El Paquete Económico 2027 propone un gasto neto de 10.5 billones de pesos, con el bienestar de la población y la inversión pública como algunas de sus principales prioridades. El proyecto contempla más de 1 billón de pesos para los Programas para el Bienestar y 1.026 billones para inversión física, además de recursos para educación, salud, vivienda, seguridad y campo. Para financiar estas políticas, el gobierno plantea fortalecer la recaudación y combatir la evasión fiscal, sin crear nuevos impuestos ni aumentar el precio de las gasolinas. A la par, busca reducir gradualmente el déficit y mantener la estabilidad de las finanzas públicas

El Paquete Económico 2027 propone un gasto neto total de 10.5 billones de pesos, 0.7 por ciento más, en términos reales, que el presupuesto aprobado para 2026. La propuesta mantiene el bienestar de la población y la inversión pública entre sus principales prioridades, mientras plantea reducir gradualmente el déficit y fortalecer los ingresos públicos.

La propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece que los recursos públicos deberán sostener los Programas para el Bienestar, los proyectos de infraestructura y las obligaciones financieras del Estado, bajo una política orientada a mejorar la eficiencia del gasto. El documento de los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2027 considera la educación, la salud, la vivienda, la soberanía energética y alimentaria, el medio ambiente y la seguridad como inversiones para el bienestar y parte de la estrategia de Prosperidad Compartida.

Durante la conferencia presidencial del 9 de septiembre, en la que se presentó el paquete, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la propuesta no contempla nuevos impuestos ni aumentos en el precio de las gasolinas. Sostuvo que el fortalecimiento de los ingresos públicos se apoyará principalmente en medidas para combatir la evasión fiscal.

“No hay nuevos impuestos para la gente, no hay gasolinazos”, afirmó.

La primera mandataria también señaló que el presupuesto contempla mayores recursos para áreas consideradas prioritarias por su administración, entre ellas educación, ciencia, salud, seguridad y campo, además de garantizar el cumplimiento de los Programas para el Bienestar reconocidos como derechos en la Constitución.

En la propuesta de Hacienda, esta orientación se traduce en más de un billón de pesos para los programas sociales prioritarios y una inversión física estimada en 1.026 billones de pesos, 3.5 por ciento más, en términos reales, respecto de 2026.

Para 2027, el Paquete Económico proyecta un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento, mientras plantea continuar con la reducción gradual de las necesidades de financiamiento del sector público. De acuerdo con el documento, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarían en 3.9 por ciento del PIB, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) alcanzaría 55 por ciento del PIB.

Más de 1 billón de pesos para los Programas para el Bienestar

Una de las expresiones más directas de esta orientación presupuestaria está en los Programas para el Bienestar, puesto que se contemplan 1.025 billones de pesos para estas políticas, recursos destinados a mantener la protección social desde la infancia hasta la vejez. La bolsa incluye pensiones, becas, apoyos al campo, vivienda y programas dirigidos a jóvenes, entre otros.

La mayor partida corresponde a la Pensión para Adultos Mayores, con 543 mil 498.4 millones de pesos, seguida de los Programas de Becas Benito Juárez, que recibirían 190 mil 551.9 millones. La Beca Rita Cetina tendría 133 mil 561.3 millones de pesos; la Pensión Mujeres Bienestar, 59 mil 356.3 millones, y la Pensión para Personas con Discapacidad, 37 mil 436.3 millones.

La propuesta también asigna 40 mil 500 millones de pesos a Sembrando Vida, 34 mil 353.9 millones al Programa de Vivienda Social y 25 mil 985.3 millones a Jóvenes Construyendo el Futuro.

En educación, además de los programas de becas, se contemplan 20 mil millones de pesos para La Escuela es Nuestra, así como recursos destinados a los distintos niveles educativos.

Estas partidas forman parte de la política de protección social que Hacienda vincula con el Humanismo Mexicano y con el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”. El documento plantea que los resultados del presupuesto no deben medirse únicamente por el crecimiento económico, sino también por su impacto en las personas y comunidades que históricamente han enfrentado mayores condiciones de exclusión.

