La situación en Michoacán ha puesto en duda la existencia del Estado como la única entidad capaz de ejercer el monopolio de la violencia; es decir, como el Leviatán encargado de mantener la paz social y la seguridad de los ciudadanos. El Estado parece abdicar de las funciones que le conciernen, dejándose suplantar por organizaciones delictivas, estructuradas de manera cada vez más compleja y capaces de asumir múltiples tareas económicas, que van desde la regulación de los precios en los productos agrícolas hasta la exportación de productos mineros, pasando por la realización de acciones fiscales que otrora fueron monopolio exclusivo del Estado. Los medios de comunicación, de la misma forma que nos muestran un día una determinada versión de los hechos, al día siguiente parecen desmentirse con un testimonio contrario.
El panorama nacional ofrece cifras inciertas de violaciones a los derechos humanos, así como una sociedad desmembrada por la violencia y cuyos terribles efectos sicológicos ya pesan, y lo harán aún más en nuestro inmediatísimo futuro.
Por si lo anterior fuera poco, habría que agregar niveles cada vez más precarios de desarrollo social. Asomémonos por mera curiosidad al campo educativo: según datos del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, en 2010 Michoacán contaba con 1 millón 218 mil 13 alumnos de entre 15 y más años con rezago educativo, de los cuáles 539 mil 6 presentaban primaria incompleta. La entidad es la de mayor atraso educativo del país, según datos de la Secretaría de Educación Pública (www.ieesa.org.mx/Datos/Michoacan_2012_Poblacion_y_EDUCACION.pdf).
La sociedad michoacana se siente sin futuro en su propia tierra, por lo que se ve obligada a desplazarse hacia el vecino país del Norte, transformándose en el estado con mayor número de “exiliados económicos” que viven en Estados Unidos (www.snte. org.mx/assets/LosflujosmigratoriosdemexicanosaEstadosUnidos.pdf). Si a esto le agregamos la recesión en la economía estadunidense y una frontera cada vez más militarizada, nos encontramos ante una situación de escasez laboral y una creciente precarización salarial, que trae como consecuencia una disminución en las remesas (www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/02/04/remesas-en-2013-en-el-menor-nivel-en-tres-anos-reporta-el-banco-de-mexico-5889.html).
Esto ha propiciado un espacio social favorable al reclutamiento de muchos jóvenes en actividades informales e ilegales, quienes tratan así de encauzar sus aspiraciones sociales y laborales.
En el contexto de la historia reciente, el gobierno federal busca institucionalizar a los “grupos de autodefensa” o “guardias comunitarias” y llevar a cabo una inversión multimillonaria del tipo de la estrategia Todos Somos Juárez, que nos remite al proyecto del expresidente Felipe Calderón, con resultados harto mediocres. En realidad nos encontramos ante una situación desbordada que ha pasado por alto la heterogeneidad social del movimiento de las autodefensas y la complejidad de la economía en que se sustenta un alto porcentaje de las actividades ilegales. Los actores gubernamentales no deberían perder de vista que sus acciones se encuentran rodeadas de un ambiente de violencia que se ha acelerado y extendido en la última década, hasta el grado de haberse convertido en un detonador de formas inéditas de acción colectiva, en una economía estancada y de creciente polarización social. De esta manera se ha dado pie a que, de manera voluntaria o involuntaria, se justifique la necesidad de formar parte de la economía ilegal como mecanismo de sobrevivencia. Sin lugar a dudas las causas que dieron inicio a este proceso son dignas de un ensayo antropológico que nos recuerda las palabras del estudioso inglés Barrington Moore, cuando nos dice “que la capacidad elástica del hombre para soportar el sufrimiento y el abuso es casi infinita. Si la capacidad de soportar éste es tan grande, ¿en qué condiciones y por qué en ciertos momentos los seres humanos dejan de soportarlo?” (La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996). La pregunta que habría que agregar a la anterior es: ¿hacia qué derivarán estos cambios? O dicho de otra manera: ¿qué transformaciones implica esta rebelión en el imaginario social, con relación a su percepción del Estado? ¿Los grupos de autodefensa observan en ello el simple desplazamiento del crimen organizado, o más bien un reacomodo de fuerzas, para así transformar la condición socioeconómica y/o la capacidad de intervención política de los individuos y/o grupos que forman parte del movimiento?
