Las principales amenazas a la seguridad fronteriza en el Sur de México son la incapacidad, la falta de coordinación y la corrupción de las autoridades mexicanas, señalan especialistas. Los migrantes, lejos de ser el problema, son las víctimas de las fallidas políticas económicas, sociales y de seguridad de los países de la región

Tapachula, Chiapas. Miles de migrantes centroamericanos ingresan cada año desde Guatemala y Belice hacia los estados mexicanos de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche; ese tránsito de indocumentados por rutas no convencionales cruza 23 municipios de la frontera Sur y se considera, desde hace más de una década, como “un desafío” a la seguridad del Estado mexicano. Sin embargo, los migrantes también representan mano de obra barata que es empleada para cortar café o cosechar plátano y papaya en fincas y campos mexicanos, o para construir la infraestructura turística de la región. Y, fundamentalmente, los migrantes son un botín para los traficantes de personas, miembros de la delincuencia organizada y funcionarios que los extorsionan a lo largo de su camino.

Se trata de hombres y mujeres, la mayoría guatemaltecos, que provienen de las provincias fronterizas de San Marcos, Huehuetenango o Quetzaltenango, algunos hondureños –procedentes de San Pedro Sula, Tela y Copán Ruinas– y salvadoreños (de los departamentos de Chalatenango, Cabañas y Cuscatlán), cuya edad oscila entre 20 y 25 años. Todos, desesperados por los magros salarios o el déficit de empleo en sus países de origen. Niños y niñas migrantes, que acompañan a sus padres o viajan solos, también están indefensos ante las redes de traficantes de menores o a la explotación laboral en fincas y campos, explican los investigadores participantes en el seminario Migración y Seguridad: Nuevo Desafío en México, realizado en agosto pasado en esta ciudad fronteriza.

En su mayoría, los migrantes son analfabetos. Las mujeres –un sector muy vulnerable de ese flujo– dejaron a sus hijos al cuidado de sus familias; algunas, como reconocen estudios del Instituto Nacional de las Mujeres, se inyectaron o tomaron anticonceptivos antes de transitar los 962 kilómetros de frontera entre México y Guatemala o los 176 kilómetros con Belice, en previsión de una agresión sexual, como explicó Rubí Escamilla, de la Organización Internacional de las Migraciones, en el segundo seminario taller Género e Identidades Biculturales, diciembre de 2008.

También los hombres emigrantes son objeto de violaciones sexuales. Así se expone en la investigación Pandillas juveniles, violencia y derechos humanos: impactos en la frontera sur (agosto de 2009), de Rodolfo Casillas. El estudio muestra que de 3 mil 217 eventos registrados sobre agresiones a migrantes en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, 2 mil 931 ocurrieron en territorio mexicano. De ese universo, 1 mil 931 delitos cometidos contra migrantes fueron robos, 989 correspondieron a extorsiones; hubo 823 casos de maltrato verbal, 464 situaciones de maltrato físico, se registraron 201 secuestros y en 143 situaciones se trató de abuso sexual.

La investigación reveló que hubo 188 hombres secuestrados y 13 casos de mujeres; 111 hombres sufrieron abuso sexual y 32 mujeres; 437 hombres sufrieron maltrato físico y 27 mujeres, también; y 1 mil 764 hombres fueron objeto de robo, un delito que sufrieron 167 mujeres. De acuerdo con este investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el 55 por ciento (5 mil 416 casos) de secuestros registrados contra migrantes ocurrió en el Sur de México, mientras que en el Norte se registraron 981 (11.8 por ciento). La mayor parte de los raptos ocurrieron en Veracruz y Tabasco, con 2 mil 944 y 2 mil 378 casos, respectivamente.

Camino a la trampa

Los caminos que siguen los centroamericanos para internarse en los 23 principales municipios fronterizos de México transitan por zonas deshabitadas o selváticas. También son desembarcados en playas aisladas para de ahí ser conducidos, clandestinamente, a 18 municipios de Chiapas, dos de Campeche o dos de Tabasco. En los últimos años, esta frontera pasó a ser cada vez más vigilada, aunque, según observó en 2005 el Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), los controles no son eficientes, pues a lo largo de los 1 mil 138 kilómetros de frontera con Guatemala y Belice sólo existen 13 puntos de internación formales: nueve en Chiapas, dos en Tabasco y dos en Quintana Roo.

Un estudio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (citado por Luis Alegre en Reforma del 5 de abril de 2004) contabilizó 29 accesos informales; un año después, fuentes no oficiales calculaban entre 30 y 100 los pasos irregulares. Se sabe también que cuando los guías de migrantes indocumentados enfrentan más controles por vías terrestres, optan por las marítimas en costas del Caribe y el Pacífico, donde son capturados por la Armada en acciones respaldadas, entre otras, por el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, firmado por México el 13 de diciembre de 2000 y ratificado el 4 de marzo de 2003.

