Gobiernos locales y federal recurren a la contratación de personal externo tanto para servicios generales como administrativos. Con más de 1 mil 100 contratos de outsourcing, el gobierno federal estaría evadiendo sus obligaciones laborales e inhibiendo la organización de los trabajadores, señalan especialistas

Cuando su primo le habló del trabajo de afanadora en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a María la motivó pensar que sería contratada por la dependencia. Luego, su familiar le aclaró que se trataba de una empresa independiente. “Pero pues ya estaba aquí y no lo iba a hacer quedar mal; entonces me quedé”, dice la mujer de 59 años. Afirma que en los cuatro años que lleva trabajando ahí, nunca ha firmado un contrato: “Nada más dimos nuestros papeles”.

María trabaja para Licom, SA de CV, empresa que ha sido contratada para la limpieza de las oficinas de la Secretaría de Finanzas local, las delegaciones Coyoacán y Miguel Hidalgo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y el Instituto Federal de Acceso a la Información, bajo un esquema de contratación externa u outsourcing.

La contratación de personal externo se ha vuelto una práctica común en la administración pública, como lo constatan los contratos que en los últimos tres años han establecido con empresas proveedoras de servicios. Las áreas de aseo, mantenimiento y vigilancia de los inmuebles (que muchas empresas consideran no prioritarias) son las más socorridas en la externalización, pero también se ha recurrido a este esquema para contratar personal para áreas administrativas.

Outsourcing por decreto

El 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que establecía las medidas de austeridad que habrían de seguirse en la administración pública federal. En su artículo 14 señalaba que las dependencias y entidades paraestatales debían promover la contratación de servicios para generar ahorros, que incluirían telecomunicaciones y servicios generales, como mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado y vigilancia.

De acuerdo con la información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia, desde 2007 las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Comunicaciones y Transportes (SCT); Economía; Educación Pública; Desarrollo Social; Energía; Función Pública; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Salud; Seguridad Pública; Reforma Agraria; Trabajo y Previsión Social; Turismo, junto con la Presidencia de la República y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establecieron en total 658 contratos para los servicios de limpieza en sus instalaciones.

Para servicios de vigilancia, el IMSS reportó 92 contrataciones con particulares; SCT, 83; Sagarpa, 82; Desarrollo Social, 63; Economía, 55; Semarnat, 43; Salud, 18; Trabajo y Previsión Social, tres; Educación Pública, dos; Función Pública y Presidencia de la República, uno cada una. En conjunto sumaron 443 contratos.

Los datos del portal de transparencia también constatan la contratación de servicios externos en áreas administrativas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha recurrido de 2006 a 2009 a la compañía Special Outsourcing Services, SA de CV, para que la provea de personal temporal en las estaciones de servicio, como consta en los contratos 015-07-ASA-SER-30, 001-08-ASA-SER-30 y 001-09-ASA-SER-10.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda, contrató este año a las empresas Talento Humano en Outsourcing, SC, y Administración Profesional de Personal MSG, SC, para servicios de administración y pago de nómina.

Financiera Rural y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también figuran entre las entidades públicas que han optado por contratar personal externo. Entre 2008 y 2009, Financiera Rural ha establecido seis contratos con la empresa Zaragoza, Rocha y Asociados, SC, para que le suministre personal para diversas áreas administrativas. Ninguno de esos contratos ha sido por un plazo mayor a los ocho meses.

El Bancomext ha llevado a cabo 23 contrataciones con diversas empresas proveedoras de personal desde septiembre de 2007. Manpower, SA de CV, que se describe como “líder mundial en la industria de recursos humanos”, se ha beneficiado con seis de esos contratos, uno de los cuales registra un monto por más de 4 millones y medio de pesos para dotar de trabajadores que apoyen “diversas áreas de Bancomext” durante este año.

Para actividades administrativas, Bancomext también contrató los servicios de Tec Logistics, S de RL de CV; Job and Job de México, SA de CV; y ADSourcing Administración de Nómina, SA de CV; mientras que para la atención telefónica recurrió a Toptel, S de RL de CV, empresa que también provee trabajadores al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Migración.

Modelo fraudulento

De Buen refiere que las empresas proveedoras de personal actúan como intermediarias, figura contemplada en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, y como tal no liquida la responsabilidad del que recibe los servicios, sino que hace responsables tanto al que los proporciona como al que los recibe.

