayor que la registrada en países de ingresos altos.
Acciones climáticas contra la desigualdad
Frente a este panorama, Oxfam México sostiene que reducir las desigualdades económicas es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática. Un país menos desigual tendría mayores posibilidades de reducir sus emisiones, fortalecer las capacidades del Estado para proteger a la población y garantizar recursos para la adaptación y mitigación. Para ello, plantea tomar decisiones políticas que reduzcan la concentración de la riqueza y destinen mayores recursos a la acción climática. En este sentido, la justicia económica debe constituir la base de las políticas ambientales.
Una de las primeras medidas propuestas por el organismo es establecer impuestos dirigidos a reducir tanto la concentración de la riqueza como las emisiones contaminantes. Entre ellos, plantea gravámenes diferenciados a los medios de transporte de lujo, como automóviles deportivos, vehículos, yates y aviones privados. Además de su potencial recaudatorio, señala, estas “son una medida redistributiva y pueden contribuir a corregir incentivos para que las formas de consumo de los más ricos sean menos dañinas para el resto”.
De acuerdo con las estimaciones del informe, estos impuestos podrían generar entre 30 mil y 234 mil millones de pesos, recursos que permitirían financiar el transporte público eléctrico y medidas de acción climática en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Una segunda medida consiste en modificar las prioridades presupuestarias del gobierno federal, al reducir asignaciones destinadas a los combustibles fósiles y aumentar los recursos para enfrentar la crisis climática. “Es preocupante que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, el Ejecutivo federal haya destinado casi 14 veces más recursos a Petróleos Mexicanos que al sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este mismo sentido, la reducción real de 27.6 por ciento de los recursos disponibles en el Anexo Transversal 16 dedicado a la adaptación y mitigación del cambio climático es una señal muy negativa”.
La tercera propuesta apunta a fortalecer los instrumentos normativos y de planeación existentes, así como las capacidades institucionales necesarias para llevarlos a la práctica. Entre ellos destaca el Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reconoce los efectos diferenciados de la crisis climática sobre distintas poblaciones y plantea incorporar una perspectiva interseccional y de desigualdades en la política ambiental.
Sin embargo, la existencia de instrumentos de planeación no garantiza por sí misma una respuesta efectiva. Para Oxfam México, el desafío aún consiste en traducirlos en políticas públicas, recursos suficientes y acciones concretas que permitan reducir las vulnerabilidades de la población.
Al respecto, Ervin Habid Félix López, coordinador de investigación de Oxfam México, señala a este semanario que el primer paso de estos resultados es lograr la publicación del documento y, posteriormente, impulsar sus recomendaciones ante las instituciones responsables de la política climática. “Lo primero es que pueda salir. Lo siguiente sería buscar cómo aterrizar mejores recomendaciones de política pública, acercarnos a diferentes instituciones para que puedan retomarlas y ver qué puede surgir a partir de todo ello”, explica.