Opera también en la frontera Sur el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (Gansef). Su origen data del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Vicente Fox (2000-2006), cuando se definió como prioridades de seguridad del gobierno mexicano: el tráfico de drogas, armas y personas, la delincuencia organizada y las redes del terrorismo internacional. De modo específico, el PND señaló la necesidad de controlar el creciente tráfico ilegal de drogas, personas y armas en esa frontera. Con la intención de mantener el control fronterizo, México formalizó con Guatemala la operación del Gansef en octubre de 2002 y en junio de 2005 hizo lo mismo con Belice.

El objetivo del mecanismo trinacional es “salvaguardar la seguridad de sus fronteras, la integridad y el respeto a los derechos humanos”, tanto de los habitantes en esas regiones como de los migrantes. El 14 de enero de 2008, los tres gobiernos certificaron los servicios que prestan los cruces fronterizos formales para armonizar sus procedimientos. Ocho meses después de esa medida no se había informado al Senado del avance de ese servicio, por lo que el 25 de septiembre María Elena Orantes López, legisladora por el Partido Revolucionario Institucional, logró un punto de acuerdo para conocer las labores realizadas por el Gansef.

El Sur también existe

Las fronteras son espacios de condensación de procesos sociales, políticos y económicos, y, al mismo tiempo, son escenarios de dinamismos particulares y resultado de procesos históricos, explica la experta en esa región Natalia Armijo, investigadora de la Universidad de Quintana Roo. Manifiesta que en México se debe recordar que “el Sur también existe”. Dice que actualmente en esa región la situación es compleja, pues junto con los históricos flujos migratorios coexisten problemas como el tráfico de drogas, armas y personas, aunque, subraya, no se deben poner todos los temas en la misma agenda, pues para abordarlos se requieren políticas diferenciadas.

Para la también investigadora del Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica en Washington, DC, los migrantes procedentes de Centroamérica son personas en búsqueda de alternativas de sobrevivencia. Señala que, desafortunadamente, el incremento de medidas de control fronterizo, que se traducen en la presencia de fuerzas de seguridad en la frontera, hace más difícil el tránsito de los migrantes “y los deja en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los coyotes y frente a las posibilidades de extorsión e, incluso, secuestro”.

Desde su perspectiva, Armijo prevé que la frontera Sur será cada vez más una zona de tránsito de los centroamericanos por territorio mexicano hacia Estados Unidos. La pobreza y los problemas de ingobernabilidad en algunos países de esa región, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, “no parecen indicar que desaparezca la migración irregular”. Para atender este fenómeno se requieren políticas coordinadas y concurrentes entre México y los países centroamericanos expulsores de migrantes, además de que debe considerarse que la “debilidad institucional” en esos países centroamericanos y en la frontera Sur de México constituye un riesgo porque se generan vacíos que fácilmente pueden ser ocupados por el crimen organizado.

Señala Natalia Armijo que las conclusiones del seminario Migración y Seguridad: Nuevo desafío en México (Tapachula, Chiapas agosto de 2009), organizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, la Organización Internacional para las Migraciones y el Colegio de la Frontera Sur, son: “que en ningún instrumento multilateral se ha establecido que la migración es una amenaza para la seguridad internacional; que cuando nos referimos a los vínculos entre migración y seguridad es necesario especificar de qué seguridad estamos hablando, pues hay distintas dimensiones de la seguridad y todas se ligan de forma distinta con los flujos migratorios: seguridad nacional, seguridad pública, seguridad fronteriza y seguridad humana”.

Asimismo, la autora de la investigación Las maras y la seguridad del triángulo México-Estados Unidos-Centroamérica explica que otras conclusiones son: que los vínculos entre migración y seguridad no siempre son directos y visibles (como sería la muerte de un migrante en el trayecto), a veces son consecuencia de algunas políticas ajenas a los flujos migratorios que generan condiciones de vulnerabilidad para los y las migrantes.

El investigador estadunidense Tony Payán, de la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pone el énfasis de su análisis en el aspecto económico de la migración, tanto de centroamericanos por territorio de México como de mexicanos hacia Estados Unidos. En su opinión, el complejo industrial militar estadunidense e internacional se beneficia del control a los migrantes indocumentados. Esto ocurre a partir de la construcción de las prisiones particulares que albergan a los migrantes que son detenidos en la frontera Norte de México con Estados Unidos y por la venta de equipos de vigilancia de alta tecnología desplegados a lo largo de las zonas fronterizas.

