En los lotes baldíos de Chimalhuacán los niños sacan de entre la tierra suelta, el cascajo y la basura, trozos de vasijas, platos decorados, fósiles, cerámica, sellos, figurillas, colgantes, orejeras y cuentas talladas en piedra. Ávidos, las muestran en cajas de cartón a quienes se lo solicitan, desde vecinos, hasta arqueólogos, estudiosos, reporteros o compradores furtivos.

 

Matías y Tino encontraron los primeros objetos. Cursan los últimos años de la escuela básica. Pasan las horas reventando pájaros muertos con cohetes y escarbando la tierra que llevaron los trabajadores de El Molino. Los presuntos restos de un jaguar forman parte de su colección que se acrecienta día con día.

Los menores no son los únicos con colecciones propias. La noticia se extendió rápidamente entre los residentes de los ocho barrios de Chimalhuacán, que aunque con miedo de ser acusados de saqueo, buscan las piezas en los llanos para “rescatar su historia que se va a la basura”, dicen.

 

Los hechos han sido negados por las autoridades locales: el ayuntamiento de Chimalhuacán; y por el órgano encargado de resguardar el patrimonio nacional: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

 

“[…] De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tampoco existen en el Rancho El Molino vestigios arqueológicos. Si éstos existieran, los habría sobre todo en las casas y predios vecinos a Los Pochotes”, se lee en una publicación que exalta los compromisos “cumplidos” del exgobernador Enrique Peña Nieto.

 

 

 

Desde febrero, el gobierno municipal inició la construcción de un megaproyecto en el rancho El Molino. Con 28 mil 90 metros cuadrados, el rancho alberga una construcción reconocida como histórica por el gobierno del Estado de México y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; y un área natural de fresnos y ahuehuetes de por lo menos 700 años de antigüedad.

 

El predio, se ubica a escasos 80 metros de Los Pochotes, la zona arqueológica local llamada así en alusión a los arbustos que sólo crecen en el lugar. El área de 9 mil 500 metros cuadrados resguardada desde 1964 por el INAH se recorre en cinco minutos. De la extensa metrópoli de Chimalhuacán –fundada hacia el año 1200 después de Cristo y que formó parte de la confederación de las ciudades estado acolhuas– únicamente se conserva el Tecpan, residencia del tlatoani, su familia y espacio para actividades administrativas y de decisión política. El resto, fue consumido por la urbanización desmedida en las últimas tres décadas.

 

El rancho El Molino significaba uno de los últimos relictos que sobrevivió a la mancha urbana y al olvido, la memoria oral aún cuenta leyendas y mitos del lugar. Además, su proximidad a Los Pochotes le otorgaba un valor adicional: posiblemente formaría parte del área arqueológica no descubierta ni investigada.

 

 Para el historiador Felipe Echenique March, por la cercanía de la obra con la zona arqueológica, la presunción de la existencia de vestigios arqueológicos era innegable: “se tiene a menos de 1 mil metros la zona. Tuvo que haberse hecho un trabajo más profesional”.

 

En entrevista con Contralínea, explica que los funcionarios tuvieron que haber mandado a hacer trabajos arqueológicos, trabajos de reconocimiento, hacer sondeos, sin embargo “cuando el Instituto [Nacional de Antropología e Historia] interviene, ya lo hace tarde y por denuncias de la propia ciudadanía, con lo cual deja ver que los funcionarios encargados de la dependencia no hicieron su trabajo y que hay negligencia”.

 

 

El 25 de octubre de 2010, el gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta oficial el decreto de expropiación de El Molino, ubicado en la cabecera municipal de Chimalhuacán.

 

El documento, firmado por Enrique Peña Nieto, señala como causa de utilidad pública “la ampliación, alineación y mejoramiento de la calle El Molino, así como la construcción de un parque urbano, museo local, biblioteca y auditorio municipal, con el objeto de embellecer, ampliar y sanear ese municipio con instalaciones culturales y cívicas para la convivencia social de los chimalhuaquenses”.

 

La supuesta causa de utilidad pública también se menciona en el periódico informativo de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, con edición especial de los “compromisos cumplidos” en Chimalhuacán: “el rancho El Molino fue expropiado […] por causa de utilidad pública, es decir, sólo para servicios que le beneficien al pueblo”.

 

Entre los beneficios –declaró el exedil, líder estatal del antorchismo y ahora diputado federal electo por mayoría, Jesús Tolentino Román Bojórquez, al colocar la primera piedra de la obra que tendrá un costo de 200 millones de pesos– está la construcción del primer teatro que se hace en Chimalhuacán. El recinto, dijo, estará a la altura del Auditorio Nacional o el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco.

