La “guerra” contra el narcotráfico ha cobrado la vida de más de 900 niños. Además, 30 mil se han incorporado a la delincuencia organizada y un número indeterminado de reclutas menores de edad son utilizados por las Fuerzas Armadas mexicanas para erradicar cultivos de enervantes. Organizaciones civiles advierten sobre las violaciones a los derechos de los niños que viven un conflicto armado singular. “El Estado privilegia el combate al crimen organizado por encima de la protección a los más vulnerables”: Redim
De diciembre de 2006 a diciembre de 2009, la supuesta guerra del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cobró la vida de 823 niños. Sólo en los primeros cuatro meses de este año, otros 90 menores han sido asesinados, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En el Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados se asienta: “El número creciente de víctimas de la violencia, generada por criminales, e incluso en ocasiones por la respuesta incontrolada de la policía o de las Fuerzas Armadas, motiva a revisar la viabilidad de la política de seguridad del gobierno actual”.
El protocolo busca identificar qué debe corregirse de la legislación para que los niños no tengan ningún vínculo con enfrenamientos armados y violentos. De esta manera, toca temas como el reclutamiento militar voluntario u obligatorio y la participación en las hostilidades.
“Aunque la ‘guerra’ contra el narcotráfico no está considerada formalmente como un conflicto armado –comenta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim–, debe considerarse como tal”. Argumenta que la capacidad de fuego de los grupos criminales es más amplia y potente que la del Estado, y los “daños colaterales” que ha padecido la población civil hacen de la lucha contra el crimen organizado un conflicto armado singular.
Más allá de las muertes, la Red alerta sobre la situación de los menores de edad que están siendo reclutados por el Ejército y el crimen organizado. De acuerdo con el Tercer informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante 2009, en la erradicación de cultivos de mariguana y amapola, participaron jóvenes que realizaban su servicio militar nacional de manera anticipada (menores de 18 años) y acudían a escuelas militares.
En tanto, hasta 30 mil niños cooperan con los grupos criminales y están involucrados en la comisión de delitos, como el tráfico de drogas y la trata de personas. La Redim sostiene que la respuesta del gobierno federal, que se acerca más a criminalizar que a la prevención, aleja aún más el acceso de los menores a sus derechos, ocasionado que quienes ya están enganchados en la violencia respondan con más agresividad.
Hace 20 años que el gobierno mexicano firmó la Convención sobre los Derechos de los Niños y aún no existen disposiciones que garanticen la protección de ellos en un conflicto armado singular. El Estado mexicano privilegia la “guerra” contra el narcotráfico y pasa por encima de los derechos de la población más vulnerable, afirma la asociación civil.
Niños reclutados
El reclutamiento de niños está prohibido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; sin embargo, en la legislación mexicana, no es una conducta tipificada. Mientras el Código de Justicia Militar es pobre respecto de los crímenes de guerra, ni el Código Penal Federal ni ninguna otra ley sancionan el alistamiento de menores de edad.
Por el contrario, la legislación militar permite su reclutamiento obligatorio y voluntario, advierte el Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
La Ley del Servicio Militar, en sus artículos 5 y 11, contempla la excepción por la que adolescentes de 16 y 17 años puedan anticipar su incorporación para cumplir con sus obligaciones militares. Además, en el Ejército se pueden admitir voluntarios en activo menores de 18 años y mayores de 16, en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos, mediante un contrato con el Estado.
La Redim observa que la Sedena enfatiza los beneficios del reclutamiento voluntario: el servicio médico integral para el militar y sus derechohabientes; prestaciones; casa habitación; periodos vacacionales; pensión; servicios turísticos, y becas escolares. Puesto que los jóvenes que se alistan en el Ejército tienen limitadas oportunidades de educación y empleo, “seguramente, en un país como México, esos beneficios representan un incentivo considerable”, expone la asociación civil.
El reporte refiere que se desconoce el número de menores de edad que participan en el Servicio Militar Nacional (SMN) o se reclutan de manera voluntaria, pues la Sedena no desglosa los datos por edad.
Por otro lado, con un certificado de secundaria, a partir de los 15 años los adolescentes pueden ingresar a las escuelas militares de Materiales de Guerra, Militar de Transmisiones, de Especialistas de Fuerza Aérea, de Mantenimiento y Abastecimiento y de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Desde los 16 años, al Heroico Colegio Militar, la Escuela Médico-Militar y las escuelas militares de Ingenieros, de Odontología, de Enfermeras y de Oficiales de Sanidad.
Respecto de las escuelas de la Secretaría de Marina Armada de México, cuatro de la Heroica Escuela Naval Militar admiten a alumnos a partir de los 15 años, y a partir de los 17, en las escuelas de Ingenieros de la Armada de México, Médico Naval y Enfermería Naval.
Ante el riesgo de que menores de edad sean utilizados por las Fuerzas Armadas, la Redim subraya la necesidad de aumentar la edad de alistamiento. En 2009, a 314 jóvenes del SMN se les ofreció la posibilidad de cumplir su servicio en tres meses, en lugar de un año, y de ser formados en la erradicación de cultivos de amapola y mariguana.
