Un supuesto fraude fiscal por 1 mil 650 millones de pesos alerta a las autoridades federales respecto de las actividades de la familia de empresarios Juan Marcos Issa. De acuerdo con el diario Reforma, las empresas de los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal habrían propiciado de forma ilegal la devolución del multimillonario monto.
En enero de 2011, la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) descubrió otro caso de defraudación al erario que involucra a los Juan Marcos Issa y a la empresa Blue Marine Technology Group. Como lo informó Contralínea, la contratista arrendó buques a Petróleos Mexicanos (Pemex) y causó daños al erario por más de 47 millones de dólares. Por este último caso, se fijaron sanciones por 5 mil millones de pesos.
La nueva presunta defraudación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) habría sido cometida por empresas vinculadas a los hijos de Salomón Juan Marcos Issa, quien a su vez es hermano de Antonio Juan Marcos Issa, excoordinador de asesores de dos directores generales de Pemex –Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo– y accionista de Blue Marine Technology Group.
El diario Reforma indica en su primera plana que la indagatoria en contra de los empresarios comenzó en 2011. Cuando el SAT descubrió la irregularidad, inició una serie de visitas domiciliarias a las compañías, varias de ellas ubicadas en la Comarca Lagunera. Algunas compañías involucradas serían, de acuerdo con el rotativo, Comercial Waco, Inmobiliaria Puertas del Norte, Bull Denim, Servicios Prestados a la Industria Textil, Global Sourcing y Building Corporation de Jalisco.
El caso de Blue Marine
A inicios de 2011, como lo informó este semanario (
Contralínea 217 y
Contralínea 221), la SFP detectó un fraude en Pemex Refinación por 47 millones de dólares, vinculado al arrendamiento de cuatro buquetanques. En la auditoría se presumió que Arrendadora Ocean Mexicana –filial de Blue Marine Technology Group– y Transportación Marítima Mexicana (TMM) “se coludieron” para obtener los contratos.
Por este caso, la contraloría federal inhabilitó a 14 funcionarios que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio” las embarcaciones. Las sanciones suman más de 5 mil millones de pesos.
El caso, ventilado por la ahora extinta SFP el 26 de enero de 2011, implicó la adjudicación “irregular” de contratos para el arrendamiento de cuatro buquetanques a casco desnudo “con sobreprecio de entre 29 y 35 por ciento”, indicó el comunicado de prensa 09/2011.
Los contralores detectaron que, en 2006, Arrendadora Ocean Mexicana y TMM “se coludieron” para adjudicarse la licitación pública 18576057-016-05. Además, en sus observaciones presumieron que el proceso fue “manipulado” por funcionarios de la paraestatal en beneficio de las dos empresas.
De acuerdo con información oficial extraída de la auditoría, el sobreprecio de 47 millones de dólares se originó porque se “manipularon los estudios de costo-beneficio”. Éstos no corresponden a las características del servicio contratado, indica la auditoría en sus conclusiones.
Para los contralores, 14 servidores públicos de Pemex Refinación participaron en el supuesto fraude al “direccionar” las bases de la convocatoria. “Se presentaron estudios de mercado que justificaban el arrendamiento de buquetanques a tres años; sin embargo, la licitación fue por contratos de cinco años a casco desnudo. En estas condiciones de “favoritismo”, TMM arrendó las embarcaciones Amatlán II y Choapas II, y Arrendadora Ocean Mexicana, los buques Faja de Oro II y Potrero del Llano II.