Al aumentar la securitización (un vocablo estadunidense que nombra el proceso mediante el cual un tema se coloca dentro de la agenda de seguridad nacional) del fenómeno migratorio, el gobierno mexicano adoptó una política de adquisición de equipos y de capacitación para frenar la migración indocumentada, dice Payán. Ante ese escenario, deben buscarse soluciones económicas y no centrarse en los síntomas, “porque el vínculo entre seguridad y migración se llama economía”, propone el autor del estudio Las tres guerras fronterizas: drogas, inmigración y seguridad de la patria (Westport, CT: Praeger, 2006).

Para el académico de ciencia política de la Universidad de Texas, los migrantes que traspasan la frontera Sur y Norte de México son refugiados económicos. Subraya su tesis con la frase “¡it´s the economy, stupid!”, que expresaron en 1992 varios políticos estadunidenses durante la campaña de William Clinton por la presidencia estadunidense para hacer ver a su adversario, George W Bush, su manejo no adecuado de la economía en aquel país.

Al respecto de esa posición, Ernesto Rodríguez, director del Centro de Estudios Migratorios del INM, describe que la seguridad siempre ha estado presente históricamente en el debate migratorio de los países receptores y expulsores. Define que desde la seguridad nacional, ese interés se plantea en términos de: “¿queremos que lleguen migrantes o no?, y en consecuencia, ¿cómo vamos a enfrentar y desde dónde ese flujo migratorio?”.

En ese dilema, Rodríguez coincide con la expresión de Tony Payán de que en el caso de México la dinámica es ciento por ciento económica. Observa también que el desarrollo de las vías transfronterizas de larga distancia y el desarrollo de las comunidades trasnacionales originaron economías estructurales informales que traspasan las fronteras, pues “tienen que ver con lo ilícito y representan nuevos desafíos al tema de la seguridad nacional.

El funcionario considera evidente el vínculo entre migración y seguridad ante el aumento de la movilidad de indocumentados por una frontera: “Actualmente hay 300 millones de personas que se están moviendo en todo el mundo, y en la frontera Sur hay 400 mil movimientos de entrada, por lo que todo el que llega a entrar o salir será objeto de seguridad”.

Diagnóstico grave

El Diagnóstico general 1994-2009 de las capacidades de gestión en seguridad y desarrollo en las fronteras norte y sur, de José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, detecta la ausencia de proyectos estratégicos en materia de seguridad y desarrollo, limitadas capacidades de gestión local y transfronterizo, falta de coordinación y conflictos burocráticos, así como aumento y disputa de grupos delictivos que se traducen en estrategias diversas para el posicionamiento del territorio.

Este especialista en temas fronterizos descubre la ausencia de política y visión estratégica integral y transversal en la política, y que a pesar del énfasis en control fronterizo entre 2001 y 2009, se dio un auge del crimen organizado y el narcotráfico precisamente en las zonas fronterizas.

Ante ese diagnóstico, el especialista ofrece los siguientes escenarios en la política de seguridad en las fronteras:

Fortalecimiento de la militarización sin una estrategia integral.

Aumento en las capacidades de gestión reactivas y relativo avance hacia una gestión estratégica.

Limitadas capacidades de gestión

Cruces fronterizos

Al 15 de mayo de 2009, información pública de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indica que entre México, Guatemala y Belice existen un total de 10 cruces formales y son parte de la jurisdicción de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) Sur y su administración depende de esa dependencia.

Hay tres cruces fronterizos formales existentes entre Guatemala y México en los márgenes del río Suchiate: el Puente doctor Rodolfo Robles en Ciudad Hidalgo, México-Tecún Umán, Guatemala, el Puente ingeniero Luis Cabrera, también en Ciudad Hidalgo, y el Puente Talismán, que conecta a Talismán, México, con El Carmen, Guatemala. En la llamada segunda línea geodésica, se ubican los cruces de Ciudad Cuauhtémoc, México con La Mesilla, Guatemala y Carmen Xhan, México con Gracias a Dios, Guatemala.

En el primer paralelo está también el cruce fronterizo Nueva Orizaba, México, con Ingenieros, Guatemala, y en el margen del río Usumacinta se encuentra el cruce Frontera Corozal, México, con Bethel, Guatemala. Finalmente, está el cruce fronterizo en el meridiano de El Ceibo.

Entre México y Belice están: el puente internacional sobre el río Hondo, denominado Subteniente López, México, con Santa Elena, Belice, y el cruce La Unión, México. Una nota de la Semarnat indica que “la presentación de Fronteras Sur por la Secretaría de Gobernación indica que hay un total de 10 cruces, señalando a La Unión, pero éste no se muestra en la CILA”. (NE)