La organización actual del cuidado –asociado a personas en vulnerabilidad, como los menores de edad, ancianos, o con enfermedades y capacidades diferentes– revela una desigualdad estructural: de acuerdo con el Inegi, la mayor parte de estas tareas recaen en los hogares y, principalmente, en las mujeres. Especialistas advierten que este trabajo sostiene la economía, pero también reproduce brechas de género y oportunidades. “El problema no es que no exista un sistema de cuidados, sino que está organizado de forma desigual”, señala Aleida Hernández Cervantes, doctora en derecho por la UNAM. Tras la pandemia de Covid-19, el tema cobró fuerza en la agenda pública y evidencia la urgencia de reconocer, reducir y redistribuir el cuidado como condición para la justicia social

El trabajo doméstico y de cuidados sostiene la vida cotidiana, pero también la economía, enfatiza la doctora Aleida Hernández Cervantes, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Añade que, además, este trabajo se realiza de forma gratuita. Ésta es una de las premisas centrales del feminismo marxista: aquello que ocurre dentro del hogar –limpiar, cocinar, cuidar, organizar la vida– no es una actividad “natural”, es un trabajo. Se trata de un conjunto de labores indispensables que permiten que las personas existan, se desarrollen y participen en la vida productiva. Sin ese sostén cotidiano, ninguna economía podría funcionar.

“Es un trabajo que sostiene también a la producción”, señala la doctora Hernández. Detrás de cualquier actividad económica –desde una jornada laboral hasta el funcionamiento de una empresa– hay una base invisible: personas alimentadas, espacios habitables, infancias cuidadas y condiciones mínimas para que la vida ocurra. Todo ello forma parte de la reproducción social, es decir, del conjunto de condiciones que hacen posible la vida y, con ello, la economía misma.

Aunque este trabajo no se paga ni se contabiliza en los salarios, sí puede medirse. De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor económico de estas labores ascendió a 8.4 billones de pesos, lo que equivale al 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Es decir, más de una cuarta parte de la economía del país se sostiene en trabajo no remunerado. El propio Inegi reporta que este porcentaje supera el de sectores como la industria manufacturera (20.3 por ciento) y el comercio (18.6 por ciento), lo que evidencia que el trabajo no remunerado no es marginal, sino estructural dentro del funcionamiento económico.

La abogada Hernández Cervantes subraya que el hecho de que estas labores no se paguen no implica que carezcan de valor. Por el contrario, insiste en que la economía capitalista ha decidido no reconocerlas, pese a que sostienen tanto la vida como la producción.

De igual manera, el Inegi documentó que este valor económico no se distribuye de manera equitativa. En 2023, el 71.5 por ciento del trabajo no remunerado fue realizado por mujeres, frente al 28.5 por ciento por hombres. En términos individuales, cada mujer aportó en promedio 86 mil 971 pesos anuales en trabajo no remunerado, mientras que los hombres contribuyeron con 36 mil 471 pesos.

Es decir, el aporte de las mujeres es más del doble que el de los hombres, lo que refleja no solo una diferencia en participación, sino en la carga y responsabilidad cotidiana que asumen de manera desproporcionada.

¿Quién cuida en México?: entre estereotipos y redes familiares

Para la doctora Itzel Mayans Hermida, profesora investigadora en teoría política contemporánea en el Instituto Mora, esta desigualdad no es casual, sino resultado de estructuras sociales profundamente arraigadas. “Los estereotipos de género son lo que ha permitido invisibilizar el trabajo de cuidados”. Bajo estas lógicas, las mujeres son concebidas como cuidadoras “naturales”, lo que transforma una responsabilidad social en una obligación individual y desdibuja su carácter como trabajo.

La investigadora advierte que esta lógica no solo oculta el valor de estas labores, sino que también organiza la vida social, al definir quién cuida, quién participa en el mercado laboral y quién dispone de tiempo propio. En ese sentido, señala que el sistema de cuidados en México no está estructurado principalmente desde el Estado, sino desde redes familiares y comunitarias.

“No es el Estado quien cumple esta función, es la abuela”, señala Mayans. A partir de ello, advierte que la posibilidad de que las madres participen en el mercado laboral está directamente relacionada con la existencia de estas redes de apoyo. Cuando estas redes faltan, agrega, la participación laboral femenina puede reducirse hasta en 12 puntos porcentuales, lo que muestra que el acceso al empleo está condicionado por la disponibilidad de cuidados.