Respecto de los servicios generales, como la limpieza y vigilancia, el investigador y actual abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas considera que no se trata de un modelo de outsourcing toda vez que no constituya una maniobra para evadir responsabilidades laborales.

El contrato número CONDUSEF/008/2009, establecido entre la empresa Licom, SA de CV, y el organismo el 31 de diciembre de 2008, evidencia que en el sector público sí se ha recurrido a este esquema para eludir obligaciones con los trabajadores. La cláusula 15 de dicho contrato establece la “inexistencia de relaciones laborales”, con lo que la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras “no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con el prestador de servicios ni con los trabajadores que el mismo contrate (…) por lo que no se le considerará como patrón directo o sustituto y el prestador de servicios expresamente la exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social u otra que pudiera generarse con relación a sus empleados”.

Para De Buen, el gobierno viola la ley al recurrir a esta fórmula de contratación. “Es una vergüenza porque hacerlo así es una especie de acto de complicidad con las empresas que lo hacen habitualmente para quitarse responsabilidades laborales, y aquí el gobierno está violentando las disposiciones de la Ley Federal (del Trabajo); está actuando de forma indebida”, asegura.

Contra la organización de los trabajadores

El líder de los trabajadores del Bancomext, Alfredo Castro Escudero, señala que con la incorporación de este mecanismo de contratación se ha ido reduciendo el personal contratado directamente por esa institución. El secretario general del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bacomext refiere que al principio, la contratación por outsourcing se dio en áreas “más o menos razonables”, como intendencia, mensajería, seguridad, pero ahora también se incluyen áreas operativas, tanto de funcionarios medios como de operadores de base, lo que para Castro Escudero resulta “tremendamente peligroso”.

“El peligro radica en que se vaya perdiendo al trabajador de base, al trabajador sindicalizado, con sus derechos y prestaciones, y sea, por así decirlo, sustituido por este trabajador contratado en diferentes formas y modelos mucho más baratos, sin prestaciones, sin derecho a sindicalizarse”.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en los últimos cinco años el número de empleados de base de Bancomext se redujo 7.6 por ciento.

Francisco Armenta, asesor sindical, señala que el derecho a la libertad sindical es “clave” en las empresas tercerizadoras, ya que “la única manera de lograr que se cumpla la ley es teniendo un sindicato real con capacidad de interlocución y de acción política frente a la empresa. Si no hay eso, el trabajador queda completamente desprotegido”.

Agrega que ninguna de estas empresas cuenta con un sindicato real: “Sí hay sindicatos pero creados con contratos colectivos de protección sindical, (es decir) sindicatos sin asambleas, que sí cuentan con registro y, como tal, pueden firmar un contrato colectivo con la empresa, (pero en ellos) establecen los mínimos de la ley para que después la empresa haga lo que quiera, o cláusulas que lo que quieren es proteger a la empresa contraviniendo la ley”.

María corrobora lo anterior: “Cada que hacen un cambio de empresa según viene un sindicato, después del día que hacen el cambio jamás se vuelve a aparecer. Dicen que nos van a ayudar, que nos van a apoyar, miles de cosas… en fin, ya jamás los volvemos a ver”.

Servicios externos, en expansión

Defensores de los derechos de los trabajadores como Manuel Padrón Flores, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), han manifestado que el outsourcing o tercerización tiende a “extinguir el derecho al empleo” al estar diseñado como “una forma fácil de deshacerse de los trabajadores”, al no garantizar la estabilidad laboral, la igualdad salarial, la organización y la seguridad social de los trabajadores.

En su XI informe de violaciones a los derechos humanos laborales durante 2007, el Cereal advierte que los regímenes de tercerización se están expandiendo rápidamente sin que haya una valoración adecuada de lo que eso implica en términos de indefensión para los trabajadores. Y añade que la precaria situación de los trabajadores complica aún más su capacidad de emprender acciones de defensa contra estos sistemas de organización del trabajo.

Ante la ausencia de cifras oficiales que permitan cuantificar la expansión del outsourcing en el país, los datos de empresas consultoras contribuyen a dar una idea del crecimiento de este fenómeno: de acuerdo con un estudio de la consultora Alix Partners, México figura como primer destino para el outsourcing, colocándose por encima de Brasil, China e India.

IDC, Publicación de Grupo Editorial Expansión, refiere en otro estudio que, en el primer semestre de 2009, el outsourcing tuvo un crecimiento de 4.6 por ciento, siendo el único rubro en el sector de servicios que logró prosperar en dicho periodo.