 

Sobre el monumento histórico, según un volante que las autoridades municipales repartieron en la comunidad, se habrá de construir el Teatro Municipal con capacidad para 1 mil 700 espectadores, un parque infantil y la plaza Estado de México que consta de una fuente saltarina, quiosco, paseo escultórico y un reloj floral.

 

 

Tal como consta en el “Plan municipal de desarrollo urbano de Chimalhuacán”, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 28 de octubre de 2003, Chimalhuacán cuenta con un Decreto de Gobierno Estatal, de 1980, que la declara “zona cultural artística o de especial estilo arquitectónico general inmodificable. Así como Patrimonio Cultural, Artístico y Arquitectónico del Estado [como] todas las construcciones subsistentes que daten de los siglos XVI, XVII y XVIII o las que contengan características propias de esa época misma que serán inmodificables […] en donde queda estrictamente prohibido […] llevar a cabo demoliciones parciales o totales de construcciones, sin permiso especial previo […] y sólo podrán autorizarse si se respetan las fachadas típicas o bien se llevan a cabo reconstrucciones y obras de conservación, mejoramiento o ampliación”.

 

Con base en estos argumentos, el Plan define al primer cuadro del municipio como Centro Histórico. La zona de Valor Histórico y Cultural comprende a El Molino.

 

El órgano informativo del Estado de México también incluye al Catálogo Nacional de Bienes Inmuebles mexiquense del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como al Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del mismo Instituto.

 

Este municipio, refiere el impreso, cuenta con “siete monumentos inmuebles catalogados, de los cuales dos se localizan en la cabecera […] cuatro inmuebles con uso religioso, uno habitacional, una exhacienda y uno sin uso actual”. Y prosigue: “la exhacienda El Molino, única en el municipio, fue construida durante el siglo XVIII. Actualmente se usa como casa habitación”.

Pese a ello, el 13 de abril de 2010, Rosa María Morales Pérez, secretaria del ayuntamiento de Chimalhuacán, mediante certificación, hizo constar que El Molino “no está destinado a la prestación de un servicio público y que carece de valor histórico, artístico y/o cultural”. El dictamen –del que Contralínea posee copia– fue incluido en el decreto de expropiación como uno de los principales pilares que lo avalan.

 

Al respecto, Echenique March, también secretario General del Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los funcionarios del Instituto estaban obligados a intervenir desde que supieron del decreto expropiatorio, toda vez que el sitio alberga un monumento histórico:

 

“El INAH estatal tuvo que haber interpuesto un recurso en el gobierno [del Estado de México] para hacer valer la Ley Federal, suponiendo que lo que le debería de interesar era la preservación del monumento histórico reconocido. A partir de ahí se debió de haber puesto como tercer interesado y con ello debió de conocer el proyecto.”

 

 

De acuerdo con información de los residentes, los camiones con tierra de El Molino, producto de las excavaciones, llegaron aproximadamente a ocho predios de Chimalhuacán. Ahí, es donde han encontrado los vestigios que celosamente conservan.

 

La comunidad dio aviso de los hallazgos al INAH Estado de México desde el 15 de marzo pasado. En respuesta a la denuncia, el Instituto envió el oficio 401.B(10)47.2012/ 0321, fechado el mismo día en el que el entonces titular, Luis Alberto González Batani, solicitó a Rosalba Pineda, presidenta municipal, “suspender cualquier tipo de trabajo” en el predio, hasta que al lugar arribara personal adscrito al Instituto, con la intensión de proteger y evitar afectaciones al patrimonio cultural.

 

Para hacer la inspección arqueológica, González Batani comisionó a Raúl García Chávez y a las arqueólogas Martha Patricia Hernández y Beatriz Zúñiga Bárcenas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con versiones de los pobladores, el martes 27 de marzo la autoridad municipal, “como un acto de intimidación e intolerancia”, organizó una marcha para comunicar que de acuerdo con el INAH no hay vestigios arqueológicos en el predio. No obstante, dos días después, el Instituto reiteró a la edil la orden de suspender la obra. Rosalba Pineda desestimó el mandato, pues el 13 de abril personal del INAH tuvo que colocar sellos para impedir que los trabajos de construcción continuaran sin la intervención antropológica correspondiente.

 

Los sellos fueron retirados inmediatamente por policías municipales bajo el argumento de que eran órdenes de la presidenta municipal. Los hechos, como se lee en el expediente SO-000043/2012 del Órgano Interno de Control del INAH, generaron que la Unidad Jurídica presentara, el 18 de abril, ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por quebrantamiento de sellos y desacato a un mandato de autoridad competente y en ejercicio de sus funciones en contra de quien o quienes resulten responsables.

