Comandos armados secuestran jóvenes en antros, un informante de la agencia estadunidense antinarcóticos (DEA, por su sigla en inglés) asesinado a plena luz del día, un general acribillado, un tiroteo entre grupos rivales de la Policía Federal, convoyes militares que viajan por la ciudad preparados para el enfrentamiento, empresarios extorsionados por grupos criminales. No estamos hablando de Reynosa, Matamoros (Tamaulipas) o Monterrey (Nuevo León). Estamos hablando de la capital de la República Mexicana.
Esos hechos son una expresión del patrón de violencia de grupos criminales que ocurre con una frecuencia inusitada en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Las bandas de la delincuencia organizada actúan en el Distrito Federal con una soltura parecida a la que exhiben en las zonas tradicionales de operación criminal en el país. Controlan el aeropuerto internacional, dominan barrios y delegaciones, mantienen centros de distribución de droga en los antros de la capital, infiltran empresas y las extorsionan.
No se trata, como ocurre en zonas rurales de la frontera, de la facilidad que tiene la delincuencia para actuar en zonas donde no hay presencia policial ni militar. La rapidez y profundidad con la que la delincuencia organizada se ha expandido en la Ciudad de México contrasta con el estado de la fuerza federal y local estacionada en el Distrito Federal: casi 100 mil policías y aproximadamente 50 mil soldados.
El asunto a explicar es por qué crece la delincuencia organizada, y con ella la violencia, a pesar de que la Ciudad de México es la más vigilada del país.
Una posible explicación es que el gobierno federal, en diferentes administraciones, ha concentrado sus recursos de contención de la criminalidad organizada en otras ciudades afectadas como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Morelia, pero ha descuidado el Distrito Federal. La tendencia de las organizaciones delictivas es adaptarse a las circunstancias y buscar otras áreas de operación con menos niveles de vigilancia y saturación militar. Tras décadas de militarización contra el narcotráfico, prácticamente todos los cárteles del país tienen presencia y operan en la Ciudad de México.
Otra explicación posible es la corrupción endémica tanto de las autoridades locales como de las federales encargadas de la seguridad local. El desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, tras años de denuncias y evidencias de corrupción, fue acaso una demostración de hasta dónde había penetrado la capacidad corruptiva del crimen organizado. Aunque esa dependencia ya no existe administrativamente, los cuerpos de seguridad que la integraban aún están ahí. Los sueños y los discursos sobre la reforma policial quedaron ahí como polvo bajo la alfombra.
Otra explicación posible es que las policías locales y federales, así como las Fuerzas Armadas han perdido capacidad de respuesta. Los cuerpos de policía y batallones militares estacionados en la Ciudad de México no logran disuadir la acción criminal. Los grupos criminales operan con impunidad, como si no hubiera una fuerza activa capaz de hacerles frente en minutos.
En realidad, las décadas perdidas tratando de solucionar el problema del narcotráfico por medio de las Fuerzas Armadas han disminuido la capacidad de respuesta y el estado de fuerza militar de todo el país.
Esa incapacidad de respuesta incrementa aún más la condición vulnerable del Distrito Federal.
Ahora el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pretende sustituir la ausencia de una reforma policial con la creación de una fuerza intermedia, militarizada, que se encargue del combate directo a la delincuencia organizada. Pero eso no parece ser más que una reedición del plan del gobierno de Ernesto Zedillo para crear una fuerza intermedia a través de la Policía Federal Preventiva.
A pesar de los esfuerzos para mejorar la seguridad pública de la Ciudad de México, los gobiernos anteriores y al parecer el actual no han tenido como prioridad la defensa estratégica de la ciudad. Esa prioridad no está en discursos públicos ni en planes de seguridad ni en presupuestos.
Paradójicamente, el punto geopolítico más débil del país es la Ciudad de México. Su carácter centralizado y su condición de ser el asentamiento de los poderes federales –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– convierte al Distrito Federal en un objetivo estratégico para cualquier fuerza armada, sea regular o irregular, que pretenda neutralizar los elementos del poder nacional.
Aunque la hipótesis de una invasión armada no forma parte de los escenarios posibles o probables para México, la hipótesis del terrorismo y la operación impune de grandes grupos criminales sí son parte de los escenarios considerados como posibles. La experiencia trágica del 11 de septiembre de 2001 mostró al mundo que todos los escenarios, hasta los que nunca imaginamos, eran posibles.
El abandono de la seguridad de la capital, la corrupción y el debilitamiento de la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales y militares han agravado la debilidad estratégica en una ciudad que de por sí es histórica y geográficamente vulnerable.
Su cercanía con la costa de Veracruz convirtió a la Ciudad de México en el objetivo de las intervenciones armadas extranjeras. Históricamente, la ruta de invasión de ejércitos enemigos empieza en Veracruz y termina en el centro del país.
La debilidad estratégica de la Ciudad de México y por lo tanto del país aumenta si consideramos que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea y la Armada han pospuesto sus planes de modernización para hacer frente a las exigencias de enfrentar al narcotráfico con el carácter de una policía militarizada.
Al abandonar prácticamente la renovación de su flota, la Armada de México se ha vuelto una especie de guardia costera con una extensión hacia dentro del territorio mediante la infantería de marina. La Fuerza Aérea, sin posibilidades reales de defensa aérea, se ha limitado a ser una fuerza de apoyo en labores de reconocimiento y transporte de tropas.
Es posible que esa debilidad de la fuerza castrense, ocasionada por décadas de explotación política y urgencias sexenales, continúe por más décadas si no hay una reforma militar profunda en el país. Por lo tanto sería realista pensar que la capacidad de respuesta militar no va a mejorar en el corto plazo.
Lo que sí puede cambiar en el corto plazo es la voluntad gubernamental y la política de seguridad del país. La Ciudad de México necesita ser integrada dentro de un plan general de seguridad y defensa nacional. Permitir que la capital de la República sea un centro más de operaciones del narcotráfico y de la delincuencia organizada equivale a perder simbólicamente el control político y territorial.
Pero ni el país ni la Ciudad de México necesitan la militarización, el patrullaje militar ni el establecimiento de puntos de revisión castrense. Un enfoque efectivo debe dedicarse a evitar la corrupción militar y naval, porque las Fuerzas Armadas son el último recurso de seguridad y defensa del país.
La ciudad y el país requieren la integración de una política preventiva, más basada en el desarrollo económico, social y educativo de las zonas de operación delictiva, sin importar si son zonas fronterizas, municipios, o delegaciones de la Ciudad de México. Ése sería el único camino firme para desalentar el reclutamiento de jóvenes dentro de las organizaciones criminales.
Los poderes de la República, concentrados en la Ciudad de México, requieren coordinarse para lograr una reforma profunda de la seguridad y defensa del país que involucre a las policías, los órganos de inteligencia y a las Fuerzas Armadas.
Y junto con esa reforma, el país necesita un nuevo diseño de la fuerza basado en el incremento de los recursos para los servicios de inteligencia y dirigirlos contra la corrupción en las filas gubernamentales y el desmantelamiento de las redes de protección de las cúpulas criminales.
Sin esos elementos, la seguridad de la Ciudad de México no pasará de ser materia de discursos.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, DC, Estados Unidos
Fuente: Contralínea 338 / junio 2013
