América Latina y el Caribe cuentan con marcos legales sobre derechos de las mujeres, pero persisten pobreza, violencia y feminicidio. La región enfrenta fallas en la aplicación de las leyes y retrocesos que afectan la igualdad de género

Lima, Perú. América Latina y el Caribe es una región con uno de los marcos más robustos en materia de legislación a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, sin embargo, se topa con su débil aplicación y una dura y cotidiana realidad de discriminación y violencia.

Con una población femenina muy diversa, estimada en más de 339 millones de habitantes, la región exhibe crudas estadísticas en relación a la situación de las mujeres.

La pobreza afecta a tres de cada 10 mujeres, mientras que más de la mitad de las trabajadoras se encuentra en la informalidad, sin condiciones laborales dignas ni protección social. Se estima que 11 mujeres mueren cada día; víctimas de feminicidio.

Esas evidencias de la desigualdad de género se exacerban cuando se entrecruzan con la condición de orientación sexual, la situación económica, la ubicación territorial u el origen étnico, y se tornan horrorosas con los datos del Banco Mundial de que la región registra la tasa más alta de embarazo adolescente, por detrás de África subsahariana.

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, que este año tiene como lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas” e invita a reflexionar sobre lo avanzado en las últimas décadas, los obstáculos viejos y nuevos para ensanchar el camino hacia la igualdad y no discriminación por razón de género, y lo que se podría hacer hacia adelante.

Ello en una región donde se agitan olas regresivas que atacan las medidas para igualar el ejercicio del poder y de los derechos entre mujeres y hombres, buscando suprimirlas, en un fenómeno que también se observa en otras partes del mundo.

Un siglo hablando de igualdad entre mujeres y hombres

Hace 98 años nació la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), con participación de los 33 países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fue el primer organismo intergubernamental del mundo dedicado a promover los derechos humanos de las mujeres, en tiempos en que ellas eran consideradas seres inferiores en capacidades a los hombres, destinadas al ámbito doméstico y privadas de ciudadanía y decisión propia. Desde su surgimiento en 1928, impulsa políticas de cara a la igualdad de género.

Su secretaria general, Alejandra Mora, reconocida jurista y abogada costarricense, es una heredera de esas primeras luchas, en las que intentaban ser reconocidas por la Unión Panamericana de países de la región, que precedió a la OEA.

En diálogo con IPS desde su sede en Washington, Mora indicó que siempre recuerda al Consejo Permanente que, de aprobarse el Tratado de Igualdad de Derechos que presentaron las mujeres en el siglo pasado, hubiese sido el primero sobre igualdad del mundo y aportado por el continente americano. “Pero no fue así, lo que crearon fue ‘un cuarto propio’ que fue la CIM. Y esto es muy importante”, puntualizó.

De hecho, los aportes de este órgano han sido trascendentales en la arquitectura normativa para la igualdad de género, que desde sus inicios defendió el derecho al sufragio femenino, el acceso a la educación, al empleo, la protección de la maternidad, entre otros.

Entre los primeros logros están dos Convenciones Interamericanas, una sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, y otra sobre Concesión de los Derechos Civiles en 1948, que abrieron las puertas al reconocimiento al voto femenino.

Las convenciones interamericanas de Derechos Humanos, al tener un carácter vinculante, obligan a los Estados partes de la OEA a realizar cambios en su legislación para adecuarla a los nuevos marcos, lo que implicó la aprobación de leyes favorables al reconocimiento de los derechos de las mujeres.

En esa ruta, un hito especialmente significativo para sacar de entre las sombras un problema extendido que afectaba a las mujeres en su ciclo de vida, pero que no se admitía como tal en una región marcada por el patriarcado y el machismo, lo constituyó la aprobación en 1994 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

Conocida como la Convención de Belem do Pará, por haber sido adoptada en esa ciudad brasileña, es el único instrumento jurídico vinculante en el mundo sobre el problema de la violencia de género.

A más de tres décadas de su aprobación, Mora releva su trascendencia, tras recordar que el proceso comenzó con una investigación sobre la situación de la violencia en la región, a partir de la cual la CIM redactaría el texto del instrumento jurídico, pero no desde un escritorio en Washington, sino en consulta con las mujeres de los países.

“La gran maravilla fue poder juntar las experiencias y generar un instrumento de la calidad que tiene la Convención. Ha cumplido más de 30 años, cuenta con el mecanismo de seguimiento que es el Mesecvi, y tiene la ventaja de que sigue siendo útil para las nuevas formas de violencia, como la digital”, remarcó.

Violencia: problema que persiste pese a las normas

La Convención de Belem do Para ha sido ratificada por los países de la OEA a excepción de Estados Unidos. Ha brindado el marco para las leyes de prevención, sanción y erradicación de la violencia. Como dice Mora, secretaria ejecutiva de la CIM desde 2019, rompió la dicotomía entre lo público y lo privado.

Y su importancia es trascendental. La violencia a las mujeres por razón de género se considera un atentado a sus derechos humanos que impacta en su vida, su desempeño laboral, su salud física y mental. Se presenta desde la infancia y pasa por la adolescencia, juventud y adultez, siendo considerada una pandemia por su alta prevalencia.

“Antes de la Convención yo era abogada de víctimas de violencia en mi país y las mujeres llegaban y nosotras no podíamos poner las denuncias porque nos decían ‘arréglenlo entre ustedes’, ‘arréglenlo con la familia porque esto no es un asunto público’”, recordó Mora.

Agregó que después de Belem do Pará, “la gran transformación es que nosotras podíamos acudir y poner las denuncias, las abogadas podíamos acompañar los procesos. Nos resignificó el mundo, pero también cambió la arquitectura institucional pues en aquel entonces no teníamos ningún órgano especializado que viera los temas de violencia”.

