El gobierno de Kiev se vio obligado a establecer la paz con las regiones que han declarado su independencia de Ucrania. A pesar de la asesoría de Estados Unidos y la OTAN, perdían militar y políticamente. Sin embargo, todo indica que Petró Poroshenko sólo busca ganar tiempo y legitimidad de cara a las próximas elecciones y, una vez concluidas, rechazar las demandas independentistas de los rebeldes y ciudadanos prorrusos
Odalys Buscarón Ochoa/Prensa Latina
Moscú, Rusia. El alto al fuego y la ley sobre un estatus especial al Dombás podrían ser la clave para una solución pacífica gradual del conflicto en Ucrania o parte del gran tablero geopolítico de Occidente.
Justo a punto de cumplir los primeros 100 días en el poder, el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, se adjudicó los logros de la cita de Minsk, del 5 de septiembre, con mediación de Rusia y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
Y es que el mandatario necesitaba mejorar su imagen y legitimarse ante la ciudadanía, luego de un ranking pésimo de su gestión (4.7 puntos de 10), según una encuesta del Instituto de Sociología, de la Academia de Ciencias.
Con ese trasfondo, y las presiones diplomáticas de Rusia, las partes negociaron un alto al fuego duradero, el compromiso de facilitar el acceso a la ayuda humanitaria de las poblaciones –afectadas tras medio año de una operación militar de envergadura–, el intercambio de prisioneros y pautar el futuro estatus de las regiones rebeldes.
En la reunión de Minsk, sin embargo, ningún representante del gobierno de Poroshenko se sentó a la mesa de negociaciones junto a los delegados de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
El expresidente Leonid Kuchma fue el emisario de Kiev, cuya presencia originó suspicacias en cuanto a la legitimidad de los compromisos, además de considerarse reacio a cualquier esquema de federalización para Ucrania.
Para el columnista y analista ucraniano Yuriy Gorodnenko, la presencia de Kuchma en las pláticas evidenció que el banco de Kiev en el diálogo con Rusia y las regiones “está vacío”.
La elite ucraniana llegó a un callejón sin salida y eligió al segundo presidente como su salvador, incluso de los oligarcas, minando así la credibilidad a la actual Ucrania, sostuvo Gorodnenko en su comentario.
La ley sobre el estatus especial al Dombás –la denominación usada por el gobierno– sugiere una descentralización de poderes para algunos territorios del sureste ucraniano, y no toda la franja controlada por las autodefensas.
El propio Poroshenko dejó claro que no implicaba una autonomía ni mucho menos federalización, sino, cuando más, una especie de autogobierno por el término de 3 años.
Tampoco la ley de amnistía, adoptada por separado, precisa si beneficiará a todas las personas que “tomaron las armas” para oponerse a los fascistas y a quienes sembraron el terror y la represión en Kiev, tras el golpe de Estado del 22 de febrero pasado.
Sin duda, a primera vista, esos pasos iniciados por Poroshenko en cumplimiento de los acuerdos de Minsk abrieron un resquicio a la paz, la cual sigue siendo frágil y una realidad todavía lejana para los habitantes del Sureste ucraniano.
Incursiones de la artillería pesada ucraniana en sectores residenciales de Donetsk causaron hace unos días una veintena de muertos y cuantiosas destrucciones. Después, el fuego artillero mató a otros 11 civiles.
Si bien constató in situ los hechos, la misión de la OSCE comunicó que no considerará esos ataques una ruptura de la tregua.
Por otro lado, un Parlamento reacomodado a la nueva mayoría impuesta tras el golpe de Estado, y la permanente presión sobre los diputados opositores, ponen en cuestionamiento la naturaleza real, el carácter de las decisiones y su legitimidad.
Tregua obligada por las circunstancias de la guerra
La tregua ha sido un soplo de esperanza para los habitantes de las ciudades en ruinas y bajo una crítica situación humanitaria, a 2 meses del invierno.
Los milicianos perciben en general las iniciativas legislativas como pasos positivos de cara a un proceso de negociación con las autoridades ucranianas.
A la espera del texto, desbrozado en idioma ruso, el viceprimer ministro de la proclamada República Popular de Donetsk (RPD), Andrei Purgin, comentó que la ley sobre el estatus especial del Dombás podría servir de punto de contacto en futuras negociaciones.
Hizo la salvedad de que la RPD no se ve en un mismo espacio político con Ucrania, y advirtió que las elecciones parlamentarias anticipadas, fijadas por Kiev para el 26 de octubre, no serán celebradas en ese territorio.
Existe coincidencia entre los dirigentes en que el proyecto carece de actualidad para Donetsk y Lugansk, en razón de que una mayoría de los pobladores expresaron su voluntad de independizarse de Ucrania, durante los referendos celebrados en mayo de este año.
A juicio del experto Gevorg Mirzayan, las leyes no sobrevivirán mucho tiempo por su propia naturaleza y las circunstancias que las forzaron.
Precisamente la tregua fue aceptada por Kiev cuando se hizo evidente un giro drástico en el teatro de operaciones, desfavorable a las tropas regulares.