Durante la presentación del Paquete Económico, la presidenta Sheinbaum sostuvo que los programas establecidos como derechos en la Constitución tendrán garantizados los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la Carta Magna.

Bajo esta perspectiva, los recursos destinados a los Programas para el Bienestar constituyen una de las principales vertientes del gasto social previsto para 2027.

Trenes, energía y agua: la apuesta por la inversión pública

Para 2027, la inversión física propuesta asciende a 1.026 billones de pesos, un incremento real de 3.5 por ciento respecto de los recursos aprobados para 2026. El aumento se concentra en proyectos de infraestructura, mientras que la inversión financiera registra una reducción importante, relacionada principalmente con las operaciones y obligaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre las prioridades destacan los proyectos ferroviarios. El Paquete Económico contempla 150 mil 875.6 millones de pesos para nuevos trenes, dentro de una bolsa de prioridades de inversión que suma 560 mil 172.6 millones de pesos. Entre los proyectos considerados están los trenes México-Querétaro, AIFA-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo, Querétaro-Irapuato y Querétaro-Saltillo, además de recursos para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Entre las principales asignaciones también aparecen 255 mil 529.2 millones de pesos para Pemex y 60 mil 991.6 millones para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A estos recursos se suman 24 mil 121.2 millones para carreteras y caminos y 22 mil 761.9 millones para obras hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La inversión forma parte del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla proyectos en energía, trenes, carreteras, puertos, agua, salud y educación. El plan considera una inversión acumulada de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030, con más de la mitad destinada al sector energético.

En materia energética, el Paquete Económico muestra una diferencia entre los recursos asignados al ramo Energía y el comportamiento de la inversión física. El presupuesto del ramo pasa de 267 mil 439.1 millones de pesos aprobados en 2026 a 85 mil 634.2 millones propuestos para 2027, una reducción real de 69 por ciento. Hacienda explica que este descenso está relacionado principalmente con operaciones financieras y amortizaciones de Pemex. Al mismo tiempo, la inversión física aumenta 3.5 por ciento en términos reales.

El proyecto presupuestario también contempla recursos para infraestructura hídrica, carreteras y caminos, así como para proyectos en materia de seguridad. De acuerdo con la propuesta, estas inversiones buscan atender necesidades de infraestructura y contribuir a la generación de actividad económica, empleo y desarrollo regional.

Durante la conferencia presidencial del 9 de septiembre, el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, sostuvo que bienestar y crecimiento económico no son objetivos separados, pues la inversión pública genera actividad, empleos y oportunidades. Bajo esta perspectiva, la infraestructura se plantea como una de las vías para impulsar el crecimiento económico y fortalecer el bienestar, junto con los Programas para el Bienestar.

Recaudar más sin crear nuevos impuestos

El financiamiento de estas prioridades depende, en buena medida, del fortalecimiento de los ingresos públicos. El Paquete Económico 2027 busca elevar la recaudación mediante modificaciones fiscales y medidas para ampliar la base gravable. Hacienda estima que los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB durante 2027.

Una de las principales modificaciones se plantea en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), particularmente en las reglas relacionadas con las deducciones y las pérdidas fiscales de las empresas. El documento señala que, en 2025, de 524 mil empresas que declararon ingresos positivos, 318 mil no registraron pago de ISR. De ese universo, 223 mil reportaron deducciones mayores o iguales a sus ingresos, mientras que en otros casos el resultado se explicó principalmente por pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

A partir de este diagnóstico, la propuesta plantea modificar el tratamiento de las pérdidas fiscales. Entre las medidas se contempla limitar su disminución a 50 por ciento de la utilidad fiscal, aunque se amplía de 10 a 20 años el plazo para aplicar las pérdidas de ejercicios anteriores. También se propone reducir de 30 a 20 por ciento el límite para la deducción de intereses netos.

De acuerdo con el documento de la Secretaría de Hacienda, estos cambios buscan ampliar la base gravable sin afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas ni a los negocios de reciente creación. La propuesta también incorpora medidas de simplificación para pequeños contribuyentes. En el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), los umbrales de ingresos aumentarían de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales.