Con la intención de obtener respuestas, interrogamos a Salvador Maldonado, doctor en ciencias antropológicas por la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); profesor invitado del Departamento de Antropología en la Universidad de Barcelona y especialista en temas de narcotráfico, poder, Estado y legalidad. Su investigación se ha centrado en diversas zonas de Tierra Caliente, en Cherán y El Capulín. Es también coautor del libro Violencia en México, coordinado por Nelson Arteaga Botello. La entrevista fue realizada el 23 de enero de 2014 en la UAM-Iztapalapa.
—Según datos expuestos por diversos medios de comunicación, las guardias comunitarias cuentan con miles de armas de fuego de alto calibre; se ha hablado de entre 25 mil y 40 mil armas. ¿De ser cierto, de dónde provendrían tantas armas?
—La región Sur de Michoacán, donde se localiza Tierra Caliente, ha sido una zona históricamente caracterizada por ser una zona de frontera, cuyos procesos siempre han oscilado dentro de las economías legales e ilegales. Históricamente estas regiones han tenido distintas formas de relación con lo que se considera la ilegalidad. No hay forma de poder contabilizar el número de armas que están bajo control de las guardias comunitarias. Probablemente los periodistas que han publicado estas cifras se han dejado llevar más por la necesidad de la noticia que por el esclarecimiento de éstas. Lo que sí es importante afirmar es que históricamente esta región se ha particularizado por estar siempre en el marco de la ilegalidad, en la cual fluyen las armas de una forma u otra. Estar armado forma parte de un principio básico de reproducción. Están en la sierra, en la costa; es decir, están expuestos al peligro del ambiente, pero también a las rivalidades entre otros grupos, otras familias, entre personas. Esto ha hecho que las comunidades se armen, como una estrategia de protección, en una zona donde históricamente se han tenido campañas de militarización, de combate contra el narcotráfico, de intervenciones del Ejército; donde la sociedad civil se ha visto obligada a construir sus propios métodos de protección. En un contexto donde las instancias gubernamentales son débiles institucionalmente, las armas se han convertido en una estrategia de sobrevivencia.
—Las armas han estado históricamente presentes, al grado de volverse un objeto recurrente y naturalizado por los habitantes de los pueblos o comunidades, pero las armas que observamos en los medios, según se aprecia, serían de alto calibre. ¿Existe un paralelismo en torno al abastecimiento de armas por parte del narcotráfico con el abastecimiento de armas por parte de la sociedad civil?
—Existen diversas versiones: desde que se las quitaron al crimen organizado, que las extraen de los excedentes en la producción del limón… Lo cierto es que no existe dato alguno en torno al número de armas ni las formas de obtenerlas.
“El grueso del armamento son armas que pertenecen a su propia forma de protegerse. Nos puede espantar mucho observar las armas de alto calibre que portan, pero en las décadas de 1960 y 1980 tenían el mismo tipo de armamento. Lo que esto nos refleja es la existencia de un mercado ilegal muy fuerte, que no se sabe de dónde viene y que el Estado debería tratar de investigar. En segundo lugar, lo que nos puede sorprender es la forma en la que las propias comunidades han mantenido relación con estos mercados. No deberían espantarnos tanto las armas, lo que nos debemos cuestionar es por qué no se ha combatido, por qué no se ha investigado, porque no hay investigaciones del enorme tráfico, que es paralelo al tráfico de drogas. En un contexto en el que hay una militarización y la presencia de fuerzas policiacas constantes, ¿por qué no están actuando para resolver este tráfico de armas?
“El proceso de expansión del narcotráfico viene de la mano con un proceso de expansión del mercado ilegal, no sólo de armas, sino también de múltiples mercancías: un mercado ilegal, de economías informales, basado también en el lavado de dinero, por medio de conexiones con Estados Unidos, en procesos de intercambio con el mercado de drogas más grande del mundo. Sin duda es preocupante la problemática de las armas, pero tampoco hay que sacarla del contexto, ya que estas armas han surgido simultáneamente con el proceso de expansión del narcotráfico.”
