Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences y el propio gobierno federal han interpuesto 72 apelaciones ante el Poder Judicial para que se autorice la siembra masiva de maíz patentado en el campo mexicano. Estas acciones legales buscan revertir la medida precautoria que otorgó hace 11 meses un juez federal y que impide a la Sagarpa otorgar los permisos a las trasnacionales en tanto no se resuelva el juicio por la demanda de acción colectiva, que tiene por objeto impedir la siembra del grano transgénico en México

La demanda de acción colectiva que impide momentáneamente la siembra de maíz transgénico en el país ha recibido 72 impugnaciones, asegura en entrevista con Contralínea René Sánchez Galindo, abogado de la asociación civil Colectivas, organización que funge como representante legal en el juicio.

Esto a más de 1 año de presentada la demanda y a 11 meses de que el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitiera la medida cautelar en la que se ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos para su liberación al ambiente, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación en cualquiera de sus fases, sea esta comercial, experimental o piloto.

El gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, ha impulsado 10 apelaciones contra la resolución judicial y la medida precautoria, entre las que destacan: dos amparos iniciados por la Sagarpa y un recurso de disconformidad de la Semarnat. Además de eso, las dependencias han presentado dos apelaciones, dos quejas, una revocación y dos impugnaciones contra la demanda.

Monsanto, a través de sus filiales Semillas y Agroproductos Monsanto , SA de CV, y Monsanto Comercial, SA de CV, es autor de más de una veintena de apelaciones que buscan levantar la medida cautelar y desechar de manera definitiva la demanda.

Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences también han recurrido a la vía jurídica para terminar con el juicio.

Explica Sánchez Galindo que son 16 los amparos promovidos tanto por autoridades gubernamentales como por empresas: siete provenientes de Monsanto, tres de Syngenta, dos de PHI México, dos de Dow AgroScience y dos más de la Sagarpa. De ellos, cuatro ya fueron ganados de manera definitiva por la colectividad y 12 aún están por resolverse.

Derivados de los 16 amparos, se encuentran en proceso 15 revisiones, ocho quejas, siete incidentes y siete incidentes de suspensión.

En 12 tribunales federales se debaten las 72 impugnaciones a la demanda colectiva presentada el 5 de julio de 2013 por un grupo de 20 organizaciones de la sociedad civil y 53 personas, entre las que se encuentran Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Julio Glockner, Federico Guillermo Berrón Autrique, Adelita San Vicente, Jesusa Rodríguez y Regina Orozco.

Las organizaciones que forman parte de esta acción colectiva representan a productores, indígenas, apicultores y ambientalistas, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo; la Fundación Semillas de Vida, AC; Fomento Cultural y Educativo, AC; Fronteras Comunes, AC; Alternativas y Procesos de Participación Social, AC, de Tehuacán Puebla; Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla; Grupo Vicente Guerrero, AC, de Tlaxcala; y la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Nativo.

Adelita San Vicente Tello, directora de la Fundación Semillas de Vida, AC, señala en entrevista que en la demanda de acción colectiva se solicitó que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) son ineficientes, pues existe evidencia científica de que ha habido flujo de transgenes (contaminación transgénica) a los maíces nativos en Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato.

San Vicente Tello, quien también funge como representante común de la colectividad demandante, expone que la ineficiencia de los límites y restricciones establecidos en la LBOGM ha propiciado que se vulneren los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la conservación, participación justa y equitativa, así como a la utilización sostenible que garantice su acceso a generaciones futuras de la diversidad biológica de los maíces nativos; a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a derechos culturales y a la salud.

Con la demanda se solicitó aplicar una medida precautoria que se basa en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, la cual se concedió y notificó a la colectividad el 20 de septiembre de 2013.

Para René Sánchez Galindo, hasta ahora, ni el gobierno federal ni las empresas han presentado pruebas de fondo que contribuyan no sólo al debate sino que permitan a los jueces, como ellos lo piden, levantar la medida y dar paso a la siembra de maíz genéticamente modificado en su centro de origen y diversidad genética.

“Todas las inconformidades que han presentado son por formalidades legales, tratan de tirar la medida precautoria y la demanda por cuestiones de requisitos. Pedimos que el Poder Judicial llegue al fondo”, dice a Contralínea el litigante.

Ante la complejidad que ha adquirido el proceso, Adelita San Vicente relata que ha sido un trabajo titánico para la colectividad y el equipo de abogados, desde el punto de vista económico, humano, de estrategia. “Para las organizaciones, de por sí es muy difícil sobrevivir económicamente. Hacemos un trabajo que, pese a que es su deber, el gobierno no lo hace; hay un vacío gubernamental y encima hay que enfrentarse con estas grandes empresas”.

No obstante, está convencida de que el trabajo que se decidió llevar por la vía judicial es fundamental. “Vamos a seguir. Está de por medio algo tan importante como la alimentación, la biodiversidad, la justicia. Al ser México el centro de origen y diversidad, tenemos una gran responsabilidad”.

Aunque la colectividad se encuentra esperanzada en el Poder Judicial, “no podemos ser ilusos de que tenemos un Poder Judicial impoluto”. Tampoco descartan la posibilidad de que se esté buscando “apostar a otros caminos. Es increíble la prepotencia con la que se mueven las empresas. Buscan la fisura en el Poder Judicial”, alerta San Vicente Tello.

Hasta ahora la demanda de acción colectiva no ha sido admitida. René Sánchez Galindo aclara que este instrumento tiene dos momentos para admitir la demanda: el preliminar, “que ganamos en apelación”; y el definitivo, “donde también ya estamos en apelación. Es después de la segunda admisión que se ratifica”, pero podría tardar años.

En ese contexto, para las organizaciones, expertos, científicos y personalidades que integran la colectividad resulta vital que los jueces y magistrados que habrán de resolver cada una de las impugnaciones mantengan la medida precautoria en tanto no se resuelva el juicio.

Con 59 razas clasificadas y miles de variedades nativas distribuidas en el territorio nacional, México es cuna del maíz (el segundo cereal más importante en el mundo), centro de origen, diversificación y reservorio genético global del grano.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la Semarnat a través de Perla Solís, Diana Aspiros e Irma Castro; también se le solicitó a Pedro Hernández Téllez, subdirector de atención a medios, la versión de la Sagarpa, sin que al cierre de edición se haya tenido respuesta.

Elva Mendoza, @elva_contra

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 Contralínea 400 / 24 agosto de 2014