La estrategia contempla también ingresos no tributarios. El Paquete Económico incorpora medidas relacionadas con el contrabando y la subvaluación de mercancías, además de actualizar algunos derechos relacionados con infraestructura ferroviaria, trámites sanitarios, protección ambiental y uso del espacio aéreo. Por estos conceptos, los ingresos no tributarios se estiman en 521 mil 800 millones de pesos, 24.6 por ciento más, en términos reales, respecto del cierre estimado de 2026.

El gobierno federal plantea mantener, además, incentivos para las nuevas inversiones vinculadas con el Plan México y los Polos de Desarrollo para el Bienestar. La propuesta combina modificaciones fiscales con estímulos dirigidos a la inversión productiva, con el objetivo de ampliar los ingresos públicos sin frenar la actividad económica.

De acuerdo con el documento, las modificaciones buscan fortalecer de manera permanente la recaudación y generar mayor espacio fiscal para financiar las prioridades de bienestar, infraestructura y desarrollo productivo.

El SAT pone el foco en las factureras y la evasión fiscal

Junto con los cambios a las reglas fiscales, el Paquete Económico plantea reforzar las acciones de fiscalización. La revisión de operaciones inexistentes y esquemas de evasión será una de las líneas de actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En la conferencia matutina del 9 de septiembre, el titular de la institución, Antonio Martínez Dagnino, explicó que la autoridad busca identificar a contribuyentes que utilizan mecanismos para reducir artificialmente el pago de impuestos y, al mismo tiempo, facilitar el cumplimiento de quienes atienden sus obligaciones fiscales.

Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el SAT publicó a más de 3 mil empresas en los listados relacionados con operaciones inexistentes y bloqueó a más de 38 mil contribuyentes, de acuerdo con las cifras presentadas por Martínez Dagnino. En ese mismo periodo, informó, se realizaron casi 2 mil auditorías relacionadas con este tipo de esquemas.

El funcionario también reportó que 129 mil empresas declararon pérdidas durante tres años, mientras que 54 mil lo hicieron durante cinco años consecutivos. Estas cifras forman parte de los elementos que la autoridad utiliza para identificar comportamientos que requieren una revisión fiscal.

Martínez Dagnino señaló que entre las prácticas bajo vigilancia se encuentran el uso de facturas y otros mecanismos que pueden reducir artificialmente la base gravable y, con ello, el impuesto que debe cubrirse. La fiscalización busca distinguir estas prácticas de los casos en que las pérdidas o deducciones corresponden efectivamente a la actividad de las empresas.

La estrategia incluye controles sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel, así como acciones contra el contrabando y la subvaluación de mercancías.

Déficit, deuda y crecimiento: las cuentas detrás del paquete

El fortalecimiento de los ingresos ocurre dentro de una estrategia que también busca reducir gradualmente el déficit público. El Paquete Económico 2027 contempla un déficit presupuestario de 3.4 por ciento del PIB, equivalente a 1 billón 358 mil 558.8 millones de pesos. Sin considerar el costo financiero de la deuda, se estima un superávit primario de 0.6 por ciento del PIB.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarían en 3.9 por ciento del PIB durante 2027. Hacienda señala que esto representaría una reducción acumulada de 1.8 puntos porcentuales respecto de 2024 y contribuiría a mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible de mediano plazo.

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), una de las medidas más amplias de las obligaciones financieras del sector público, se ubicaría en 55 por ciento del PIB. El documento precisa que este nivel sería un punto porcentual superior al estimado para el cierre de 2026 y atribuye el incremento principalmente al mayor costo financiero y al efecto de un tipo de cambio más alto sobre la valuación en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera.

Estas cifras forman parte de la estrategia de consolidación fiscal planteada por Hacienda: fortalecer los ingresos, contener el crecimiento del gasto y reducir paulatinamente el déficit, sin abandonar las prioridades sociales ni la inversión pública. Con ello, el gobierno busca mantener capacidad financiera para atender las necesidades de la población y continuar con los proyectos de infraestructura.

