Dos años y medio después de la tragedia en la central nuclear de Fukushima, más de 90 mil familias de agricultores se enfrentan al rechazo de sus productos, por los altos índices de radiación. El riesgo de padecer cáncer es el motivo principal de este problema. No obstante la crisis, el gobierno japonés ha sido incapaz de generar un estándar que dé certidumbre tanto a los campesinos como a los consumidores

Suvendrini Kakuchi/IPS

Tokio, Japón. Las vidas de Yoshihiro Watanabe y su esposa Mutsuko, cultivadores de hongos y arroz en la localidad japonesa de Fukushima, cambiaron drásticamente desde el colapso de la central nuclear de Dai Ichi, tras el terremoto y sunami del 11 de marzo de 2011.

“Peligrosos niveles de radiación de los deteriorados reactores nucleares nos obligaron a dejar de cultivar hongos y redujeron casi 80 por ciento nuestros ingresos agrícolas”, dice Watanabe a Inter Press Service (IPS).

Su familia también tiene extremo cuidado en proteger su salud eligiendo sólo alimentos “seguros”, lo cual implica “un estilo de vida que crispa los nervios”, agrega. Los alimentos expuestos a radiación aumentan los riesgos de contraer cáncer.

Bajo los límites impuestos por el gobierno japonés, los productos alimentarios que reportan una contaminación superior a 100 becquereles por kilogramo no se pueden vender.

El establecimiento de Watanabe, creado hace 200 años, está en Dateshi Ryozenmachi, un pequeño poblado agrícola ubicado a 55 kilómetros de donde funcionaba el reactor nuclear de la central de Fukushima.

Este año, la oficial Área de Evacuación Deliberada se redujo a un radio de 40 kilómetros alrededor de los reactores dañados, aunque se han constatado riesgos radiactivos en zonas que se encuentran incluso a 100 kilómetros de distancia.

Watanabe entiende que su futuro es incierto. “El accidente nuclear asestó un duro golpe a la agricultura en Fukushima, contaminando vastos tramos de tierras y asustando a los consumidores japoneses que rechazan nuestros productos”, explica.

La prefectura de Fukushima contaba con la tercera mayor cantidad de agricultores en Japón, que producen una amplia variedad de frutas, verduras y alimentos procesados.

El mayor obstáculo que afrontan los agricultores es la falta de un estándar claro en materia de riesgo de radiación que todos acepten, dice Watanabe.

La variedad de hongos que Watanabe cultiva en un terreno montañoso de la zona continúa exhibiendo niveles de entre 700 y 1 mil becquereles por kilogramo. Esto es hasta 10 veces la cifra permitida.

Se han creado nuevas organizaciones integradas por residentes y científicos comprometidos con la situación para promover los controles de los alimentos, en un intento por hacer que vuelvan a la normalidad las vidas de los agricultores afectados en Fukushima, que ahora dependen de compensaciones del gobierno.

Manabu Kanno, quien lidera la organización Rehabilitando un País Hermoso de la Radiación, dice a IPS que ésta lanzó un servicio de inspección poco después del accidente nuclear, a través de un fondo no gubernamental. El grupo aspira a proteger la muy dañada agricultura local.

Actualmente apoya a más de 90 mil hogares agrícolas que pagan una cuota nominal para que inspeccionen sus productos y declaren que son seguros para los consumidores.

 “Los productores ganaderos son los más afectados, dado que la leche muestra altos niveles de radiación. Pero más de 2 años después del accidente hay algunos destellos de esperanza, porque la radiación está bajando”, dice Kanno.

Ahora los agricultores se dedican a nuevos cultivos como los pepinos, y optan por ventas directas a los clientes en vez de vender en supermercados, donde los productos etiquetados con la leyenda “de Fukushima” generan rechazo. Algunos productores también reiniciaron el cultivo de arroz este año.

Hay mucho en juego. Más de 150 mil personas que residían dentro de las zonas peligrosas cercanas al reactor de Fukushima continúan viviendo como “refugiados nucleares” en otras ciudades para evitar la radiación.

El Ministerio de Ambiente lleva a cabo un programa de descontaminación que incluye la remoción de la capa superficial del suelo en tierras afectadas. Se prevé que este plan insuma por lo menos 5 años más.

El escepticismo de los consumidores es alto, especialmente entre las familias con hijos pequeños, los más vulnerables a la exposición radiactiva.

Mizuho Nakayama, directora de la organización Protejan a los Niños de la Radiación, dice a IPS que “el accidente de Fukushima alteró drásticamente la noción de seguridad alimentaria, particularmente para las madres que quieren proteger a sus hijos de la agricultura contaminada”.

Nakayama, ella misma madre de un pequeño de 4 años de edad, dice que las actuales medidas de radiación divulgadas por el gobierno confunden a los padres. Su entidad controla los datos oficiales en términos del riesgo para niños y niñas.

 “Nuestros patrones de compra de alimentos cambiaron. La prioridad es la seguridad y nuestra propia evaluación”, lo que implica distanciarse de modo importante de la actitud de confiar “en que el gobierno nos protege”.

 “Por primera vez nos dimos cuenta de que no podemos confiar en los límites de radiación del gobierno”, sostiene.

Los agricultores no son los únicos que todavía están afectados. En agosto pasado, pescadores de Fukushima elevaron una protesta a la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio, dueña del reactor dañado, para que frene el agua radiactiva que se filtra al Océano Pacífico.

Fuente: Contralínea 352 / 16 al 22 de septiembre 2013