 

El 12 de junio, los vecinos hicieron una nueva denuncia ante el Instituto. En el documento ZARM/02/06/12, firmado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua Potable y Patrimonio de Chimalhuacán, la agrupación solicitaba copia de los documentos y estudios que acreditaran que el predio carecía de valor y que no existían vestigios en el sitio; que la Policía Federal reguardara la zona; que el INAH federal –y ya no el local– realizara el salvamento arqueológico, y que se le permitiera a la ciudadanía presenciar los trabajos en El Molino.

 

 

Sobre la falta de transparencia, Echenique March asegura que al no haber un trabajo institucional serio, responsable, conforme a la ley, se permite la especulación: “el no permitir que la gente entre y vea el trabajo que hacen los arqueólogos abona a la opacidad y levanta sospechas. Si hay gente que está interesada, que quiere conocer, que se le dé una visita. Finalmente son bienes nacionales, de todos los mexicanos. El trabajo arqueológico es público, es de interés público”.

 

La comunidad relata incluso versiones en las que los trabajadores atestiguaban hallazgos de piezas de grandes dimensiones que, dicen, fueron encostaladas y sacadas del sitio por helicópteros. Aunque no guardan registro de ello, lograron obtener fotografías de estructuras piramidales que quedaron en el centro de la obra y que ya no es posible apreciar.

 

Las fotografías, dice Echenique, demuestran la presunción de que había un material arqueológico importante que debió de trabajarse científicamente y que por desgracia no se hizo.

 

En un comunicado –que retoma el diario Reforma en su edición del 19 de julio de 2012– la presidenta municipal, Rosalba Pineda, expuso: “la valoración que el INAH realizó demostró que no existe alguna zona arqueológica importante en el rancho El Molino, por lo que el Instituto liberó el predio para la continuación de la obra”.

 

Ante ello, Echenique asegura que al decir que no había zona arqueológica importante se confirmaba la existencia de una zona con valor arqueológico: “que no les pareció importante es otra cosa, pero la arqueología en México no trabaja a partir de calificar qué es importante y qué no. Los vestigios arqueológicos son monumentos nacionales que deben ser conservados, estudiados por el Instituto. Es el mandato de ley que tiene”.

 

La denuncia de la comunidad finalmente obtuvo respuesta el 3 de julio: Constantino Acosta Dávila, delegado del centro INAH Estado de México escribió a los peticionarios en el oficio 401. B(4)47.2012/793: “actualmente el INAH está realizando en el predio denominado El Molino las investigaciones arqueológicas correspondientes y una vez que se concluyan, se determinará lo procedente”.

 

Del resultado de las investigaciones, los vecinos no tienen conocimiento, tampoco los investigadores y académicos del INAH. Cuando Felipe Echenique le solicitó al Consejo de Arqueología del INAH el informe de Raúl García Chávez le fue negado. Los funcionarios, dice, apelaron a la normatividad interna para evitar que alguien se robe la información y la quiera publicar.

 

El arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez explica que en esa lógica la información será abierta hasta 2014. Sin embargo, dice, no se pretende plagiar la información, pues se trata de aclarar un problema jurídico: “aclarar si hay o no vestigios o si procede o no la autorización de la construcción de la obra. El Consejo se negó a entregarnos cualquier documento para tener elementos y poder evaluar la situación del lugar”.

 

 

Pese a las constantes denuncias de los vecinos, investigadores, académicos del Instituto y la evidencia, el INAH no ordenó al ayuntamiento a detener la obra, aunque está obligado por ley si es que hay presunción de la existencia de vestigios.

 

El Instituto, refiere Echenique, “tendría que haber dicho que hay destrucción de vestigios arqueológicos, haber mandado a los arqueólogos adonde se llevaban la tierra, donde se encontraban la pedacería y ante esa evidencia, parar la obra por destrucción”.

 

Al no detenerse, señala, la responsabilidad es para los funcionarios del INAH y del ayuntamiento a quienes se les podría demandar. El Ministerio Público de Chimalhuacán tendría que tomar el caso de oficio por tratarse de la destrucción de bienes nacionales.

 

 

Ante la ausencia del Instituto, los chimalhuacanos han convocado a expertos para la catalogación de sus piezas. A invitación de la comunidad, una etnohistoriadora inició el registro de lo hallado por los vecinos con fotografías y una breve explicación de cada objeto. Aunque renuentes, con el paso de los días, se suman más vecinos a la iniciativa. Los habitantes aseguran a Contralínea que no buscan vender las piezas; por el contrario, están dispuestos a entregarle al INAH todo lo que han hallado. Sin embargo, hasta el cierre de edición ninguna autoridad se había acercado para hacer el rescate.