Cuidar también reproduce desigualdad

El problema se vuelve aún más complejo si se observa la estructura demográfica del país. De acuerdo con Inegi, México tiene una población de 129.5 millones de personas, con más de 40 millones menores de 20 años y 19 millones mayores de 60 años. Además, el propio instituto reporta que 8.9 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que incrementa de forma sostenida la demanda de cuidados.

La doctora Itzel Mayans explica que esta estructura poblacional implica no solo que haya más personas que requieren cuidados, sino que estos son cada vez más complejos y prolongados. A ello se suma que las mujeres, al tener una mayor esperanza de vida, son quienes más cuidan, pero también tienen más probabilidades de necesitar cuidados en el futuro, lo que refuerza un ciclo de desigualdad.

El impacto de esta carga no se mide únicamente en dinero, sino también en tiempo. La abogada Aleida Hernández Cervantes detalla que las mujeres destinan gran parte de su jornada a las tareas del hogar y del cuidado, lo que limita su acceso al empleo, al descanso, a la educación y a la vida personal.

En este sentido, datos del Inegi muestran que cuando las mujeres dedican más de cuatro horas al día al trabajo no remunerado, su situación económica se agrava: en 2024, esta condición elevó la pobreza a 36.2 por ciento y la pobreza extrema a 7 por ciento.

“Basta con observar cuánto tiempo dedican las mujeres a sí mismas”, plantea Hernández Cervantes. La llamada pobreza de tiempo no solo implica falta de horas libres, sino una limitación estructural que condiciona el ejercicio de derechos.

A esta sobrecarga de tiempo se suma una dimensión menos visible, pero igualmente determinante: la carga mental del cuidado. Más allá de las tareas físicas como limpiar o cocinar, existe una responsabilidad constante de anticipar, planificar y organizar la vida cotidiana de otras personas: recordar citas médicas, prever alimentos, coordinar horarios o resolver imprevistos. Se trata de un trabajo de gestión permanente que, aunque no siempre se nombra, también implica desgaste.

De acuerdo con la Encuesta sobre la carga mental del trabajo de cuidado no remunerado en México, elaborada por el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (Cecrige) de la Universidad Iberoamericana, esta dimensión tiene efectos directos en el bienestar emocional de quienes cuidan. El 71 por ciento de las mujeres reporta malestar emocional asociado a estas responsabilidades, mientras que el 62 por ciento manifiesta agotamiento emocional profundo. Además, el 28 por ciento señala que termina su día con la mente completamente saturada, y el 56 por ciento experimenta insomnio.

La encuesta también permite dimensionar la amplitud de estas tareas. Entre los tipos de cuidado identificados se encuentran el cuidado físico (79 por ciento, realizado por 49 millones 625 mil 589 personas), el acompañamiento emocional (66 por ciento, 41 millones 799 mil 113 personas), la supervisión constante (66 por ciento, 41 millones 358 mil 199 personas), las tareas domésticas (63 por ciento, 39 millones 483 mil 700 personas), la gestión administrativa del hogar (60 por ciento, 37 millones 652 mil 460 personas) y el apoyo educativo (42 por ciento, 26 millones 238 mil 867 personas). Es decir, el cuidado no solo implica presencia, sino una multiplicidad de responsabilidades simultáneas.

En términos de carga mental, el estudio analizó 29 indicadores relacionados con estrés, ansiedad y responsabilidad cognitiva. Los resultados muestran una clara brecha de género: el 45.9 por ciento de las mujeres afirmó sentirse frecuentemente la única responsable del bienestar de la persona que cuida, frente al 28.7 por ciento de los hombres. De igual forma, el 43.8 por ciento de las mujeres reportó la sensación de que todo debe salir bien bajo su responsabilidad, en contraste con el 24 por ciento de los hombres.

Incluso cuando no están físicamente presentes, la responsabilidad persiste: el 59.6 por ciento de las mujeres señaló la necesidad de estar pendientes de todo en todo momento, frente al 47.5 por ciento de los hombres.

La investigadora del Instituto Mora añade que a esta desigualdad se suma una discriminación laboral persistente. Según explica, existe una propensión de los empleadores a discriminar a las madres, basada en la expectativa de que serán ellas quienes asuman las responsabilidades de cuidado. Esta discriminación, señala, no siempre es explícita, pero limita las oportunidades laborales de las mujeres.

