En México, siete de cada 10 personas hablantes de una lengua indígena se encuentran en situación de pobreza, según la medición de 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta cifra demuestra la situación de vulnerabilidad en la que viven. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 24.4 millones de personas mayores de 3 años se autorreconocen como parte de un pueblo indígena. Todas presentan dificultad para acceder a los servicios y derechos básicos.
En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas –9 de agosto–, el Inegi presentó una serie de estadísticas relacionadas con la identidad y la conformación de la población indígena del país; esto porque, según sus criterios, “es importante disponer de cifras sobre ella, su ubicación y características sociodemográficas, con la finalidad de que este grupo no quede al margen de las políticas públicas que implementa el Estado”.
Sin embargo, los datos del instituto demuestran que los esfuerzos de las autoridades en materia de inclusión han sido insuficientes. Existen 494 municipios del país reconocidos como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, que continúan con un amplio rezago en el acceso a derechos como la educación, la información, la vivienda, la salud y el empleo.
En materia educativa, según la encuesta intercensal 2015 del Inegi, el 23 por ciento de los hablantes de una lengua indígena –contabilizados como poco más de 7 millones de indígenas, lo que representa el 6.5 por ciento de la población total a nivel nacional– es analfabeta. Este porcentaje destaca por su comparación con el grado de analfabetismo del grupo de los no hablantes, en donde únicamente el 4.2 por ciento se encuentra en dicha situación.
A pesar de que, de acuerdo con las Naciones Unidas, “la educación es un derecho humano, un factor que reduce las desigualdades sociales e impulsa el desarrollo individual y colectivo”, los hablantes indígenas sólo tienen la posibilidad de estudiar, en promedio, 5.7 años, mientras que los no hablantes pueden alcanzar los 9.4 años de estudio.
El organismo internacional también reconoce que “los bajos niveles de escolaridad se traducen en bajos niveles de ingreso”; muestra de ello son las oportunidades empleo y las actividades económicas en las que se ocupa la población hablante indígena. Destaca que poco menos de la mitad, 46.9 por ciento de los indígenas mayores de 15 años, es económicamente activa, es decir, “desempeña alguna actividad laboral o busca trabajo”.
Del grupo de indígenas que posee un empleo, 37.7 por ciento laboran como empleados u obreros, 28.7 por ciento trabaja por su cuenta y 11. 5 por ciento desempeña actividades del campo, esto es, son jornaleros o peones. Además, el Inegi constató que 15 de cada 100 hablantes de una lengua indígenas son trabajadores sin pago, mientras que dentro de los no hablantes, esta cifra se reduce a sólo dos de cada 100.
A su vez, los bajos ingresos significan para las comunidades indígenas una menor posibilidad de acceder a una vivienda digna, que tenga los servicios básicos como el agua potable y el drenaje. De acuerdo con la información recabada por el Inegi, el 25.5 por ciento del total de viviendas con residentes hablantes de una lengua indígena no tiene drenaje; en comparación con el 4.1 por ciento de las viviendas sin población indígena que se encuentra en la misma condición.
En relación con la disponibilidad del agua, sólo el 40.2 por ciento de las viviendas de los hablantes indígenas cuentan con el servicio –dentro de los no hablantes, el porcentaje de acceso casi se duplica, pues asciende al 77 por ciento–, y en el 14.3 por ciento de ellas el agua no es entubada.
Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), “la falta de agua entubada y el piso de tierra en la vivienda son variables que se asocian con una alta morbilidad por enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias”. Esta situación se agrava debido a la dificultad que enfrenta la población indígena para acceder a las instituciones de salud; de acuerdo con la información de la encuesta intercensal 2015, 15 de cada 100 personas indígenas no se encuentran afiliadas a un servicio de salud en el país.
Las carencias en el tema de salubridad se traducen, al mismo tiempo, en un rezago de información sobre sexualidad que afecta, principalmente, a las mujeres indígenas. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 2014, mientras que una mujer no hablante de una lengua indígena tiene, en promedio, 1.6 hijos, una mujer hablante espera 2.5 hijos; la diferencia es de un hijo entre unas y otras.
Dicha discrepancia puede tener su origen en la falta de información que las mujeres indígenas poseen acerca de los métodos anticonceptivos y, en general, de salud reproductiva. De acuerdo con la información de la Enadid, 52.6 por ciento del total de mujeres hablantes de una lengua indígena de entre 15 y 49 años no utilizaron algún método en su primera relación sexual por desconocimiento, mientras que sólo el 22.5 por ciento lo hizo porque deseaba embarazarse.
Destaca también que del bajo porcentaje de mujeres indígenas que utiliza métodos anticonceptivos, la mayoría –seis de cada 10– emplea uno de carácter irreversible como la Oclusión Tubería Bilateral (OTB, conocida como salpingoclasia y ligadura de trompas). Diversos especialistas han documentado que esto se debe a que “en algunas comunidad indígenas aisladas, el acceso a la variedad de métodos anticonceptivos es frecuentemente limitado”.
Finalmente, el Inegi evidencia una mayor vulnerabilidad en los indígenas monolingües, es decir, aquellos que no dominan el idioma español; las cifras muestran que 13 de cada 100 indígenas sólo hablan su lengua materna. Además, apunta un aumento considerable en los indígenas del sur que, actualmente, migran hacia los estados del norte para laborar en las actividades de la agricultura industrializada.