De acuerdo con el Tercer Informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, del 25 de mayo al 1 de agosto de 2009, se materializaron dichas actividades en Michoacán. “Es la primera vez –advierte la Redim– que se involucran jóvenes reclutas en la lucha contra el narcotráfico”.
Hasta abril de 2010, 66 menores de edad acudían a escuelas militares. Según la propia Sedena, 14 tenían cumplidos 15 años; 23, 16, y 29, 17. Doce planteles militares y seis unidades-escuela, con un efectivo de 5 mil 609 elementos, incluidos directivos, docentes, dicentes y apoyos de diversos servicios, realizaron actividades de búsqueda, localización y destrucción de enervantes en Mazatlán, Sinaloa, en 2009.
“Se demuestra así cómo esas tareas ‘temporales’ del Ejército han adquirido una importancia tal que ya forman parte del adiestramiento de los alumnos”, señala también la asociación civil.
La Redim sugiere se tipifiquen como delito, mediante una reforma al Código Penal Federal, las violaciones relativas al reclutamiento de niños en su participación en las hostilidades.
El Informe apunta que no existe una disposición legal que excluya, expresamente, que en caso de conflictos armados se utilicen menores entre 15 y 17 años que voluntariamente se enrolaron o estén prestando su servicio militar anticipado: “El silencio de la ley deja la puerta abierta a que ellos participen en las hostilidades”.
Independientemente de su edad, los alumnos de las escuelas militares pueden ser juzgados en el fuero militar como adultos. La única diferencia radica en las penas a menores de 18 años, para quienes son la mitad de las aplicadas a los adultos. Por ello la Redim demanda que, en caso de infringir la ley, aquellos menores de edad que asisten a escuelas militares sean juzgados en el fuero civil, a fin de que se les apliquen las disposiciones del sistema de justicia para adolescentes.
Para Juan Martín Pérez García, las acciones de reclutamiento del Ejército “nos demuestran que no hay una mirada en conjunto del Estado mexicano para respetar los derechos de los menores de 18 años, que tienen que ser protegidos y no expuestos. Los colocan en un riesgo innecesario”.
Niños en el crimen organizado
Según el Informe, hasta 30 mil niños cooperan con los grupos criminales y están involucrados en la comisión de 22 tipos de delitos, desde el tráfico de droga hasta secuestro y trata de personas.
Progresivamente, apunta, los niños terminan sus carreras criminales en tareas de mayor importancia y violencia. Es así que los más pequeños trabajan como vigilantes, mientras que los mayores se ocupan del traslado de la droga; y a partir de los 16 años, son contratados como sicarios.
Sin embargo, este proceso no siempre es lineal y la edad no es proporcional a la gravedad de los delitos cometidos: “Actualmente, las tareas se atribuyen dependiendo de las habilidades y capacidades delictivas concretas de cada niño y niña en cuestión, independientemente de su edad”.
Para los niños, el crimen significa obtener recompensas, reconocimiento y dinero que no les otorga la sociedad de manera legal. Al no tener otras alternativas, recuren al delito: “Cuando la falta de opciones de vida se combina con el fácil acceso a las drogas y las armas, y la violencia impregna el vecindario, unirse a la delincuencia organizada es una opción tentadora”.
Frente a esta realidad, la respuesta del Estado, enuncia la Redim, es focalizarse en la criminalización y la militarización. Al considerar que la delincuencia organizada es sólo un problema de seguridad pública y no un problema social, “se responde con medidas policiacas en vez de medidas preventivas”, observa.
En opinión de la asociación civil, ello aumentó las condiciones que negaban el acceso de los niños a sus derechos fundamentales y provocó que aquellos que están enrolados en la violencia respondan con más virulencia. No obstante, reconoce, hasta ahora no se conoce ningún programa centrado en bloquear los flujos de niños y niñas que cada año se unen a los grupos criminales.
“Al no desarrollar acciones de prevención, se corre el riesgo de normalizar la violencia”, enuncia el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia de México, Juan Martín Pérez García.
Violencia e impunidad
Desde que se inició la guerra contra el narcotráfico, más de 900 niños han perdido la vida, estima la Redim. En Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa, sedes de los grupos del crimen organizado, han aumentado los homicidios dolosos contra adolescentes, de entre 15 y 17, años hasta en un 543 por ciento.
En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas instó al gobierno mexicano a investigar debidamente los casos de violencia y abuso contra niños a fin de evitar que los autores no sean castigados. Con todo, a la gravedad del número de muertos se agrega la impunidad y la opacidad con la que la mayoría de los casos es tratado, menciona Pérez García. “Aquí hay dos tipos de responsables: la gente vinculada al delito organizado y las autoridades que están en combate”.
