De 2000 a 2008, servidores públicos de la administración pública federal incurrieron en 55 mil 620 irregularidades, que, entre otras amonestaciones, causaron la destitución de 4 mil 98 funcionarios, la inhabilitación de 11 mil 667 y la suspensión de 11 mil 364. Las sanciones económicas alcanzan casi 24 mil millones de pesos, sin que la Secretaría de la Función Pública reporte recuperación alguna.

Entre el 1 de enero de 2000 y el 7 de agosto de 2008, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones por 23 mil 798 millones 154 mil 638 pesos a servidores públicos. Las faltas en las que incurrieron son: abuso de autoridad, cohecho o extorsión, negligencia administrativa; incumplimiento en la declaración de su situación patrimonial, y violación de leyes y normatividad presupuestal y de procedimientos de contratación.

Durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP) de la Función Pública y los órganos internos de control (OIC) cuentan 55 mil 620 irregularidades realizadas por funcionarios de mandos medios y superiores.

Según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios están obligados a “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan”.

El Listado de las sanciones impuestas a servidores públicos por la Secretaría de la Función Pública (Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la administración pública federal y en la Procuraduría General de la República), obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), señala que con mayor frecuencia los funcionarios incurrieron en negligencia administrativa. Entre 2000 y 2008 se registraron 55 mil 620 actos de este tipo.

Le sigue la violación a leyes y normatividad presupuestaria, con 12 mil 263. Tres mil 898 servidores públicos no declararon su situación patrimonial y 3 mil 856 violaron procedimientos de contratación. Dos mil 906 funcionarios incurrieron en abuso de autoridad, y se presumió cohecho y extorsión en 756 eventos. Además, la SFP registra en “otras” irregularidades, 282 hechos.

Felipe Calderón se ha pronunciado por la cero tolerancia a la corrupción en la administración pública federal; no obstante, entre enero y agosto de 2008, funcionarios incurrieron en 5 mil anomalías, mientras que en todo 2000 se cometieron 7 mil 986 y en 2007 la cifra se mantuvo en 6 mil 98.

Durante la presentación del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, el jefe del Ejecutivo aseguró que en el marco del proyecto Visión México 2030 se creaba una estrategia que refleja la necesidad de gobernantes que actúen con ética y responsabilidad social.

Con base en el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, el proyecto busca reducir la discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la aplicación de las normas, establecer mecanismos de coordinación para combatir la corrupción en la administración pública federal, fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno del gobierno.

Anomalías en dependencias

La SFP reporta irregularidades en 250 dependencias. De acuerdo con la información obtenida a través de la LFTAIPG, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) encabeza la lista de entidades con el mayor número de violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De 2000 a 2008, trabajadores del ISSSTE cometieron 5 mil 466 faltas administrativas. De esa cantidad, el 55 por ciento se debió a negligencias de personal médico y administrativo, que causaron sanciones por 1 mil 257 millones 282 mil 540 pesos. En total se contaron 3 mil 15 hechos de este tipo.

En la Procuraduría General de la República se registraron 4 mil 560 anomalías, en las que incurrieron funcionarios, policías y agentes. Con mayor frecuencia incurrieron en negligencia administrativa y abuso de autoridad.

No obstante, de acuerdo con la información entregada, 2 mil 114 elementos de seguridad incurrieron en cohecho o extorsión: de la Policía Judicial Federal, 1 mil 22 elementos, 13 subcomandantes y 11 expolicías; del Ministerio Público Federal, 948 agentes; de la Agencia Federal de Investigación, 24 integrantes, y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos, dos subdelegados.

A su vez, en la Policía Federal Preventiva se cometieron 3 mil 67 anomalías. En el Servicio de Administración Tributaria ocurrieron 2 mil 780 infracciones y en el Instituto Mexicano del Seguro Social se contaron 2 mil 767. En el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se registraron 1 mil 520 responsabilidades administrativas, y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 1 mil 489.

Las subsidiarias de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación, sumaron 1 mil 630 y 1 mil 446 faltas administrativas, respectivamente.

En el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE se cometieron 1 mil 190 irregularidades. Las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública sumaron 1 mil 130 y 1 mil 123 anomalías en ocho años. Telecomunicaciones de México contó 861, y la Comisión Federal de Electricidad, 828.

Trabajadores de la Comisión Nacional del Agua incurrieron en 779 responsabilidades. En la Secretaría de Desarrollo Social, funcionarios lo hicieron en 776. Además en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ocurrieron 743 anomalías; en el Instituto Nacional de Migración, 717; en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 696, y en Diconsa, 686.

Las sanciones

La SFP, cuya misión es prevenir, supervisar y vigilar que los servidores públicos cumplan las obligaciones que la ley impone y, en su caso, sancionar, castigó 1 mil 353 faltas; su Contraloría Interna, 60; la DGRSP, seis, y los OIC en cada dependencia, 54 mil 267.

En ocho años se destituyeron a 4 mil 98 servidores públicos e inhabilitaron a otros 11 mil 667 por seis meses y hasta 20 años, e incluso se asignó una permanente a David Arturo Ibarra Cardona, primer secretario del servicio exterior mexicano y titular de la sección de comunicación y turismo en la embajada de Sudáfrica, por negligencia administrativa. Bajo el expediente CPSEM-021/2000, la sanción fue impuesta por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores, efectiva a partir del 8 de agosto de 2001.

Además se impusieron suspensiones de tres a 90 días a 11 mil 364 burócratas; se aplicaron 12 mil 451 amonestaciones públicas y 6 mil 46 privadas, y 1 mil 49 apercibimientos privados y 559 públicos.

