Si no fuera por las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a funcionarios, no habría ni antecedentes de las muchísimas quejas de periodistas agredidos, asesinados y perseguidos por servidores públicos que abusan del poder. Quienes trabajan como reporteros, analistas y comentaristas están desamparados totalmente.
Se agrega a ello la negación de la publicidad oficial, para dársela a los incondicionales de la prensa (y hasta millonarios sobornos para quienes impiden que en sus medios se critique a funcionarios, sobre todo a gobernadores), para ahorcar económicamente a la prensa escrita que insiste en informar verazmente y sus editores acatan al pie de la letra que sus colaboradores ejerzan los derechos a publicar escritos sobre cualquier materia.
Ante la impotencia de los periodistas para hacer prosperar sus demandas en los estados, ya que los gobernadores controlan al Poder Judicial (e incluso a la mayoría de los diputados locales), desde hace años se planteó hacer de competencia penal federal esas denuncias.
El decadente titular de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (un tal Alberto Orellana Wiarco, cómplice de los gobernadores acusados ante el Ministerio Público Federal) se adorna con dizque ser el promotor de la propuesta y pasa por alto que la medida lleva años en los anales periodísticos; así como la creación de un defensor del periodista.
La Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promete aprobar un dictamen de reforma al Código Penal Federal, y adicionarlo con un título número 27, denominado “Delitos contra la libertad de expresión”. Tipificaría la conducta de los funcionarios para que los tribunales federales conozcan de esas denuncias. Obviamente destituyendo a Juan de Dios Castro por su parcialidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y a su empleado Orellana Wiarco.
El reportero Enrique Méndez nos da la información: “La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobará un dictamen de reforma al Código Penal Federal que federaliza los delitos cometidos contra periodistas e impone sanciones de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 días de salario mínimo a quienes impidan, interfieran o limiten el libre ejercicio periodístico”.
César Camacho anunció que la sanción aumentará 50 por ciento cuando un servidor público cometa la agresión y que, buscando proteger exclusivamente la actividad periodística, no se limita a reporteros o conductores de noticieros, sino que abarca a todos los que intervienen en esa actividad, desde la búsqueda de información hasta su distribución, incluyendo a fotógrafos y camarógrafos.
Se define que esa actividad no sólo es la que se realiza todos los días, también incluye a quien la ejerce con colaboraciones mensuales, de manera remunerada o no y sin que haya necesariamente relación laboral con el medio. “La idea es evitar que los pretextos o legalismos jurídicos hagan que se cumpla con la letra de la ley, pero se evada el cumplimiento o la intención que señala el propio delito”, afirmó (La Jornada, 17 de febrero de 2009).
La pregunta a los legisladores es: ¿cuándo se aprobará el dictamen, para su discusión? Los diputados federales deben agregar la creación de defensor nacional de los derechos del periodista para que, con la aprobación de la reforma penal, sea posible que las libertades de prensa no sean manipuladas por los tribunales, cuando sus jueces y magistrados se ponen al servicio de los intereses particulares o se coluden con funcionarios para atacar, agredir, perseguir y hasta asesinar a periodistas.
