


Lo cotidiano en la política mexicana es que sus actores principales cometan abusos sin sufrir consecuencia alguna y puedan repetirlos una y otra vez sin que alguien se los reclame, como si no hubiera una memoria colectiva. Aun más, esos abusos van acompañados del cinismo de nuestros políticos, de tal manera que cometen arbitrariedades y al mismo tiempo dictan conferencias o hacen declaraciones para censurar la corrupción de la cual ellos han sido responsables.

Un observador que presenció aquella mañana de finales del año pasado la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) nos comenta el fuerte enojo de la funcionaria experredista porque el presidente Enrique Peña Nieto la cambió a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Enfurecida por la decisión presidencial, Robles ordenó vaciar la oficina que ocupó hasta ese 28 de agosto y cuando llegó su sustituto, José Antonio Meade, no había una silla donde sentarse ni tampoco un escritorio que le permitiera despachar en su primer día como titular de la Sedesol.

Lo que parecía imposible ocurrió. Gobiernos priístas y panistas, en colusión con funcionarios y empresarios corruptos, saquearon y quebraron la industria petrolera nacional durante 40 años. Siete presidentes de la República son responsables de ello, por permitirlo.

Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.

Al descrédito y desgaste acumulados en que metieron a la Procuraduría General de la República (PGR) en los primeros 3 años de gobierno, cuando su entonces titular Jesús Murillo Karam inventó la “verdad histórica” de Ayotzinapa sobre los 43 normalistas rurales desaparecidos (que afortunadamente le valió su renuncia), ahora se suma el injustificado acoso que la sucesora Arely Gómez ha ordenado en contra de la actriz Kate del Castillo, por reunirse con Joaquín Guzmán, el Chapo, en busca de una producción fílmica, así como la nueva arbitrariedad de abrirle un expediente penal al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, por el supuesto delito de fraude por 2 millones de dólares.

Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) va en contra de su origen y ahora busca un amparo en contra de la decisión del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito, mismo que rechazó la defensa de ese “órgano de transparencia” en favor del tergiversado “derecho al olvido”.

Agobiado y confundido con los problemas que enfrenta el país, Enrique Peña Nieto pide tiempo para que –una vez concluida su gestión al frente de la Presidencia de la República– la población pueda comprender su actuación como “jefe de Estado” y, concretamente, sobre las razones de su decisión en el caso Donald Trump, con quien tuvo un encuentro desafortunado que se salió de control y generó duras y nuevas críticas internas y externas, además de vergüenzas ajenas que entorpecen aún más la gestión presidencial –a la que aún le faltan 2 largos años–, por lo que tuvo que hacer drásticos ajustes en el gabinete, como la renuncia del hombre de más confianza en Los Pinos y a quien consideraba además de su amigo, el más preparado y capacitado para sucederlo en la Presidencia.

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