El Cereal reconoce que el sector de servicios es el que más empleos genera en el país, pero también donde los empleos tienen menor calidad. En 2007, este centro señaló que durante las últimas dos décadas el sector servicios había crecido considerablemente debido a la entrada al país de grandes consorcios internacionales, entre los que se encuentran las reclutadoras y manejadoras de personal. Éstas han dominado el mercado local, desplazado a las empresas mexicanas y exigido condiciones de trabajo degradantes para los trabajadores como requisito de su permanencia en el país.

Así, este tipo de empresas “han incurrido en violaciones sumamente graves en contra de la dignidad de las y los trabajadores: les someten a regímenes de inestabilidad laboral, pagan salarios insuficientes y mantienen esquemas de prestaciones muy limitados, simulan la relación laboral a través de figuras extrañas a la legislación, impiden la libertad sindical y el derecho de contratación colectiva”, señala el informe de Cereal.

El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, profesor de la Universidad de Guadalajara, concluye en su artículo “Outsourcing: instrumento jurídico sin control legal” (publicado en 2005 en Scientific International Journal) que esta figura “se utiliza indebidamente porque no existe una normativa legal que lo canalice de forma adecuada. No hay tampoco una verdadera cultura empresarial en nuestro medio que lo aplique con racionalidad, y lo peor es que ni siquiera los propios trabajadores se han podido percatar de lo perverso de ese vacío legal en que se ha traducido la indiferencia de quienes tienen el deber ineludible de regular los factores de la producción: gobernantes, legisladores, administradores de justicia, a la par que académicos, juristas y litigantes”.

Limpian dentro, les pagan fuera

En su portal de internet, Grupo Alfa Sol, SA de CV, enumera los beneficios de contratar sus servicios de limpieza de inmuebles. Una de las “ventajas” que señala para sus clientes es que “se eliminarán los problemas de sindicatos, problemas laborales de personal como son la antigüedad, aguinaldos, vacaciones, reparto de utilidades, pensiones y jubilaciones”. También se menciona que “se eliminarán los problemas de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social), enfermedades, incapacidades, indemnizaciones o defunciones” y que se “eliminará el laborioso pago de nóminas y conciliaciones con el personal”.

Guadalupe Ávila, jefa de licitaciones de Grupo Alfa Sol, SA de CV, dice que estas obligaciones se eliminan para los clientes porque son asumidas por la empresa; pero aclara también que los trabajadores no están afiliados a ningún sindicato y que su recontratación se hace una vez que han transcurrido dos años trabajando en una misma empresa, hecho poco frecuente para los empleados que laboran en oficinas gubernamentales debido al tiempo de vigencia de las licitaciones.

Actualmente, Grupo Alfa Sol, SA de CV, cuenta entre sus clientes a la Cámara de Diputados, las secretarías de la Reforma Agraria y Función Pública y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otras dependencias públicas que también han contratado sus servicios son el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Caminos y Puentes Federales. A nivel local ha ofrecido sus servicios al Sistema de Transporte Colectivo Metro (líneas 3 y B), la delegación Cuauhtémoc y el Servicio de Transportes Eléctricos, de acuerdo con la información de la empresa publicada en su página de internet.

Limpiatec, SA de CV, también ha contado con varios clientes en el sector público, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Fomento Educativo, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Sentadas en una jardinera, dos jóvenes empleadas de Tapaclean, SA de CV, fuman mientras digieren el almuerzo. Quien las ve al pasar no se imagina que son madre e hija, pues ambas tienen rostros lozanos y cuerpos menudos. La madre, de 35 años, lleva tres años trabajando en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, “donde se hace el CURP (Clave Única de Registro de Población)”, como refieren los vecinos del lugar. Ella ha tenido que trabajar doble turno porque no le alcanza con lo que gana en una jornada, y con el cambio de empresa que hubo recientemente la mejoría fue mínima: en lugar de los 1 mil 100 pesos que recibía a la quincena, ahora gana 1 mil 150 pesos.

Su hija tiene 20 años y llevan un año trabajando juntas. Tuvo que dejar la escuela para ayudar con los gastos de la casa, pero ni con lo que ambas ganan les alcanza para vivir. Las dos reconocen que la paga es insuficiente, pero resignada, la madre dice que no puede acceder a un mejor trabajo porque no cuenta con estudios. El semblante de su hija se entristece al oírla hablar. (MS)

CONTRALÍNEA 164 / 10 DE ENERO DE 2010