Efectivamente, los países de la región, según un reporte de ONU Mujeres del 2024, tienen leyes para enfrentar alguna forma de violencia contra las mujeres. Pero solo 42 por ciento, es decir, 14 de ellos, cuenta con una ley integral. Estos son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El informe Panorama legal para la eliminación de la violencia contra las mujeres en los países de América Latina y el Caribe indica que ni uno solo de los países del Caribe ha aprobado una legislación al respecto.

Pese al claro avance normativo, también es cierto que no se ha erradicado el problema, que persiste en una región donde nació el delito de feminicidio, el homicidio de una mujer por razón de su género.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región se encuentran 14 de los 25 países con más feminicidios ocurridos en el mundo (El Salvador, Honduras, Guatemala, Bahamas, Guyana, Belice, Venezuela, Colombia, Brasil, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, México y Suriname).

A ello se suma lo que especialistas y feministas regionales denominan una reconfiguración de la violencia ante la expansión del internet y el surgimiento de diferentes plataformas virtuales que diseminan discursos de odio o ponen en riesgo la vida y seguridad de las mujeres, en particular niñas, adolescentes y jóvenes.

Asimismo, el desempeño de las entidades del Estado mantiene graves deficiencias: desde la falta de establecimientos cercanos a las mujeres en zonas rurales; carencia de personal especializado que integre en su servicio no solo la perspectiva de género, sino también intercultural, en una región donde existe la diversidad de población indígena y afrodescendiete.

También persisten los prejuicios en la sociedad y las instituciones que responsabilizan a la mujer de la violencia por su vestimenta o actitud, inclusive en casos de violación sexual a niñas y adolescentes.

Sin embargo, es claro que sin la Convención de Belem do Pará, el problema ni siquiera sería considerado como tal, se mantendría como un asunto privado en el que no tiene intervención ni responsabilidad la sociedad ni el Estado, con derecho a ser resuelto por el jefe varón de la familia.

Mora destacó que después de la Convención los temas de violencia se ven en órganos especializados, y que las pruebas se hacen de manera distinta “porque este problema que ocurre en las calles no es lo mismo cuando sucede dentro de las casas”. Además, se valora la especificidad y se colocan actores nuevos, pues la violencia la comete no solo el cónyuge, sino también el Estado.

Tiempos de cuestionamiento del derecho a la igualdad de género

Con todo lo avanzando, la secretaria ejecutiva de la CIM reconoce que existen grandes retos por superar. Cómo mejorar la implementación, el acceso a la justicia, la reparación a las víctimas y sus familias, la comprensión por parte de la institucionalidad del sistema judicial sobre el ciclo de la violencia por el que transitan las mujeres.

Son desafíos que suman al contexto actual en que en países como Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Nicaragua están desmontando la arquitectura de reconocimiento y protección de derechos de las mujeres, al amparo de gobiernos autoritarios, ultraconservadores o no, que además están limitando los marcos de su institucionalidad democrática.

Analistas diversas han alertado sobre las consecuencias de la ola regresiva de derechos de las mujeres en la región.

Ello implica trabajar por erradicar leyes sexistas que niegan el reconocimiento de derechos o lo obstaculizan, como suelen ser normativas que invisibilizan a las mujeres lesbianas y trans, las que penalizan el acceso al aborto por violación y otras causales, o las que criminalizan a las defensoras de derechos.

Pero también defender los logros en materia de derechos políticos, sexuales y reproductivos, o de representación política paritaria, los que vienen siendo atacados por sectores de posición fundamentalista, de confesiones religiosas, que han logrado ser electos como legisladores en sus países, y están colocando mensajes que demonizan los avances de las mujeres, su autonomía y libertad para decidir, y aprobando leyes retrógradas.

Como señala la secretaria ejecutiva de la CIM, “es evidente que no todos los tiempos son los mismos, hay ciclos, hay eras. Hay un cambio de era como yo creo es el que estamos viviendo. Y en esta en particular hay una interpelación a la agenda de igualdad y tenemos que tener una enorme claridad para eso”.

El llamado de Naciones Unidas por el 8 de marzo fue para derribar las barreras que impiden que se alcance la igualdad de género en el acceso a la justicia debido a la existencia de leyes que discriminan a las mujeres, o porque su marco es débil para protegerlas, o porque persisten estereotipos discriminatorios.

Dicho de otro modo, cómo hacer que las leyes pasen del papel a transformar las vidas de las mujeres de la región, y puedan vivir libres de violencia, de brecha salarial, de pobreza, de sobrecarga de trabajo, de violencia sexual y embarazos forzados.

Ello mientras las luchas de las mujeres, de feministas, no cesan en las calles ni en la incidencia política, aun cuando en muchos países se han puesto a las organizaciones de sociedad civil como blanco de ataques para hostigarlas y afectar su trabajo.

No solas, juntas: camino para afrontar retrocesos y débil implementación de las normas

En el cómo hacerlo, Mora considera la estrategia de alianzas “para no caminar solas en un mundo que requiere tender puentes”, de modo que se puedan hacer frente a los diversos desafíos de la implementación, pero considerando “el gran principio igualdad desde las diferencias que caracterizan a las mujeres de la región, sin invisibilizarlas”.

Una iniciativa concreta es un programa especializado de la CIM que tiende puentes a la academia, la filantropía, la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales. Con estas últimas, 1 mil 600 que se sumaron a la convocatoria, está en marcha un proceso de capacitación a mujeres en el llamado Good Camp Feminista para fortalecer procesos de transformación en los territorios.

“Vayamos caminando juntas, es más efectivo que caminar solitas”, expresó. Y destacó la importancia de la responsabilidad de sentirse herederas de las luchas legadas por las predecesoras.

Mariela Jara/Inter Press Service (IPS)*

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