—Las poblaciones liberadas muestran expresiones de respeto y agradecimiento a las guardias comunitarias. ¿De qué manera se articulan con las poblaciones liberadas? ¿Existe algún tipo de leva o reclutamiento por parte de los grupos de autodefensa a los poblados a los que llegan?
—Hay distintas dimensiones. El movimiento de las autodefensas creció muy rápido, sobre todo desde fines del año pasado, en toda la región de la Tierra Caliente y de la Costa, aglutinando a grandes sectores de la población cuando toman Calcoman, que es un municipio incrustado en la sierra; hubo una convocatoria a favor de la paz que concentró a más de 5 mil personas. En Uruapan sucedió lo mismo. Las autodefensas tienen un gran respaldo, no sólo por los que están en el frente, sino que también gozan de un gran apoyo popular, ya que son territorios que directa o indirectamente han sido afectados por el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto ha hecho que estos movimientos se hayan visto fortalecidos en términos políticos; la gente está involucrándose de manera directa o indirecta en favor de las autodefensas y la expulsión de estos grupos ilegales. Es en parte por eso que ha habido tantas fricciones y contradicciones con los gobiernos federal y estatal. El Ejército, en zonas como La Ruana y Tecalpantepec, buscaba desarmar a las autodefensas, y el apoyo popular hizo imposible el desarme. Si bien es cierto que no toda la población participa en el movimiento, sí creo que este movimiento está concentrando tanta población, tantos grupos diversos, que puede provocar diversos problemas, en términos, por ejemplo, de saber quiénes ingresan y quiénes apoyan al movimiento. Otro punto importante es que tendemos a observar las cosas a partir de una perspectiva binaria; por tanto estamos acostumbrados a ver a las autodefensas por un lado y al narcotráfico por otro, o la sociedad civil y el Estado. En lugares como éstos, es un poco difícil trazar la frontera entre uno y otro. Ha habido diversos testimonios de comandantes de grupos de autodefensa que han aceptado que hay gente que participaba del otro lado, y ahora están participando en las autodefensas. Esto me resulta sumamente peligroso para este tipo de movimientos, ya que no se sabe qué tipo de relaciones pueden tejer en el futuro. El otro punto importante es que un gran número de territorios participa de una forma u otra en relaciones con la economía formal y la informal. Es preocupante porque no hay garantía de que puedan seguirse manteniendo como un movimiento independiente, alejado de intereses ocultos, oscuros.
—Cómo subsiste esta relación, pues por un lado las autodefensas promueven la expulsión de L os Caballeros Templarios, pero también dentro de las autodefensas hay gente que estuvo metida voluntaria o involuntariamente en el narcotráfico.
—La principal preocupación de las autodefensas es expulsar al crimen organizado, que es un grupo en particular. El problema es que no hay muchos compromisos ni mucha información acerca de lo que se va hacer con los sembradíos de drogas; es decir, es algo que no se está visualizando en el corto plazo. No se trata sólo de expulsar al grupo por violaciones cometidas a los derechos humanos. Eso es una parte del problema. Pero también las relaciones que algunos miembros de las autodefensas puedan tener con un grupo u otro, y también qué se va hacer con aquellas comunidades que subsisten de la producción de droga. El movimiento de las autodefensas debería observar hasta dónde ponerles freno o límites a estos productores, porque al final es gente que participa directa o indirectamente en la economía ilegal.
—Esto obliga a una recomposición del mercado ilegal por parte de las autodefensas después de sustituir a Los Caballeros Templarios. ¿Podríamos observar a figuras de las guardias comunitarias ocupando ese mercado?
