Sin contar la enésima embestida de los militares del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, ocurrida en la ensangrentada Ciudad Juárez (por los cientos de miles de homicidios), donde golpearon a los reporteros que cubrían el evento en el que participó el señor Calderón (a quien las madres de los 15 adolescentes asesinados le dieron la espalda y le dijeron que no era bienvenido), el año pasado se registraron 183 agresiones a reporteros, 19 ataques a medios y 13 periodistas asesinados. Este reporte lo presentó el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) e informa de él Víctor Ballinas (La Jornada, 23 de febrero de 2010). Días antes, el Comité de Protección de Periodistas había presentado su informe Ataques a la prensa en 2009, donde México ocupa el primer lugar en homicidios de periodistas, en el limbo de la impunidad (La Jornada, 17 de febrero de 2010). Y cuando fue justamente absuelto, de la falsa acusación de la Procuraduría General de la República, el chivo expiatorio de Calderón, Medina Mora, Ulises Ruiz, Juan de Dios Castro y Orellana Wiarco, del homicidio del reportero Brad Will.
Están confirmadas las condiciones para criminalizar a los reporteros, por obra y gracia del calderonismo, de desgobernadores y presidentes municipales, principalmente de Oaxaca, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guerrero y Durango, donde hubo toda clase de atropellos y homicidios contra quienes desempeñan las libertades constitucionales de informar. En Ciudad Juárez, los militares obstruyeron la labor de los reporteros: mientras el inquilino de Los Pinos, en un lugar cerrado y resguardado por 10 mil soldados, hablaba de libertades y derechos, les arrebataron sus cámaras fotográficas y grabadoras agrediéndolos de manera salvaje. Y siguen sumando violaciones a los derechos humanos a las más de 1 mil, plenamente documentadas, que le mostraron a Calderón.
El informe del Cepet detalla 45 agresiones físicas, 40 amenazas, 16 por acoso e intimidación, 13 por daño a equipo (14 con la de Ciudad Juárez), 13 por despojo de equipo, 10 agresiones verbales, 10 detenciones arbitrarias, nueve acciones legales o requerimientos judiciales; ocho denuncias por robo, seis ataques o amenazas con arma de fuego y siete asesinatos. Y sólo en Chihuahua, Veracruz y Oaxaca se registraron 47 agresiones. Se destaca que los abusos llevados a cabo por funcionarios públicos municipales, de las entidades y del fuero federal, buscan intimidar a los reporteros para que no cumplan con su deber de informar… sin lograrlo, pues los periodistas continúan con su trabajo, a pesar del silencio y ninguna acción penal por la falta de garantías, que deja ver el odio hacia las libertades de prensa de parte de los gobernantes.
Calderón nunca ha reprobado esas agresiones, pues es sabido que el calderonismo odia a la prensa que informa y critica. Y en este contexto, los funcionarios se dan vuelo con sus constantes embestidas, sobre todo a los reporteros. “El Cepet subraya en su informe que en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa; mientras que en uno de cada cuatro la agresión provino de algún funcionario, siendo frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental”.
El periodismo mexicano crítico y veraz sobrevive en medio de ese panorama, donde… “el menosprecio de los derechos del hombre es la única causa de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobernantes” (Lynn Hunt, La invención de los derechos humanos; Tiempo de memoria. Tusquets, editores).