 

Frente a la pregunta de por qué el Instituto no ha hecho la recolección en los lotes baldíos, el arqueólogo Jesús Sánchez, en entrevista con Contralínea, responde que el problema de las piezas arqueológicas es que son importantes en tanto están insertas en contextos arqueológicos:

 

“Las piezas fuera de su contexto pierden la posibilidad de interpretar los sucesos históricos en los que participaron. Se pierde totalmente la información. Queda el objeto histórico, pero lo único que se puede hacer con estas piezas es analizarlas, ver su estudio iconográfico y ponerla en un museo. Pero no hay manera de saber qué papel jugaba el objeto en la historia de la localidad.”

 

—Sin embargo, las piezas continúan siendo propiedad federal.

 

—Y bienes nacionales. El INAH tendría que ir a recoger esos vestigios para saber de qué se trata; al no hacerlo incurre en delito porque está dejando monumentos arqueológicos expuestos y eso incentiva una política de saqueo, de robo y demás. La policía se puede llevar a la cárcel a quien tenga en su propiedad muebles arqueológicos o históricos. Es un delito federal. Ahí hay un incumplimiento y una negligencia de las autoridades por atender ese asunto.

 

 

 

 

 

Con motivo de los preparativos para la expropiación de El Molino, Daniel Gómez Pedraza, titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva del ayuntamiento, pidió a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que evaluara el impacto ambiental que tendría la expropiación de dicho predio.

 

En respuesta, Carlos Sánchez Gasca, el titular de dicha Dirección, emitió el oficio 212130000/DGOIA/OF1321/10, el 22 de junio de 2010, en el que señala que la expropiación de El Molino a favor del gobierno municipal no genera mayores impactos ambientales, ya que el predio se encuentra inmerso en una zona urbana totalmente consolidada, por lo que se infiere que se han llevado a cabo con anticipación los impactos ambientales negativos inherentes a un cambio de uso de suelo de natural a urbano.

 

Sin embargo, concluye el documento oficial, el trámite de expropiación no exime a la autoridad municipal a obtener el Dictamen de Impacto Ambiental, por lo que deberá presentar como mínimo un informe previo al respecto.

 

Aunque los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones a la Secretaría del Medio Ambiente, a través del Sistema de Información Pública del Estado de México, copia de los estudios de impacto ambiental y los criterios que dieron lugar a argumentar que la expropiación “no genera mayores impactos ambientales”, la dependencia responde, tajante: “no se localizó en los archivos de la la Dirección algún documento que contenga información en los términos referidos”.

 

No obstante la ausencia de documentos, el argumento es base dentro del decreto de expropiación.

 

 

La comunidad en defensa del patrimonio, muchos de ellos nativos de Chimalhuacán, dicen a Contralínea que no están en contra del Proyecto que se plantea en el rancho El Molino, pero sí de la destrucción de los valores que se ven representados en este lugar como parte de su pasado prehispánico y colonial, como un lugar de enorme valor ecológico por sus árboles centenarios, lugar de manantiales y ojos de agua, que en este momento es un vaso regulador para la recarga de los mantos acuíferos y porque para la población originaria y nativa de la localidad, El Molino es cuna de sus más entrañables leyendas, las cuales han persistido en su memoria y forman parte del patrimonio intangible que las autoridades del INAH y del ayuntamiento tienen la capacidad y obligación de defender.

 

Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el Centro INAH Estado de México. Yoselín Díaz, del INAH estatal, dijo vía telefónica que en las oficinas centrales del Instituto se llevó a cabo una reunión el martes 23 de julio para evaluar la solicitud de entrevista de este semanario. Esta información fue confirmada por Cecil Silva, asistente de atención a medios del INAH; pero no se comunicó el resultado de dicha reunión.

 

Contralínea acudió al sitio para hablar con los arqueólogos a cargo. Los policías municipales que resguardaban la zona aseguraron que no se encontraban en el lugar porque “casi no vienen para acá”. También se solicitó la versión de la presidencia municipal de Chimalhuacán. Mirella Jiménez, de atención a medios, se mostró preocupada porque “en los medios ya los habían golpeado y debían tener cuidado de que no les ocurriera nuevamente”. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

 

A decir de Felipe Echenique, Luis Alberto González Batani fue cesado de su cargo de director del Centro INAH Estado de México. Desde marzo, funge como visitador general en la Coordinación Nacional de Centros INAH. Y aunque en reunión los funcionarios le aseguraron que fue despedido, para Echenique March “lo que están haciendo es cubrirlo para que no tenga ninguna responsabilidad. Evidentemente debe tenerla. No hizo su trabajo”, concluye el también investigador.

 

 

 

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