Río de Janeiro, Brasil. El año que recién concluyó será recordado sin nostalgia por los brasileños, incluso por la mayoría triunfante en el proceso de inhabilitación de Dilma Roussef, culminado con la destitución de la ahora expresidenta el 31 de agosto.

Mario Osava/Inter Press Service

Poco tiempo tuvieron los nuevos gobernantes para festejar la conquista del poder, desde el 12 de mayo, inicialmente en forma interina y luego de manera plena, al culminar el juicio político en el Senado contra la izquierdista Rousseff, la primera mujer en gobernar este país, desde 2011.

El 23 de mayo, 11 días después de asumir como nuevo presidente, el conservador Michel Temer perdía su brazo derecho, el senador Romero Jucá, obligado a renunciar al Ministerio  de Planificación, al difundirse un diálogo con un colaborador de la justicia en el escándalo de corrupción en Petrobras, la empresa petrolera estatal.

“Hay que cambiar el gobierno para detener esa sangría”, planteó, refiriéndose a la avalancha de denuncias y condenas, incluso a prisión, de decenas de políticos y empresarios involucrados en la desviación de dineros de los negocios petroleros.

Desde entonces renunciaron otros seis colaboradores directos de Temer por escándalos diversos. El último, en noviembre, fue Geddel Vieira Lima, también hombre clave del presidente como su ministro de Gobernación.

Acusado de presionar a su colega de Cultura, Marcelo Calero, para legalizar un edificio en construcción donde tenía interés personal, como comprador de un departamento, Vieira renunció. La obra había sido embargada por denunciados daños al patrimonio histórico de Salvador, capital del estado nordestino de Bahía.

Las previsiones son que tampoco el nuevo gobierno se sostendrá hasta el último día de 2018, cuando termina su período. Su remanente núcleo central, incluido el presidente, está involucrado en denuncias de Odebrecht, que decidió colaborar con las investigaciones judiciales sobre la ola de corrupción, de la que es probable campeón.

El conglomerado empresarial, que comprende las mayores constructora y petroquímica del país, además de ramificaciones en la industria bélica y energética, promovió que 77 de sus directivos y exdirectivos pasasen a colaborar con la justicia.

El primer testimonio trascendido apunta a 48 políticos, la mayoría diputados y senadores, como receptores de los sobornos que pagó la empresa para obtener contratos y prebendas en las leyes aprobadas en el legislativo Congreso Nacional.

Entre los denunciados, el mismo Temer, que habría negociado cerca de unos 3 millones de dólares para las campañas electorales del ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Además dos de sus hombres fuertes, el ministro jefe de la Casa Civil (secretaría de la presidencia), Eliseu Padilha, y el secretario del Programa de Inversiones y Privatizaciones, Wellington Moreira Franco, están involucrados en los sobornos de Odebrecht, pagados con sobreprecios en los proyectos obtenidos del Estado.

El Congreso, protagonista de la destitución de Rousseff, tiene a sus principales líderes entre los acusados y soporta los peores índices de rechazo popular de su historia. Su presidente, el senador Renán Calheiros, que ya responde a 12 procesos judiciales, casi todos por corrupción, fue nuevamente citado por dirigentes de Odebrecht.

Pero el juicio de miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo difícilmente ocurrirá antes de que termine el mandato de la mayoría a fines de 2018. Las autoridades de los tres poderes democráticos sólo pueden ser juzgadas por el Supremo Tribunal Federal (SFT),  cuya tradicional lentitud se acentuará por la catarata de casos.

El mismo sistema judicial, que ganó popularidad como campeón del combate a los corruptos, también terminó 2016 con su reputación resquebrajada, acusado de arbitrariedades en sus acciones y de adueñarse de recursos públicos, brindando a sus miembros “supersalarios” que sobrepasan los límites constitucionales impuestos.

El juez Sergio Moro, que conduce la Operación Lava Jato (lavado de automóviles) que  investiga la corrupción en Petrobras, se convirtió en un héroe nacional, así como los fiscales del Ministerio Público que integran un especial grupo de tarea investigativo.

Pero algunas de sus decisiones, como obligar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) a ser interrogado bajo “coerción” y difundir diálogos de Rousseff cuando aún era presidenta, obtenidos mediante ilegales escuchas telefónicas, dividieron el mundo jurídico.

Tambien reforzaron la campaña del ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT) de que Rousseff fue víctima de  un “derrocamiento” mediante un “golpe parlamentario”.

Además, la iniciativa de los fiscales de proponer una ley con “10 medidas contra la corrupción”, respaldada por más de 2 millones de firmas, generó un conflicto con el Poder Legislativo.

La Cámara de Diputados modificó algunas de las propuestas centrales del proyecto y lo volvió un bumerang contra sus promotores, al incluir castigos para jueces y fiscales que cometan “abusos de autoridad”. El propósito sería frenar la agresividad de las investigaciones sobre corrupción.

Por si fuera poco, el mismo STF también concluye 2016 sumergido en controversias y divisiones internas que debilitan su autoridad como guardián de la Constitución.

Decisiones cautelares de algunos de sus “ministros” (magistrados), como la suspensión del presidente del Senado, no acatada por esta cámara y rechazada dos días después por la plenaria del STF, fueron duramente criticadas por otros de sus 11 miembros.

La economía también tuvo un pésimo año, con una caída del producto interno bruto  estimada en 3.5 por ciento, muy similar a 2015, cuando se derrumbó en 3.8 por ciento.

Con más de 12 millones de personas desempleadas, a los que se suman los millones de quienes ya desistieron de buscar trabajo, la situación en este país latinoamericano de 204 millones de habitantes puede derivar en convulsiones sociales, al agravarse por la quiebra de algunos gobiernos estatales.

Los funcionarios públicos del estado de Río de Janeiro, a excepción de profesores y policías, reciben sus sueldos con más de 2 meses de atraso y en entregas parciales. En al menos tres de los 26 estados brasileños se declaró la “calamidad financiera” para buscar soluciones.

Pese al contexto adverso, la baja popularidad del gobierno nacional y la ofensiva anticorrupción que llevó a prisión incluso al poderoso expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el parlamento operó con diligencia este año, en los temas económicos y en la destitución de Rousseff.

La alianza de una amplia mayoría con el gobierno de Temer permitió la rápida aprobación de la enmienda constitucional que congela el gasto público en los próximos 20 años, con presupuestos que solo podrán incrementarse en el porcentaje de subida de la tasa de inflación del año anterior.

Es la pieza clave del ajuste fiscal impulsado por el controversial ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.

Pero será más difícil que el próximo año se apruebe la planteada reforma del sistema de previsión social para reducir su déficit, alargando la edad de jubilación, reduciendo las remuneraciones e incrementando las contribuciones. También requiere una enmienda constitucional, con al menos 60 por ciento de los votos de diputados y senadores.

Al afectar más visiblemente la vida y los derechos de toda la población, las resistencias y protestas populares contra la medida ya comenzaron.

El avión boliviano que cayó el 28 de noviembre en la ciudad colombiana de Medellín y ocasionó la muerte de 71 personas, de ellas 19 futbolistas del Chapecoense, un modesto equipo del sur de Brasil, selló 2016 como un año trágico para Brasil.

La excepción feliz fueron los Juegos Olímpicos, disputados en Río de Janeiro en agosto, alabados por su organización y el buen desempeño de los atletas brasileños, en especial en los Juegos Paralímpicos del mes siguiente.

Mario Osava/Inter Press Service

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 524 / del 29 de Enero al 04 de Febrero 2017