Asedio contra la libertad de expresión

La libertad de expresión está constantemente en asedio, ya sea con más regulaciones propuestas desde los grupos de poder e instrumentadas por un obediente Congreso de la Unión, o cuando a grupos o personas (léase políticos, funcionarios y empresarios, principalmente) les molesta la crítica y se quejan de violaciones a sus derechos humanos, cuando en realidad lo que no desean es la libertad de expresión que se traduce en la opinión de cualquiera sobre las acciones y actos de otros.

Complicidad y corrupción Conade-UNAM

En los últimos meses hemos sido testigos de la aguda crisis que enfrenta el deporte en México por culpa de directivos que, sin experiencia alguna, han dirigido la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); así como de la mafia que abusa de los recursos públicos que año tras año se entrega a las federaciones responsables de cada actividad deportiva.

Rupturas en el gabinete

Cuando nada sale bien y los problemas rebasan la capacidad de los gobernantes para resolverlos, afloran los rencores, las acusaciones y las frustraciones.

Al borde del estallido social

Por lo menos es extraño ver a un secretario de Educación Pública que hace a un lado la exposición de las razones, el diálogo y la negociación como lecciones necesarias para alcanzar un Estado justo y democrático, y por el contrario recurre a un lenguaje de violencia verbal y amenazante con utilizar los cuerpos de seguridad en contra de un sector de maestros inconformes con lo que consideran abusos y autoritarismo de los políticos del centro.

En riesgo, base de datos de millones de pasaportes

El manejo de la información para la emisión de pasaportes es un asunto de seguridad nacional. En los últimos 3 años, con José Antonio Meade como secretario de Relaciones Exteriores –ahora lo es de Desarrollo Social–, esta dependencia “dejó perder” esa importante base de datos con información confidencial de millones de mexicanos, y el único respaldo que hay está en las oficinas de la empresa privada Mainbit, cuyos accionistas –José Antonio Sánchez y Juan José Álvarez– fueron hasta septiembre pasado los responsables de elaborar los pasaportes, y ahora sostienen que si la canciller Claudia Ruiz Massieu quiere recuperar esa información tendrá que recontratarlos.