Más de 300 desaparecidos, decenas de asesinados y cientos de presos se cuentan en la selva peruana en un conflicto que aún está lejos de concluir. A pesar de la condena mundial por la violación de derechos humanos contra indígenas del Amazonas, el gobierno de Perú lleva a cabo acciones de contrainsurgencia que podrían aumentar las denuncias de crímenes de lesa humanidad

Manuel Robles Sosa / Prensa Latina

Lima. Perú. La tensión y los temores de que vuelvan a producirse hechos de violencia, con su secuela de dolor y más conflicto, persisten en la Amazonía peruana, pese a las conversaciones de distensión iniciadas en junio, en un clima de endurecimiento político gubernamental.

Las denuncias sobre numerosos desaparecidos tras graves disturbios registrados en la zona norselvática de Bagua el pasado 5 de junio, durante la crisis amazónica, siguen pendientes de esclarecimiento y han comenzado a ser acreditadas con más detalle.

Gisela Vignolo, responsable de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, dijo que este organismo indagará sobre lo sucedido con Lewis Wasum, desaparecido durante esos sangrientos sucesos, según denunció su hijo Nelvin. Se trata del primer caso documentado, pues el 8 de junio un diario de Bagua publicó su foto, detenido y esposado, cuando ingresaba con custodia a una estación policial.

La prensa recuerda que la foto fue captada por periodistas mientras aguardaban una conferencia de prensa en el mismo recinto, del viceministro del Interior, Wilson Hernández, sobre la captura de nativos acusados de tener consigo fusiles arrebatados a la policía.

Nelvin Wasum dijo que su padre no figura en la lista de cerca de 20 presos ni en la de hospitalizados, en tanto la policía lugareña niega tener noticias del desaparecido y alega que las investigaciones y detenciones sobre los sucesos de Bagua las realizaron agentes llegados de Lima.

Al anunciar la investigación, Vignolo admitió sólo como parcial un informe de la Defensoría, la cual recientemente dictaminó que no había campesinos cuya ausencia no fuera justificada en las comunidades de la etnia awajún, participante en los hechos del 5 de junio.

El informe fue esgrimido por el gobierno como prueba de la supuesta falsedad de las denuncias de nativos y organismos de derechos humanos que hablan de centenares de desaparecidos y reclaman una mayor investigación.

El reporte de la Defensoría se basó en un estudio de campo de solamente 39 de más de 180 comunidades indígenas, admitió Vignolo, al señalar que cualquier otra denuncia de desapariciones será igualmente investigada.

Según Nelvin Wasum, su padre salió de la comunidad de Galilea, junto a 39 nativos, para reforzar el bloqueo de una carretera en Bagua, y otros seis indígenas tampoco han regresado. La Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) informó que un censo en las comunidades nativas verificó la falta de más de 300 originarios.

Aidesep dirigió la lucha amazónica iniciada el 11 de abril y que a la postre obligó al gobierno a dejar sin efecto dos decretos sobre la selva, ligados al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Una investigación imparcial de los sucesos de Bagua, con participación de Naciones Unidas, fue reclamada también por el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Mario Huamán, a tono con lo previamente planteado por observadores internacionales de derechos humanos.

El dirigente obrero respaldó la demanda de Aidesep de que el gobierno garantice el retorno del presidente de la asociación indígena, Alberto Pizango, y otros dos líderes asilados en Nicaragua al ser perseguidos por órdenes judiciales de detención.

El Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, foro de diálogo entre el gobierno y los nativos, anunció que el 20 de julio definirá la composición de una comisión investigadora de los hechos de Bagua.

La prensa y las instituciones defensoras de los derechos humanos han recogido impactantes denuncias sobre numerosos nativos muertos por las tropas y cuyos cadáveres fueron incinerados o retirados en helicópteros.

Insiste Aidesep en que la comisión investigadora, además de tener participación indígena y gubernamental, debe contar con la presencia de veedores internacionales, con el fin de investigar la matanza y esclarecer las denuncias de desapariciones.

El planteamiento fue hecho a días de la matanza por el relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, y por la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Otro factor de inquietud es la persistente persecución contra los dirigentes de la protesta, según denuncia Aidesep, cuya titular en funciones, Daisy Zapata, afirma que al mantener denuncias judiciales y órdenes de captura y nativos presos, el gobierno incumple el espíritu de los acuerdos de distensión, los cuales pusieron fin a la protesta el 18 de junio.

Zapata advirtió que si no cesa la persecución, Aidesep abandonará las conversaciones con el gobierno. Demandó que el gobierno desista de los procesos iniciados contra los nativos, libere a los apresados y brinde garantías para el retorno del presidente titular de Aidesep, Alberto Pizango, así como otros dos dirigentes asilados en Nicaragua como él.

Los reclamos no han sido atendidos y, por el contrario, el 13 de julio la policía asedió el hospital público de la norteña ciudad de Chiclayo para capturar al dirigente amazónico Santiago Manuin –de prestigio internacional como defensor de la Amazonía–, luego del insólito informe de un médico que ordenó sea dado de alta al día siguiente de una delicada operación quirúrgica, parte de un largo tratamiento por los ocho balazos recibidos en los disturbios de Bagua.

Una junta médica dictaminó que siga en el hospital pues tiene pendiente recuperarse de la intervención y los médicos deben hacerle otra, y la dirigente Zapata acusó al gobierno de presionar a los galenos para darle de alta, a fin de encarcelarlo, pese a su gravedad.

Manuin es acusado de matar policías y otros crímenes supuestamente cometidos el 5 de junio, pese a que el primer ministro de entonces, Yehude Simon, dio fe de que fue herido a balazos cuando, con los brazos en alto, intentaba hablar con la policía para evitar el enfrentamiento.

Las tensiones amazónicas tienen como contexto un endurecimiento político tras el retiro de Simon del gobierno y la designación del expresidente del Congreso, Javier Velásquez, como nuevo primer ministro, al frente de un elenco con la misión principal de lo que el gobierno llama restablecer el orden.

Velásquez ha dicho que el orden y el principio de autoridad se impondrán si en un plazo prudencial diálogos como el abierto con los amazónicos no terminan en acuerdos y ha descartado aceptar anulaciones de leyes, reclamo incluido en las demandas de amazónicos y otros sectores sociales.

El conocido periodista César Lévano, director del diario La Primera, dijo estar convencido de que la actitud contra Manuin y maniobras gubernamentales para promover ilegalmente una dirigencia oficialista de Aidesep apuntan a romper compromisos de distensión contraídos por el gobierno y reprimir a los nativos.