El próximo 25 de mayo se cumplirán 13 años de la desaparición forzada de los activistas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ha pasado año y medio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y, como con los gobiernos anteriores, no avanzan las indagatorias.

La más reciente edición de El Insurgente, el órgano de difusión y análisis del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fustiga al gobierno morenista. El decano movimiento armado mexicano le señala al presidente que ya es corresponsable de ese delito de lesa humanidad. Le advierte que, al igual que los familiares de los desaparecidos, la organización no estará nunca conforme con su política de: “perdón, sí; olvido, no”. De hecho, le recrimina que esta posición es la causante de que ahora, bajo esta administración, no se sepa aún del paradero de estos activistas ni de los autores intelectuales y materiales de tales crímenes cometidos en el sexenio de Felipe Calderón.

La desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya constituye probablemente el mayor golpe propinado por el Estado a la estructura del EPR en más de 50 años. A los 8 días de la desaparición forzada de los activistas, ocurridas en el contexto de las movilizaciones pacíficas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la guerrilla denunció el crimen y reivindicó a los activistas como sus militantes.

Para los órganos de inteligencia civiles y militares, Gabriel Alberto es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, es decir, del máximo líder del EPR y que en una segunda identidad se conoce como Francisco Cerezo Quiroz. El propio Gabriel Alberto era parte de la Comandancia General del movimiento armado.

Para aquel 25 de mayo de 2007 el entonces presidente Felipe Calderón había desatado la carnicería de su fingida “guerra” contra el narcotráfico. El gobernador de Oaxaca era Ulises Ruiz. Lo cierto es que el nivel de inteligencia requerida para llegar hasta un dirigente del EPR como Gabriel Alberto no está al alcance de un gobernador. Ni de cualquier agencia de inteligencia.

El EPR acusa principalmente al Ejército Mexicano de la detención de sus militantes, pero involucra a otras instancias en la tortura y desaparición, como la entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía de Oaxaca. En distintos comunicados ha señalado que Gabriel Alberto y Edmundo fueron desaparecidos entre las 20:00 y las 22:00 horas de ese viernes 25 de mayo de 2007.

Lo que pudo acreditar la Comisión de Mediación (Comed, integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR) fue que la misma noche de las desapariciones y en el mismo hotel El Árbol, donde se hospedaban Gabriel Alberto y Edmundo, tuvo lugar un sorprendente operativo militar con apoyo policiaco.

El Ejército aceptó que el jefe del Estado Mayor de la Sección Segunda (inteligencia militar) envió un escuadrón de fusileros de la Octava Región Militar, compuesto por 37 soldados de tropa, un oficial y un mayor de infantería. Inmediatamente acordonaron el hotel.

Las calles aledañas fueron tomadas de manera coordinada por elementos de tres corporaciones policiacas estatales que acudieron en apoyo: la Ministerial, la de Seguridad Pública Estatal y la Municipal.

Oficialmente no se detuvo a nadie; que se trató de una confusión y una falsa alarma. El periodista Emiliano Ruiz Parra, en Los hijos de la ira. Las víctimas de la alternancia mexicana (Océano, 2015), ofrece una síntesis de las versiones de los hechos y un esmerado perfil biográfico de los guerrilleros desaparecidos.

En distintos comunicados, el EPR aclaró que sus militantes realizaban al interior de la APPO un trabajo político pacífico, principalmente de redacción de análisis que distribuían entre el movimiento.

Lo cierto es que el operativo contra Gabriel Alberto y Edmundo no pudo ocurrir sin el conocimiento del presidente en aquel momento, Calderón, y sus entonces funcionarios: Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Eduardo Medina-Mora Icaza, procurador general de la República, y Guillermo Valdés Castellanos, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre otros.

El manto de impunidad para los responsables abarca ya 3 sexenios. En el editorial de la edición más reciente de El Insurgente, el EPR señala: “Instancias jurídicas, organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos y personalidades del área han concluido en diferentes momentos que la desaparición de Edmundo y Gabriel la cometieron agentes del Estado […] ¿Por qué no actúan en consecuencias las [actuales] autoridades correspondientes? Porque desde el Estado se procura garantizar la impunidad a los perpetradores de la desaparición forzada por motivaciones políticas” (https://bit.ly/3cyLVDD).

Incluso, el movimiento armado considera que tampoco está en camino de saberse el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Que lo que se prepara es una exculpación del Ejército y una responsabilidad que sólo alcanzará al narcotráfico y funcionarios policiacos menores.

Las desapariciones de los guerrilleros fueron un duro recordatorio de que la Guerra Sucia no se había ido, que nunca se fue. Las de Edmundo y Gabriel resultaron las primeras de una nueva oleada de desapariciones forzadas cometidas contra luchadores sociales, activistas, estudiantes, ambientalistas, indígenas.

Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de desmarcarse de sus antecesores en este tema. Es claro que hay resistencias de sectores importantes del aparato militar, incólume sexenio tras sexenio; y de otros actores de las catacumbas del viejo Estado mexicano, activos hoy y con capacidades de desestabilizar su gobierno. Pero una pretendida “cuarta transformación” no podría dejar en la oscuridad a las personas desaparecidas y en la impunidad a los perpetradores.

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, guerrilleros, activistas, trabajadores, hermanos, hijos, padres… no pueden seguir desaparecidos por razones políticas. Es momento de que con ellos y los estudiantes de Ayotzinapa el gobierno actual empiece a poner fin al Estado criminal.

Fragmentos

Este jueves 14 la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Guerrero, solicitó al Congreso de ese estado que dictamine, discuta y apruebe la reforma constitucional presentada desde el 17 de diciembre de 2019. La CRAC-PC es un sistema de seguridad y justicia indígena construido por los pueblos Mepha’a, Na’Savi, Nahua, Nn’anncue y Afromexicano. Está presente en 28 municipios y 173 comunidades de la entidad. El objetivo de la iniciativa es que algunas de las actividades que realizan legítimamente las autoridades comunitarias no caigan en el vacío jurídico… El exhorto de la CRAC-PC no es el único. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también apoya el proyecto de reformas a la Constitución estatal en materia de derechos indígenas. Se busca “respetar, reconocer y armonizar los derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno de los Pueblos originarios de México”.