Las mujeres en México pagan con su vida la factura de una sociedad misógina y violenta; y de un sistema “impune” y “corrupto”. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad oficiales, para 2012, 2 mil 630 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, es decir, 7.2 cada día. En el sexenio de Felipe Calderón sumaron 12 mil 16 de estos crímenes contra mujeres: 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente Fox y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo

En México, diariamente son asesinadas 7.2 mujeres; es decir, una cada 3.3 horas, de acuerdo con los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El número de homicidios dolosos de mujeres va en aumento. Los avances normativos, producto del constante empuje de las organizaciones feministas y de derechos humanos, no alcanzan para prevenir y erradicar el fenómeno que en 2007 fue incorporado por primera vez a la legislación mexicana bajo el concepto de “violencia feminicida”: la “forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y de Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

El repunte de los asesinatos de mujeres empezó a ser evidente a partir de 2008 cuando, en el marco de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, se registraron 1 mil 440 de estos crímenes, 32.5 por ciento más que en 2007. Desde entonces el crecimiento es constante: 1 mil 935 casos para 2009; 2 mil 335, para 2010; 2 mil 590, para 2011; y 2 mil 630, para 2012.

Lo anterior se desprende del análisis de las estadísticas vitales de mortalidad del Inegi para 2011 y 2012, así como del estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010. Este último da cuenta de las defunciones femeninas con presunción de homicidio durante 25 años como un primer acercamiento al fenómeno del feminicidio. Y es que, según refieren las instancias coautoras –la Cámara de Diputados, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)–, el Estado mexicano carece de sistemas de información veraces, oportunos y precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres por razones de género.

El estudio sobre violencia feminicida y los indicadores del Inegi revelan el panorama completo de los asesinatos de mujeres perpetrados durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Los homicidios dolosos de mujeres durante su gestión sumaron 12 mil 16, es decir, 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente Fox Quesada, y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Durante el sexenio más violento para el sexo femenino, 12 entidades del país se constituyeron como los principales focos rojos en la materia. De 2007 a 2012, el Estado de México registró 1 mil 672 homicidios dolosos de mujeres; Chihuahua, 1 mil 670; Guerrero, 839; el Distrito Federal, 762; Nuevo León, 552; Veracruz, 542; Baja California, 541; Jalisco, 488; Tamaulipas, 468; Oaxaca, 452; Sinaloa, 423; y Michoacán, 421.

Consultada respecto de las posibles causas del incremento de los feminicidios en el país, Ana Güezmes García –directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana– alude a las observaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dirigió al Estado mexicano en agosto de 2012.

Entonces, el órgano dependiente de la Organización de las Naciones Unidas externó su preocupación por la intensificación de las pautas de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres como consecuencia de “la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes”. También por el sometimiento de las “mujeres y muchachas”, a niveles mayores y diversos de violencia, en particular el feminicidio, a manos de grupos de delincuentes organizados e, incluso, de agentes estatales, incluidos los encargados de hacer cumplir la ley y de procurar la seguridad.

En entrevista con Contralínea, Güezmes García refiere unos de los principales hallazgos de Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010: que en comparación con los homicidios de varones, los medios empleados para asesinar a las mujeres son más brutales, hecho que evidencia la saña propia de los crímenes de género.

Detalla que casi una de cada cinco mujeres muere en manos de su agresor; que los casos de muerte por ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión son tres veces más frecuentes para ellas; que el uso de objetos cortantes es más común en los crímenes de mujeres, al igual que el empleo de objetos romos; y que los asesinatos por envenenamiento o quemadura son 4.4 veces más frecuentes en las féminas que en los varones.

Para la representante de la ONU Mujeres, resulta imperativo prevenir y eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres –“la más extendida violación de derechos humanos en el mundo”–, en miras del desarrollo sostenible. Y es que, asegura, ambas constituyen “uno de los principales obstáculos para el desarrollo; generan inestabilidad en las sociedades; impiden el progreso hacia la justicia y la paz; atentan contra la gobernabilidad democrática”.

Logros a medias

A decir de las instancias oficiales, uno de los grandes logros relativos a los crímenes de odio contra las mujeres es la incorporación del tipo penal feminicidio en el Código Penal Federal y en los códigos de 31 de las 32 entidades que integran el país. La excepción es Chihuahua, no obstante los 1 mil 670 homicidios dolosos de mujeres que registró entre 2007 y 2012, y que la colocan como la segunda entidad más violenta para las mujeres a nivel nacional.

Cuestionada respecto de las acciones emprendidas en materia de prevención y erradicación de feminicidios, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, comenta que la instancia a su cargo ha trabajado en la armonización legislativa del tipo penal feminicidio a nivel nacional, así como en la impartición de talleres de capacitación, sensibilización y generación de proyectos productivos a mujeres. Y es que, acota, “no podemos acabar con el feminicidio ni con la violencia contra las mujeres si ellas no están empoderadas económicamente y no son autosuficientes”.

