Las liquidaciones de alrededor de 11 y 13 millones de pesos que recibieron Lorenzo Córdova Vianello y Edmundo Jacobo Molina, respectivamente, al dejar sus cargos en el Instituto Nacional Electoral (INE) son inmorales, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además pidió investigar presuntas irregularidades en contrataciones de bienes y servicios que hizo el organismo durante administraciones anteriores.

En la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo cuestionó que los exfuncionarios recibieran esos montos tras haber percibido remuneraciones superiores a las suyas. “Puede ser legal, pero también es inmoral lo que se dieron los consejeros de liquidación: 11 y 13 millones de pesos por salir del INE”, expresó.

Detalló que Córdova, quien presidió el instituto de 2014 a 2023, habría recibido cerca de 11 millones de pesos como finiquito; mientras que Jacobo, exsecretario ejecutivo, obtuvo una cantidad mayor. Además, la mandataria recordó los ostentosos sueldos de ambos exfuncionarios, quienes “ganaban 2 millones de pesos al mes en términos brutos, con sus descuentos de impuestos, y luego se llevan 11 millones”.

Además de las liquidaciones, la presidenta llamó a revisar presuntas irregularidades en los contratos del INE y la concentración de adjudicaciones en un grupo de empresas proveedoras de materiales electorales. Subrayó que los señalamientos de corrupción no se limitan a la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del instituto en octubre pasado, sino que tienen antecedentes en administraciones anteriores.

Por ello solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para investigar a los exfuncionarios vinculados con esos procedimientos y entre los nombres mencionados figura Edmundo Jacobo, quien se incorporó al partido Somos.

De acuerdo con la primera mandataria la concentración de proveedores se consolidó a lo largo de distintos periodos y alcanzó también a los institutos electorales estatales. “Particularmente el tema del monopolio de las empresas vinculadas con las elecciones viene de hace mucho, y ninguna de las administraciones hizo nada para desarticular ese monopolio”.

Agregó que algunas de las empresas señaladas operaban como intermediarias y no producían directamente materiales electorales, por lo que planteó revisar los criterios de contratación que han favorecido a un grupo reducido de proveedores. Aclaró, no obstante, que no todos los contratos con esas empresas implican necesariamente sobreprecios o irregularidades, de ahí que consideró indispensable revisar los procedimientos y las condiciones bajo las cuales se otorgaron.

La presidenta recordó que ya se han presentado denuncias penales relacionadas con estos casos y que las posibles responsabilidades administrativas o penales deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

Como parte de las medidas para corregir estas prácticas, destacó que el INE estableció nuevos lineamientos de licitación y consideró necesario abrir la participación a más empresas, con reglas claras y costos transparentes.

También propuso fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa estatal que puede participar en la producción de materiales electorales para reducir la dependencia de proveedores externos cuando tenga capacidad de realizar esos trabajos.

Además, destacó que la revisión debe abarcar tanto al INE como a los organismos públicos locales electorales (Oples), con el fin de transparentar el uso de recursos públicos y ampliar la competencia entre proveedores.