—No creo que sea de esa forma tan automática. Lo que observo es que si se logra desplazar a este grupo de Los Caballeros Templarios, habrá un proceso de efervescencia muy subterráneo, en el cuál va a haber presiones de un grupo y de otro, de otro cártel, por concentrar o centralizar otra vez este tipo de relaciones. Sin perder de vista que estos territorios se caracterizan por tener un recurso perverso, un recurso que la gente sabe y se ha mantenido de ello: el cultivo de la droga. Recientemente se ha dirigido en la producción y elaboración de la droga sintética. Sé que no todas las personas están metidas en este negocio, pero las presiones que habrá para restablecer las conexiones entre productores, intermediarios y quienes van a sacar la droga, y por dónde, esto tendrá implícito presiones muy fuertes que se encuentran soterradas, ya que existe un recurso importante no sólo para los grupos que gravitan en la esfera de ilegalidad, sino también para otros grupos legales que también tienen aspiraciones y pueden trazar vínculos con otros que pueden estar interesados en este tipo de ganancias. Eso es lo que me parece importante de las autodefensas, que no sólo se plantee el desplazar a un grupo, sino qué van a hacer en las zonas donde se sigue cultivando a gran escala. Estamos hablando de extensiones muy grandes dedicadas al cultivo de droga.
—¿Qué tipo de mecanismos de representatividad se establecen dentro de la comunidad al ser liberados del crimen organizado?
—El avance de las autodefensas se da fundamentalmente a partir de una serie de negociaciones previas con grupos de las localidades donde van a intervenir. Esto se da por medio de negociaciones previas, contactos previos con personas que están interesadas en que las guardias comunitarias entren. Todavía no se sabe muy bien cómo se están articulando estas relaciones. Por lo que yo he visto, estos contactos han sido a través de asociaciones productoras, campesinas o asociaciones empresariales que tienen estos vínculos. Aun cuando este movimiento ha sido muy significativo, muy importante, y está teniendo mucho arraigo social, este tipo de cosas no las han cuidado. Es decir, no ha habido un cuidado en saber cómo tratar estas relaciones entre grupos locales y los grupos de autodefensa. Tampoco son muy claras las formas en las que se está negociando la información de quiénes son los supuestos grupos que pertenecen al crimen organizado. Hasta este momento, las autodefensas se encuentran limitadas en estos procesos, y valdría la pena observar que éstas puedan tomar una actitud. Es decir, no sólo exhortando a la comunidad a reunirse en asambleas. Significa que no hay mucha representatividad en términos de eficacia representativa; no se convoca a una asamblea general: se convoca a una reunión, pero bien en esa reunión pueden quedar 20, 50 o 100 personas. Ése es otro de los peligros que rodean a la guardia comunitaria. El otro punto importante es saber cómo han deliberado las autodefensas sobre los presuntos responsables del crimen organizado. Este punto es muy delicado, ya que pude derivar en muchos atropellos e injusticias, y cometer un revanchismo político, un estilo de vendetta que pueda contradecir al movimiento.
—La Tierra Caliente ha sido un espacio predilecto para la producción de drogas y la circulación de armas. Pero si tomamos en cuenta que las ramas económicas más fuertes, como la ganadería y la agricultura, están estancadas, ¿de dónde se obtienen esos fondos que serían para subsidiar los transportes, los insumos y la adquisición de armas por parte de las guardias comunitarias?
—No es que haya una parálisis económica total. Gran parte de los afectados no son únicamente campesinos de a pie, gente de escasos recursos, sino que también hay sectores medios y altos dentro de la composición social. Éstos han aguantado diversos altibajos dentro de la economía, pero ésta no ha quedado cancelada. Por ejemplo los productores de limón que han sido extorsionados y se veían forzados a manipular los precios, no cancelaba las actividades económicas; en el caso del aguacate, la economía ha seguido siendo muy pujante. Como igualmente sucedía con las siembras de melón, de sandía, en las que se producen estas frutas y la economía emerge de una manera importante, ya que en Michoacán hay grandes empresas internacionales que tienen convenios comerciales para la exportación a Estados Unidos y otros países. Es cierto que sí ha habido cierto estancamiento, pero el grueso de los sectores más potentes se siguen beneficiando pese a las extorsiones.
—¿Los Caballeros Templarios no se hicieron cargo de la administración de los modos de producción, sino más bien de la extorsión, es decir, fungiendo como recaudadores de impuestos?