“Fue un paso forzoso ante nuestra debilidad en el plano técnico y militar. Nuestro Ejército y la Guardia Nacional no estaban en condiciones de enfrentar a los terroristas [los milicianos]…”, reconoció el consejero del ministro de Interior, Anton Guerashchenko.
Tampoco la economía ucraniana soportaba más presión de parte del partido de la guerra, como se conoce a los partidarios del ala más radical del gobierno, y la plana mayor del Ejército y los cuerpos de seguridad.
En lo que va del año, Ucrania gastó casi 63 mil millones de grivnas (unos 5 mil millones de dólares) del presupuesto nacional en la operación de castigo en el Sureste del país, según publicó recientemente la plenipotenciaria del presidente para el arreglo pacífico de la situación en las regiones de Donetsk y Lugansk, Irina Gerashchenko.
Fueron asignados a la partida de gastos militares recursos del fondo total (unos 3 mil millones de dólares), de la reserva (casi 1 mil 500 millones) y del fondo especial alrededor de 384 millones de dólares, detalló la diputada.
No menos alarmantes son las cifras del costo humano del conflicto, devenido guerra civil sin precedentes en la historia de la Ucrania postsoviética. Desde mediados de abril, el número de muertos se incrementó hasta, al menos, 3 mil 100 personas (unos 27 niños) y más de 8 mil heridos, de acuerdo con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas.
Los desplazados internos crecieron a 263 mil, más 366 mil 900 refugiados en países vecinos, incluida Rusia, destino de unos 325 mil 900 ucranianos. Se estima que los afectados superan el millón de personas.
No obstante, el mando castrense y hasta el propio gobernante admitieron que el cese de las hostilidades permitirá fortalecer las posiciones del Ejército y el reagrupamiento de las Fuerzas.
Con cautela y reservas, los dirigentes de las regiones del Sureste ucraniano recibieron las iniciativas del presidente Petró Poroshenko, en un ambiente político agitado por la campaña electoral.
Sin renunciar al proyecto que dio origen al movimiento contestatario en el Sureste ucraniano, la coyuntura es vista como una posibilidad de negociar una salida pacífica, según declaró el diputado popular y líder del Parlamento unificado de Donetsk y Lugansk, Oleg Tsarov.
Es una señal de que Kiev está dispuesta al diálogo y quizá a la paz, consideró el dirigente, al precisar que el proyecto de Poroshenko en su esencia “no es actual para Novorossiya” (la Nueva Rusia).
Tsarov consideró que Poroshenko demoró medio año para evitar esa guerra destructiva y ahora sólo legitimó la federalización en el Dombás.
Por lo tanto, recalcó uno de los líderes del Frente Popular Sur-Este, esa ley no es una guía para la acción: nos guiamos por las leyes promulgadas por los parlamentos de Novorossiya (Donetsk y Lugansk).
Insistió en que se trata de un deseo demostrativo de las autoridades ucranianas de solucionar la situación por la vía pacífica, lo cual es positivo, concluyó Tsarov en sus apreciaciones.
Al respecto, el viceprimer ministro de la proclamada República Popular de Donetsk, Andrei Purgin, dijo que la revolución en el Dombás transcurrió bajo los lemas del mundo ruso y el movimiento hacia Rusia.
Indicó que “es una realidad que debe ser entendida y dada por hecho, en tanto vector inquebrantable hacia donde debemos ir”.
Purgin agregó que la RPD tiene la intención de incorporarse en todos los bloques postsoviéticos en los que está presente Rusia, al mencionar la Unión Aduanera y la Comunidad Económica Euroasiática.
No tenemos la posibilidad de una adhesión directa con Rusia, vamos a construir un Estado independiente, el cual entre en todas las agrupaciones de integración con la Federación de Rusia, expuso ante la prensa.
Las regiones de Donetsk y Lugansk se declararon independientes tras la celebración de los referendos consultivos sobre el estatus de esos territorios, el 11 de mayo, con un respaldo de más del 90 por ciento.
Poroshenko persigue la recuperación de las regiones rebeldes, concediendo moderadas prerrogativas por la vía pacífica, pero sólo por un período determinado.
En Kiev, las protestas de sectores ultranacionalistas y de la extrema derecha, en reclamo de la depuración del poder, coincidieron con la aprobación de las leyes sobre las regiones.
Militantes del partido neonazi Sector Derecho –continuadores de la doctrina del colaboracionista Stepán Bandera– y de la agrupación AutoMaidan exigieron al presidente no promulgar las normativas sobre la condición especial a Donetsk y Lugansk y de amnistía a quienes las autoridades y sus aliados consideran terroristas.
“Esas leyes son ambiguas. Exigimos que Poroshenko no las firme”, demandó el portavoz del grupo Artiom Skropadski, durante un mitin frente a la Administración presidencial.
Sector Derecho, cuya autoría fue clave en la formación de los comandos represivos dentro de la Guardia Nacional, se opone vehementemente a la legalización de las milicias populares en el Sureste del país.