En la práctica, esto se traduce en dobles y triples jornadas. Mayans Hermida explica que, incluso cuando las mujeres participan en el mercado laboral, se espera que continúen siendo responsables del cuidado dentro del hogar. Cuando ocurre una crisis familiar, añade, son ellas quienes suelen asumir la responsabilidad principal, lo que en muchos casos implica abandonar o precarizar su empleo.

En este sentido, la encuesta del Cecrige señala que al menos el 73 por ciento de las mujeres cuidadoras ha tenido que rechazar oportunidades laborales por no contar con respaldo para sostener sus empleos. Además, el 70 por ciento ha tenido que modificar su plan de vida debido a la carga de cuidados que recae sobre ellas.

Redistribuir el cuidado: de deuda histórica a transformación estructural

Frente a este panorama, las especialistas coinciden en que la construcción de un sistema de cuidados no puede entenderse únicamente como una política social, sino como una transformación estructural que atraviesa la economía, la vida cotidiana y las relaciones sociales. Esto implica, en primer lugar, reconocer el cuidado como trabajo, reducir su carga mediante servicios públicos e infraestructura –como estancias infantiles, centros de día o sistemas de salud accesibles– y, sobre todo, redistribuirlo entre el Estado, el mercado, las comunidades y los hombres.

Los datos del Inegi refuerzan esta urgencia: actualmente, la mayor parte del trabajo de cuidados sigue concentrándose en los hogares. Como advierte la doctora por la UNAM, esta organización no solo implica una sobrecarga para las mujeres, sino que también traslada la responsabilidad al ámbito familiar sin un acompañamiento institucional suficiente. En ese sentido, insiste en que las políticas públicas deben dejar de ser accesorias y convertirse en soportes reales del cuidado, capaces de aliviar la presión que hoy recae de forma desigual en las familias.

Por su parte, la investigadora del Instituto Mora enfatiza que esta transformación no puede limitarse al plano institucional. Desfeminizar el cuidado supone cuestionar una de las ideas más arraigadas: que cuidar es una responsabilidad “natural” de las mujeres. Este cambio, advierte, es profundamente cultural, ya que implica reconocer el cuidado como una tarea social compartida, indispensable para la reproducción de la vida y, por tanto, responsabilidad de toda la sociedad.

Ambas especialistas coinciden en que el desafío es de fondo. Los datos muestran que el cuidado sostiene la economía, pero también evidencian que, bajo las condiciones actuales, sostiene la desigualdad. En otras palabras, el mismo trabajo que permite que todo funcione –desde los hogares hasta los mercados laborales– es el que reproduce brechas de género, tiempo y oportunidades. Por ello, redistribuir el cuidado no es opcional, sino una condición necesaria para avanzar hacia una sociedad más justa.

El debate cobró fuerza tras la pandemia de Covid-19, cuando el confinamiento hizo visible quién sostenía la vida cotidiana en condiciones extremas. En ausencia o insuficiencia del Estado, fueron principalmente redes comunitarias y familiares –madres, abuelas, hermanas– quienes absorbieron el incremento en las tareas de cuidado, desde la atención a personas enfermas hasta el acompañamiento educativo y emocional.

A partir de entonces, el tema comenzó a posicionarse con mayor claridad en la agenda pública. Hoy existen iniciativas para la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, y en la Ciudad de México ya se reconoce constitucionalmente el derecho a cuidar y a ser cuidado, un avance significativo en términos de reconocimiento jurídico.

Sin embargo, tanto los datos como las experiencias cotidianas apuntan a una misma conclusión: el sistema de cuidados que hoy sostiene la vida –anclado en redes comunitarias de mujeres– opera de manera profundamente desigual. Funciona gracias a un trabajo invisibilizado y no remunerado que recae, de forma desproporcionada, en millones de mujeres, lo que evidencia que el problema no es su ausencia, sino su organización inequitativa y su falta de reconocimiento.

En estas condiciones, el cuidado no solo sostiene la vida, también reproduce la desigualdad. Y mientras continúe concentrado en mujeres, seguirá limitando derechos, oportunidades y autonomía. Redistribuir el cuidado no es solo una opción de política pública, es una urgencia estructural.

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