—Aunque no es generalizable, hay zonas donde el crimen organizado se centraba también en los procesos de producción, pero gran parte de lo que ha hecho el crimen organizado en esta región y otras es haber creado un sistema de tipo extractivista; es decir, cobrar cuotas para alimentar una red que necesita dinero en efectivo, y eso es lo que ha pasado en Michoacán. También existen casos en los que hay una relación entre crimen organizado y empresas, aunque esto es poco generalizable.
—Dentro de los cuadros nuevos de las autodefensas algunos miembros salen alardeando con armas de alto calibre, pareciendo, más que civiles, narcotraficantes. ¿De qué manera afecta el imaginario social la presencia de este tipo de armas y la familiarización que se da con ellas por parte de la sociedad?
—Michoacán y sus jóvenes han vivido una intensa ola de reclutamiento por parte del crimen organizado. En parte se explica, ya que la cobertura por parte del Estado en materia de educación, empleo, salud, siempre ha sido muy precaria. Tierra Caliente tiene el mayor déficit de cobertura educativa a nivel Michoacán, y la estructura educacional que se tiene entre la Tierra Caliente, la Sierra y la Costa es escasa, precaria. Los jóvenes se ven forzados a desplazarse de la Sierra a la Costa, o a Morelia, que queda a 7 u 8 horas. Es decir, se ven forzados a salir de su región, en contextos donde la forma de reproducción no augura muchas garantías. Por eso en aquellas regiones de los centros de las localidades hay una tensión muy fuerte entre las opciones de vida que tienen estos jóvenes, que los obliga a engrosar las filas del crimen organizado, ya sea como sicarios, sembradores, distribuidores, camellos, corredores de información, etcétera, en un contexto donde no se ofrecen muchas opciones. Los servicios de salud son escasos y no se diga la impartición de justicia, los juzgados. Es ante este panorama desolador que los jóvenes se enfrentan a una realidad que no logra satisfacer sus expectativas.
“En los últimos días el titular del Poder Ejecutivo ha intentado conformar el rompecabezas michoacano nombrando a un comisionado con poderes extraordinarios, al margen de los poderes locales y que no es resultado de un proceso de elección popular. Para muchos observadores y analistas políticos, el presidente eligió una vía anticonstitucional con la que ha buscado legitimar las autodefensas por medio de su incorporación al Ejército. Esta medida pretende también neutralizar un movimiento que ha alcanzado apoyo popular y demostrado que la ciudadanía es capaz de resolver la problemática de inseguridad en tiempos cortos, al dar pasos de gigantes en 1 año, cuando a lo largo de poco más de 1 década no lo lograron ninguno de los diferentes órdenes de gobierno. Por otro lado, las negociaciones siguen en la búsqueda de liberar a los 53 guardias comunitarios detenidos injustificadamente por el gobierno federal. Es probable que se haya tratado de un intento de carácter intimidatorio con resultados dudosos, debido al enorme apoyo popular con el que cuentan las guardias comunitarias, y que obliga al gobierno federal a plegarse y, muy probablemente, a liberarlos. Mientras tanto se busca mostrar que quitando las cabezas más visibles de Los Caballeros Templarios la situación se arreglará, cuando, es un secreto a voces, hay un profundo entrelazamiento entre políticos que abarcan a todos los partidos, excandidatos para gobernar el estado, la hermana del expresidente y el actual gobernador y su interino Jesús Reyna, cada uno apoyando a un grupo distinto [www.proceso.com.mx/?p=363583].”
En un movimiento tan heterogéneo, compuesto por múltiples actores guiados por intereses individuales y colectivos, encontramos en las palabras del escritor peruano César Vallejo un dejo de verdad inocultable: “[Cuando] el problema de la felicidad de los unos choca con la felicidad de los otros, hacen cortocircuito y se arma el pleito”. ¿Cómo se articulará a los actores que ambicionan ocupar los espacios de Los Caballeros Templarios, es decir, que aspiran a mejores condiciones de vida y a una mayor intensidad de felicidad? ¿Y qué hacer con los marginados y excluidos?
Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014