El otro componente de las cuentas públicas es el crecimiento económico. Para 2027, el gobierno proyecta un avance del PIB de entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales. La estimación considera como motores la demanda interna, el ingreso de los hogares, la inversión en infraestructura, el Plan México y un mejor desempeño del sector externo, particularmente ante una posible recuperación de la actividad industrial estadunidense.

El propio documento reconoce riesgos para este escenario, entre ellos cambios en las políticas comerciales internacionales, tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y modificaciones en los precios de la energía y otras materias primas.

Frente a estos factores, la propuesta señala que México cuenta con elementos para sostener una trayectoria de crecimiento, entre ellos su integración productiva con América del Norte, una base manufacturera diversificada, un mercado interno amplio y los Programas para el Bienestar, que contribuyen a sostener el ingreso de los hogares.

En conjunto, las proyecciones fiscales y económicas plantean un escenario en el que la reducción gradual del déficit debe coexistir con el gasto social y la inversión pública. El Paquete Económico vincula estas variables con el objetivo de mantener la estabilidad de las finanzas públicas mientras se busca sostener el crecimiento y el ingreso de los hogares.

Del presupuesto a la vida cotidiana: educación, salud y vivienda

Las grandes cifras del paquete tienen su expresión más concreta en el gasto destinado a educación, salud, vivienda y protección social. El proyecto presupuestario considera estas áreas como parte de una estrategia de bienestar que combina apoyos directos con inversión pública, con énfasis en hogares y comunidades que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

En educación, la propuesta contempla mantener y ampliar los Programas para el Bienestar dirigidos a estudiantes, con el propósito de favorecer la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las escuelas. Entre ellos se encuentran la Beca Rita Cetina, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. También se prevé fortalecer la infraestructura educativa mediante la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles.

El presupuesto contempla ampliar, además, el acceso a la educación inicial, particularmente para niñas y niños de localidades rurales, así como continuar la expansión de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

En salud, la estrategia busca fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar. Para 2027, el gobierno plantea duplicar el número de unidades médicas y establecimientos que participan en el intercambio de servicios, con el objetivo de aprovechar la infraestructura disponible y avanzar gradualmente hacia la universalización de la atención médica.

A esta estrategia se suma La Clínica es Nuestra, programa mediante el cual se busca fortalecer la participación de las comunidades en la identificación de necesidades de infraestructura, equipamiento y mobiliario de los centros de salud de primer nivel, particularmente aquellos que atienden a personas sin seguridad social.

La vivienda también forma parte de las prioridades sociales. El proyecto estima otorgar 240 mil apoyos para vivienda nueva y 56 mil 500 para mejoramiento o ampliación, dirigidos principalmente a hogares con ingresos de hasta cinco UMA mensuales y a grupos considerados históricamente vulnerados, entre ellos mujeres, madres jefas de familia, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.

La meta planteada es reducir el déficit habitacional nacional de 22.81 por ciento en 2026 a 21.10 por ciento en 2027. En la zona oriente de la zona conurbada del Valle de México se prevén 90 mil acciones de vivienda nueva y al menos 50 mil de mejoramiento.

El presupuesto vincula estas políticas sociales con la generación de empleo y el fortalecimiento del mercado interno. De acuerdo con el documento, el aumento de los ingresos de los hogares, la recuperación del salario real, el empleo formal y el acceso a servicios de salud y pensiones son factores que pueden contribuir a fortalecer la demanda interna y reducir las condiciones de pobreza.

La propuesta plantea así dos vías complementarias: transferir recursos directamente a la población mediante los Programas para el Bienestar y utilizar la inversión pública para desarrollar infraestructura capaz de generar actividad económica, empleos e integración productiva en distintas regiones.

Las decisiones presupuestarias se expresan en ámbitos concretos de la vida cotidiana como becas, pensiones, servicios de salud, vivienda e infraestructura. Bajo la perspectiva planteada por el gobierno federal, el objetivo es que el gasto público contribuya tanto a garantizar derechos sociales como a generar las condiciones para el crecimiento económico y el bienestar de la población.