El director ejecutivo de la Redim se refiere así a los combates a fuego cruzado entre soldados y delincuentes, donde se está lejos de deslindar responsabilidades debido, entre otras cosas, al fuero militar: “Eso hace más frágil la institucionalidad del Ejército porque la impunidad permite que sea menos profesional en su tarea. Ello no sólo amerita profesionalidad, sino cuidado y respeto a los derechos humanos”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que, en los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública se ha traducido en que aumentaran en 500 por ciento las quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos.
Caso paradigmático de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, define el activista, es el asesinato de los hermanos Almanza Salazar. El 3 de abril, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Martín y Bryan, de cinco y nueve años, murieron a manos de militares que les dispararon mientras viajaban hacia la playa. En el atentado, se usaron granadas de fragmentación.
A bordo de la camioneta tipo Tahoe, iban, además de sus padres, sus hermanas Lucero, Jennifer y Yesenia, de 10, ocho y tres años de edad, respectivamente, así como el matrimonio formado por Carlos Rangel y Vanessa Velásquez Carmona y su bebé de tres meses. Según los afectados, al pasar un retén militar, los soldados les dispararon sin motivo alguno.
El 30 de abril, Día del Niño, José Luis Chávez García, procurador de Justicia Militar, deslindó de toda responsabilidad al Ejército Mexicano, “sin otorgar la prioridad al testimonio de los sobrevivientes, lo cual permite la especulación e incrementa la desconfianza a las acciones que realiza”, menciona la Redim.
En el caso, describe Pérez García, hay falsedad de testimonios, alteración de la escena del crimen y la negación de participación hasta de los más altos niveles militares. “¿Con qué seriedad el Estado mexicano está tomando medidas para que ello no vuelva a suceder? Todo lo que ocurre con este caso es grotesco y habla de cómo se intervienen los distintos niveles de autoridad federal para encubrir el delito”, expresa.
Juzga que, al ubicarlo como ejemplar, el caso puede ser una buena oportunidad para evitar que vuelva a repetirse, aunque la experiencia confirma lo contrario. Como en otros casos, es probable que no se traduzca en reparación del daño o medidas institucionales, lamenta el activista.
“El Ejército –reflexiona Pérez García– es una institución del Estado y en consecuencia no puede ser una esfera de impunidad. Está hecho para el uso de la fuerza, pero su misión es servir estando comprometido a hacer cumplir los diferentes ámbitos de derecho.”
Después de la presión pública y mediática, Felipe Calderón recibió a Cinthya Salazar y Martín Almanza, quienes habían solicitado su derecho constitucional de audiencia, con el fin de que se les escuchara directamente y se ordenara una investigación profunda, imparcial y apegada a derecho.
Para la Redim, otro caso que resulta paradigmático es el de Mireya Montserrat y Carlos Miranda Delgado. El 14 de abril, durante un enfrentamiento entre sicarios y policías federales en la avenida Costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, los hermanos de 12 y ocho años de edad fallecieron por disparos de rifles AK-17.
Ante la impunidad de los casos, resulta excepcional que se detuviera a Ernesto Antonio Rocha Reyes, supuesto participante en el incidente, y que fuera puesto a disposición de la Procuraduría General de la República por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Lamentablemente, reitera el presidente ejecutivo de la Redim, no todos los casos llegan a ese nivel. De las 22 mil muertes registradas en la guerra contra el narcotráfico, sólo existen 1 mil 200 averiguaciones previas: “Incluso considerándolos masacres, eso nos llevaría a un promedio de un asesinato investigado por cada 20. En muchos de ellos no existe averiguación previa; entonces es difícil reclamar justicia”.
Desde esta perspectiva, en los casos que recaen en la delincuencia organizada, “el Estado es corresponsable por no garantizar ningún tipo de justicia ni reparación del daño a la víctima”.
Del lado opuesto, expone Pérez García, si se realizan las investigaciones que resultan en la detención de menores de edad que trabajan para el crimen organizado, tampoco hay seguridad de que sus derechos sean respetados. Ya que no existe una definición clara sobre el ámbito, si es local o federal, en el que los menores serán procesados. No hay garantía de que sean juzgados debidamente.
Mientras no se castigan a los culpables, ni siquiera hay certeza sobre la cantidad exacta de niños que han sido lesionados o han perdido la vida a causa del combate contra el crimen organizado. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina admiten que esos datos no existen, según la respuesta obtenida a petición de la Redim a través del Instituto Federal de Acceso a la Información.
“Es muy poco pertinente cuando estas instituciones son la que instrumentaron esta guerra. Hay una intencionalidad clara de no compartir la información por lo delicada que es”, opina el director ejecutivo de la asociación civil. Comenta que los datos vertidos por la prensa y las organizaciones defensoras de los derechos humanos no alcanzan a reflejar la realidad, pues existe un subregistro de casos que se desconocen.
Pérez García concluye que es necesario que el Estado mexicano asuma su responsabilidad como lo ha firmado en las convenciones internacionales. Advierte que las acciones seguirán siendo fragmentadas mientras en el país no exista un sistema integral de protección de derechos de los niños. “Los niños no son el futuro, son el presente. La ciudadanía se construye desde ahora y no cuando cumplan los 18 años”, enuncia.