Respecto a multas, la SFP registra 8 mil 386 hasta por 1 mil 421 millones 149 mil 746 pesos. La mayor sanción impuesta corresponde a Rogelio Montemayor Seguy, exdirector general de Petróleos Mexicanos e involucrado en el desvío por más de 1 mil millones de pesos de la paraestatal al sindicato petrolero, de los que 500 millones terminaron en la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.

El Órgano Interno de Control de la paraestatal y Función Pública le asignaron dos multas más por 2 millones 59 mil 653 y 69 mil 992 pesos. El funcionario incurrió en abuso de autoridad, violación de leyes y normatividad presupuestal. Fue sancionado e inhabilitado en 2003, 2005 y 2007.

El director general de la subsidiaria Pemex Refinación, Jaime Mario Willars Andrade, y el jefe de la unidad jurídica, Luis Ricardo Bouchot Guerrero, recibieron sanciones por 1 mil 390 millones 293 mil 765 pesos. El expediente 17/2002 y acumulado 52/2002 de la SFP concluyó que ambos cometieron negligencia administrativa. A Willars Andrade se le giró orden de aprehensión por fraude, estafa y peculado en 2004 por supuesta defraudación por 140 millones de pesos.

Otra multa por 1 mil 147 millones 722 mil 899 pesos fue atribuida a Eduardo Javier Ramírez Lozano, administrador central jurídico de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, por negligencia en 2004. Ese año también se multó a Juan García Ávila, subdirector administrativo de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, con 1 mil 6 millones 749 mil 966 pesos por violación a las leyes y normatividad presupuestal.

La mayor sanción económica en 2007 fue para Raúl Muñoz Leos, exdirector general de Pemex, y el abogado Juan Carlos Soriano Rosas, quienes incurrieron en violación a las leyes y normatividad presupuestal, con un quebranto por 1 mil 724 millones de pesos, según datos de la prensa. El Listado de las sanciones impuestas a servidores públicos por la Secretaría de la Función Pública anota que la multa establecida por Función Pública ascendió a 862 millones 259 mil 470 pesos. Los servidores públicos también fueron inhabilitados por 10 años.

Hasta el 7 de agosto de 2008, la multa más alta fue para el titular de la gerencia de abasto institucional de Diconsa, Jesús Roberto Ramírez Benavides. El funcionario fue sancionado con 46 millones 791 mil 50 pesos por violación a las leyes y normatividad presupuestal.

Cercana a esa cantidad, una sanción por 45 millones 945 mil fue fijada a Héctor Castro Herrera, administrador de la aduana de México. De acuerdo con la SFP, el funcionario del SAT infringió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al cometer negligencia administrativa.

De las 8 mil 386 sanciones económicas que impuso, entre enero de 2000 y agosto de 2008, por casi 24 mil millones de pesos, la SFP no registra recuperación alguna. En cambio sólo reporta 35 millones 935 mil 919 pesos en pagos de multas de hasta 1 millón 186 mil 179 pesos. Dichas amonestaciones suman 1 mil 232. Entre enero y junio de 2008 se liquidaron sólo 11, y mientras en 2007 se solventaron 53, en 2006, se recibieron pagos por 162, y en 2005, por 218.

Altos índices en corrupción

El 2 de febrero de 2001 se concluyó el primer inventario de áreas críticas de corrupción en la administración pública federal. Hasta ese año se detectaron 2 mil puntos susceptibles en 205 dependencias.

El portal de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (CITCC) refiere que 206 mil 71 burócratas estaban ubicados en dichas áreas, es decir, el 16.4 por ciento del personal total. Además se identificaron 1 mil 914 unidades involucradas, 7 mil 118 medidas de mejora y 2 mil 437 impedimentos para ejecutarlas.

La CITCC fue creada en 2000 y tiene por objeto coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia. Es presidida por el secretario de la Función Pública e integrada por los titulares de las dependencias de la administración pública federal, el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, el procurador general de la República, los titulares de las unidades adscritas a la Presidencia de la República, autoridades de las entidades federativas, titulares de las paraestatales y representantes de los sectores social y privado.

Concluyó que el 33.6 por ciento de los funcionarios se unieron para realizar actos irregulares o corruptos, o bien para cubrir la corrupción y el 52.9 por ciento de las acciones u omisiones realizadas beneficiaron o perjudicaron a una o más personas. En tanto que el 34.2 por ciento buscó ingresos extra debido a bajos salarios.

El inventario reveló que el 37.6 por ciento de los servidores públicos incurrió en contubernio, entre ellos o con los interesados. El órgano estimó en 2001 que un servidor público tenía 63.9 por ciento de posibilidades, dentro de su marco de actuación, para favorecer o perjudicar ilícitamente a un particular y un 36.6 por ciento para negociar condiciones en la autorización de un trámite o un servicio.

Según el Índice de percepción de la corrupción 2008 –elaborado por Transparencia Internacional y que clasifica el sector público de 180 países en una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (ausente de corrupción) según la percepción de empresarios y analistas–, México obtuvo una calificación de 3.6 y está 71 lugares abajo de Dinamarca, país con la mayor puntuación. El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 advierte que desde hace 10 años dicha posición no ha cambiado.

Por su parte el Índice nacional de corrupción y buen gobierno 2007 de Transparencia Mexicana apunta que ese año se registraron 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos y servicios provistos por particulares. En 2005 se contaron 115 millones. Se pagaron 27 mil millones de pesos en sobornos y cada uno tuvo un costo promedio de 138 pesos, es decir, que cada hogar destinó 8 por ciento de su ingreso a este rubro.