En el mismo bando, la líder del derechista partido Batkivschina (Patria), Yulia Timoshenko, formuló al gobernante la petición de usar su derecho para vetar las citadas iniciativas, que él mismo promovió.
Opinó Timoshenko, una de las artífices de las revueltas antigubernamentales durante el llamado Maidán y del golpe de Estado, que las leyes fueron adoptadas por la Rada como resultado de una “fuerte presión del presidente sobre los diputados.
“No es tarde para retornar a las posiciones patrióticas proucranianas y vetar las dos leyes”, dijo la exprimera ministra, condenada en 2012 a 7 años de prisión por abuso de poder y malversación de fondos del Estado.
Fue procesada también como coautora intelectual del asesinato de un diputado ucraniano para apropiarse de sus activos.
En coincidencia con las reclamaciones de Timoshenko, un grupo de parlamentarios registró en la Rada un proyecto de petición de anular las normativas referidas al estatus especial y la amnistía a los milicianos.
Los autores de la iniciativa, casi todos de Batkivschina, alegaron irregularidades durante las votaciones en el legislativo, el pasado 16 de septiembre, y que los resultados no corresponden a la voluntad real de los diputados.
Según la bancada del primer ministro, Arseni Yatseniuk, el proyecto de Poroshenko fue objeto de señalamientos y reservas por parte de algunos legisladores, lo cual excluye una votación en su totalidad, consideraron.
En general, analistas ponen atención en la ambigüedad de las leyes, y las limitaciones en su ejecución y sostenibilidad.
Al comparecer sobre el tema, el consejero del presidente, Igor Gryniv, acentuó el efecto limitado de las normativas en tiempo y espacio, tras recordar su vigencia de hasta 3 años, e incluso menos.
En cuanto a su contenido, Gryniv subrayó que se conceden prerrogativas sólo a algunas comunidades y consejos locales. La descentralización sólo abarcará áreas específicas y a determinados órganos de poder.
No hablamos del Dombás en general ni de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, ni de territorios. Nada parecido se creará en esas regiones, las que, dijo, son territorio ucraniano.
A su vez, el ministro de Justicia, Pavel Petrenko, aseguró que su cartera no participó en la elaboración del proyecto y no tuvo conocimiento del texto. De ahí, consideró difícil pronunciarse acerca de su esencia y contenido.
Sobre el alcance legal para una federalización o autonomía a cualquier región, Petrenko dijo que en su opinión ninguna de esas fórmulas tiene cabida dentro de las disposiciones de la Constitución actual, la cual define a Ucrania como Estado unitario, enfatizó.
En su intervención en una conferencia internacional en Kiev, Poroshenko afirmó días antes de promulgar las citadas normas que el régimen especial a determinadas zonas del Dombás no representará amenaza alguna para la integridad territorial y la seguridad de Ucrania.
Aclaró que las cuestiones de política internacional, seguridad y funcionamiento del Ejército estarán en manos del poder central.
Un compendio editorial del sitio Ucrania.ru de la agencia internacional Rossiya Segodnya adjudica la firma por Kiev de los acuerdos de Minsk a una de las jugadas de Poroshenko de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Según el comentario, el mandatario necesita tiempo y distensión de la situación en el periodo hasta los comicios en la Suprema Rada, con los que pretende legitimarse y legitimar al régimen.
Las concesiones relativas a una autonomía local y al uso del idioma ruso figuraron entre los reclamos principales de los pobladores de las regiones meridionales durante las multitudinarias protestas en la primavera.
Entonces Kiev ignoró las demandas de una federalización, y en respuesta lanzó una operación de castigo, con el empleo de artillería pesada, la aviación de combate y los sistemas coheteriles destructivos contra civiles, en nombre de la integridad territorial de Ucrania.
De hecho, en la práctica, algunas unidades regulares y batallones especiales, financiados por oligarcas, rehúsan acatar el alto del fuego.
El primer ministro Yatseniuk y el autodesignado titular de la Rada, Alexander Turchinov, son abiertos oponentes de la disolución del legislativo y de la celebración de los comicios parlamentarios anticipados.
Ambos aliados de Poroshenko reclamaron la imposición del estado de guerra y preparar al Ejército con ayuda de instructores occidentales para destruir al Dombás.
Todo indica, al mismo tiempo, que Poroshenko no concederá la independencia a las regiones rebeldes, y que tampoco Estados Unidos está interesado en un arreglo pacífico del conflicto ucraniano.
Con activos estimados en 1 mil 300 millones de euros y el control del órgano electoral, el conocido como Rey del Chocolate confía en el triunfo, aunque no con más de 50 por ciento de los votos, lo cual lo obligará a buscar alianzas.
No pocos expertos creen posible un nuevo escenario de guerra tras los comicios de octubre, inscrito en la estrategia de fuerza de Washington, con el asesoramiento permanente a Kiev, y a Poroshenko como la pieza clave en el rompecabezas ucraniano y los juegos geopolíticos.
Odalys Buscarón Ochoa/Prensa Latina
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