En el contexto del foro “Balance del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Pekín y de las Metas del Milenio”, celebrado el pasado 20 de febrero en la Cámara de Diputados, la funcionaria habló de los retos en la materia. Reconoció que aunque 31 entidades han incorporado el tipo penal feminicidio en sus código penales, existe preocupación por las “variaciones en las definiciones y penas que se imponen a los feminicidas”.

Margarita Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, comenta que durante la legislatura en curso los esfuerzos se han centrado en tratar de sensibilizar y convencer a las cabezas de los gobiernos locales de la tipificación del delito de feminicidio, con base en los parámetros que ya establece el Código Penal Federal.

—¿Han detectado cuáles son obstáculos que han impedido la tipificación de este delito para el caso de Chihuahua? –se le pregunta.

—Creo que puede haber una resistencia de legisladores y legisladoras, precisamente por tratarse de una entidad reconocida e identificada por los feminicidios. No hemos podido tener la entrevista con el gobernador. Seguimos pidiéndola. Es uno de los pendientes.

Para María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) –alianza conformada por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres– “no basta con tener un tipo penal objetivo si no obligas al operador jurídico a juzgar con perspectiva de género”.

La representante de la sociedad civil considera que el mayor reto, luego de que el feminicidio ha sido tipificado en casi todo el país, recae en el Poder Judicial. Esto, porque las instancias a cargo de la impartición de justicia en México están teniendo serias dificultades a la hora de acreditar el tipo penal feminicidio.

En este sentido, Estrada Mendoza da cuenta de los principales errores en que incurren jueces y magistrados. El primero recae en que aunque el tipo penal es objetivo, en el sentido que enlista con precisión las circunstancias por la que debe acreditarse el feminicidio, los juzgadores se aferran a demostrar, ante todo, la intención de misoginia, es decir, “el odio del agresor hacia la víctima, su naturaleza machista”.

La otra es la tendencia a considerar como verdadero el dicho del agresor. Así por ejemplo, el hecho de que justifique su crimen diciendo que sostenía juegos perversos o sado masoquistas con la víctima puede sumarle puntos en el juicio. Finalmente, influyen estereotipos de género encaminados a cuestionar la conducta o vida sexual de la mujer.

Debido a que el fallo del juzgador pasa, incluso, por elementos de carácter cultural, la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, considera que los impartidores de justicia necesitan, más que un curso de capacitación, un intensivo proceso de concientización, de comprensión, de deconstrucción.

—Tenemos que seguir caminando con el Poder Judicial, porque los jueces son muy machistas y porque se sienten que están arriba del bien y del mal. El Poder Judicial debe ser consciente de sus sentencias; juzgar con perspectiva de género; dejar de lado los elementos discriminatorios que están poniendo en riesgo la integridad de las mujeres.

A decir de la coordinadora ejecutiva del OCNF, otros retos son la homologación del tipo penal feminicidio para, posteriormente, homologar también los protocolos de investigación con perspectiva de género. Además, que la expedición y aplicación de dichos protocolos sea de carácter obligatorio en todo el país con el objetivo de que se sancione penal y/o administrativamente a las autoridades que no los apliquen, pues, de lo contrario, la impunidad se robustecerá.

Ana Güezmes García, directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, considera que en los últimos años ha habido un importante avance jurídico, así como mayores recursos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en el país.

La reforma constitucional proderechos humanos de 2011; las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos de feminicidio y e incluir figuras jurídicas que garantizan a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la impunidad; la tipificación del feminicidio en 31 entidades federativas; y el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formarían parte de este nuevo cuerpo normativo de vanguardia.

 “Sin embargo, no podemos estar satisfechas. Falta mucho para hacer realidad una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas en México y en el mundo”. La representante de la ONU Mujeres alude a una estrategia global para la igualdad sustantiva que comprometa a todos y a todas y que promueva un cambio estructural en el orden político, social, económico y cultural.

Güezmes García recuerda que en los próximos días el Estado mexicano tendrá que responder a las 176 recomendaciones de las que fue objeto durante su segundo Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Un gran porcentaje de países (en total, 27), “recomendó tomar medidas para prevenir y eliminar la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres, especialmente en su forma más extrema que es el feminicidio”.

Es el caso, por ejemplo, de Paraguay, que pidió al gobierno mexicano “unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los diversos códigos penales del país”, o el de Eslovenia, que se pronunció por “aplicar las políticas públicas que se han formulado y poner en marcha una amplia campaña de sensibilización para poner término a la violencia de género, que abarca la violencia sexual y el feminicidio”.

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Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014