Aunque Guatemala cuenta con una ley que tipifica el feminicidio, es uno de los 25 países donde se comete mayor número de homicidios y otras formas de violencia contra la mujer por cuestiones de género. Entre enero y noviembre de 2016, fueron 620 las asesinadas
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
Guatemala, Guatemala. La violencia y la criminalidad contra las mujeres, niñas y adolescentes en Guatemala crece por día, mientras que defensores de los derechos humanos y hasta autoridades estatales instan a dejar la indiferencia y la inacción ante esa realidad.
Pareciera que la mayor parte de las personas permanecen impávidas ante lo que ocurre con las mujeres: la indiferencia y la inacción nos están socavando como cuerpo social; el sentido de indignación debe hacerlos reaccionar y actuar en consecuencia, pidió la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer reconoció que las estadísticas son alarmantes y prueban el ritmo creciente que mantiene esta problemática, sin que acaben de lograrse avances significativos en cuanto a la investigación y la sanción de este delito.
Guatemala cuenta desde 2008 con una ley que tipifica el delito de feminicidio; el de violencia sexual, económica, u otras formas de violencia contra la mujer, y, aunque regula juzgados y tribunales especializados para tales delitos, poco cambia.
El país es uno de los 25 del mundo en los cuales se comete mayor número de homicidios y cualquier forma de violencia contra la mujer por cuestiones de género, razones por las cuales también ocupa el lugar número 10 entre los 14 latinoamericanos incluidos en ese listado, según ONU Mujer.
Casos de violencia física y sicológica contra ellas, de muertes violentas, de embarazos producto de violaciones sexuales, así como el uso permanente de sus cuerpos para imágenes de publicidad sexista, son apenas algunas de las violaciones cotidianas a los derechos sexuales y humanos de este sector.
De acuerdo con el Observatorio del Grupo de Mujeres, desde 2000 fueron asesinadas casi 10 mil féminas y el 90 por ciento de esos crímenes se mantiene en la impunidad, a pesar de pequeños pasos de hormiga en función de acabar con la desidia en este orden.
Informes del Ministerio Público (MP), bajo la dirección de la fiscal general Thelma Aldana, refieren que de enero a noviembre de 2016 se recibieron 49 mil 397 denuncias por violencia contra las mujeres y que las asesinadas sumaron 620.
Paralelo a esto cada día son miles las que silenciosamente están siendo agredidas, sobre todo en espacios familiares.
Golpes, abusos sexuales, sicológicos y económicos son casi una forma de vida para las féminas en este país, si se consideran los reportes de hasta 12 agresiones diarias y la incidencia de estos hechos en ocho de cada 10 hogares.
En tanto, analistas manifiestan alarma por el incremento de las señales de criminalidad en los cuerpos de las víctimas de lo que para muchos es una pandemia.
Es evidente que la violencia contra la mujer en Guatemala tiende a ser más cruenta: la edad de las asesinadas disminuyó y los desmembramientos, ahorcamientos y varias formas de tortura son constantes.
Con el propósito de frenar la impunidad ante esos casos, el MP creó en 2016 la Fiscalía contra el Delito de Feminicidio, no obstante reconocer la prevalencia de una cultura de discriminación y de estereotipos sexistas que permea todas las instituciones del sector justicia.
Si bien antes de la Ley contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer no existían condenas por estos crímenes, desde 2008 hasta la fecha proliferaron las denuncias; pero apenas se lograron 2 mil condenas.
“Cada día la violencia va en aumento, dejando con esto cifras alarmantes de mujeres asesinadas, obligadas a parir hijos, a vivir en relaciones violentas y miserables, viviendo en relaciones enfermas, tristes y con gran inseguridad dentro de sus hogares”, denunció el colectivo de Mujeres Artesanas de Paz. Y recordó que “ser mujer no debe ser sinónimo de peligro, en ninguna parte del mundo. Estamos hartas”.
Otras formas de violencia
“En torno a la mujer existen cinco territorios en disputa: el cuerpo, la tierra, la naturaleza, la memoria y la historia, porque quienes nos han gobernado y quienes nos gobernarán quieren reescribir la historia y seguir acallando nuestras luchas”, reflexionó en un diálogo con Prensa Latina la diputada Sandra Morán.
A su juicio, “la violencia es y ha sido una política de Estado, porque ahora se habla de feminicidios, pero las huellas que exhiben los cuerpos de las víctimas de la violencia son iguales a las que propinaban, durante la guerra, los militares que en esta época entrenan a los policías guatemaltecos”.
Otras seguidoras del tema en el país insisten en que todo es parte de una lógica sostenida por un orden machista y patriarcal, interpretado mal por quienes no asumen que el violador, el golpeador, el acosador callejero, el torturador y el asesino de mujeres son variables del mismo, en grados y formas distintas.
Falsos moralismos van aparejados a esto y amparan a ciertos políticos, empresarios, profesionales, reconocidos hombres de todo tipo que dicen defender a las mujeres y contratan servicios sexuales de algunas, e incluso de niñas, para violentarlas de disímiles maneras.
En Guatemala, hay 33 mil 800 víctimas de trata de personas, de las que el 70 por ciento es mujer y el 46 por ciento menor de edad, aseguró el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.
Advirtió que este delito suele andar oculto y atenta contra la dignidad de las personas, afecta a su desarrollo y a una vida digna, y sólo se alimentan de quienes recurren a los servicios de las captadas por esas redes sin parar mientes en la historia de terror que existe detrás de ellas.
“Las modalidades son variadas, como la prostitución, el turismo sexual o la venta de niños, pero, como en todos los casos de violaciones de los derechos humanos, hay personas más vulnerables, como las niñas, los niños y las adolescentes”, denunció el funcionario.
Pero representantes de comunidades indígenas también ven con preocupación que el gobierno continúe dejando a las mujeres a la sombra del subdesarrollo y violando sus derechos fundamentales, en particular a las originarias, cuya existencia está signada por el racismo y la discriminación.
La falta de oportunidades hacia las féminas es violencia institucional, concuerdan activistas de otras esferas y aseveran que la participación de las mujeres en política continúa siendo deficitaria.
El Registro Nacional de las Personas muestra que las mujeres constituyen el 50.6 por ciento de los 17.1 millones de habitantes de Guatemala, pero apenas ocupan el 0.7 por ciento de los cargos de dirección y gerencias.
El Estado tampoco da importancia a la creación de una política efectiva a favor de la participación de nosotras en esa esfera y eso se expresa en la escasa presencia en órganos de poder como el Congreso, donde de 158 diputados apenas 23 son mujeres, afirmó la abogada Saknicté Racancoj.
La representante de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala recordó que de 238 puestos de alcaldes, apenas nueve están en manos de féminas; mientras que en la lista de carteras ministeriales, éstas sólo aparecen al frente de dos.
“El artículo 2 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, pero aún es bastante pobre el reconocimiento a las mujeres”, subrayó.
Racancoj cuestionó la eficacia de la labor de la Comisión de la Mujer del Congreso y de la Defensoría de Mujeres Indígenas, e hizo notar que, de 22 iniciativas legales promovidas, sólo cinco fueron aprobadas en beneficio de este grupo poblacional.
Todo esto es responsabilidad de un Estado patriarcal, racista, discriminador y por demás corrupto, al margen de cuya existencia deben ser impulsadas campañas en favor de las mujeres, máxime en beneficio de aquellas con potencialidades para cargos de relevancia, concuerdan los consultados.
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
[LÍNEA GLOBAL]
Contralínea 523 / del 22 al 28 de Enero 2017
